• NOTICIAS

Kenia: La policía golpeó y mató a manifestantes tras las elecciones

La policía keniana mató al menos a 33 personas, posiblemente hasta 50, e hirió a varios centenares más en varias zonas de la capital, Nairobi, en respuesta a las manifestaciones posteriores a las elecciones del 8 de agosto de 2017; así lo afirman Amnistía Internacional y Human Rights Watch en un informe conjunto que han publicado hoy.

El informe de 37 páginas, titulado Kill Those Criminals: Security Forces’ Violations in Kenya’s August 2017 Elections, documenta el uso excesivo de la fuerza por la policía —y, en algunos casos, por otros agentes de seguridad— contra manifestantes y residentes de algunos de los baluartes de la oposición en Nairobi tras las elecciones.

El personal de investigación comprobó que, si bien la policía había actuado debidamente en algunos casos, en otros muchos había matado a manifestantes con disparos o a golpes. Otras víctimas murieron asfixiadas al inhalar gas lacrimógeno o pimienta pulverizada, al ser alcanzadas por botes de gas lacrimógeno disparados desde muy cerca, o aplastadas por gente que huía en estampida.

Decenas de personas resultaron muertas y muchas más sufrieron lesiones que alteran la vida en ataques de la policía contra simpatizantes de la oposición.
Michelle Kagari, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos

La policía estuvo directamente implicada en la muerte de al menos 33 personas, según concluyó el personal investigador. Otras 17 fueron presuntamente víctimas de homicidio, casi todas en Kawangware, pero no se pudieron confirmar los casos. Las autoridades kenianas deben garantizar con urgencia que todos los responsables del uso ilícito de la fuerza son obligados a rendir cuentas, y que la policía cumple las leyes y normas internacionales relativas al uso de la fuerza en el próximo periodo de repetición de elecciones.

“Decenas de personas resultaron muertas y muchas más sufrieron lesiones que alteran la vida en ataques de la policía contra simpatizantes de la oposición”, ha afirmado Michelle Kagari, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos. “Este mortífero uso de fuerza excesiva, que se ha convertido en un sello distintivo de las operaciones policiales en Kenia, debe terminar definitivamente antes de que se celebren las siguientes elecciones.”

El personal de investigación de Amnistía Internacional y Human Rights Watch entrevistó a 151 personas, entre víctimas, testigos, activistas de derechos humanos, personal de ayuda humanitaria y policías, en zonas de población de bajos ingresos de Nairobi que son conocidos bastiones de simpatizantes de la oposición. Antes de la votación electoral, la policía había calificado muchas de estas zonas de “puntos calientes” por la posibilidad de violencia y había desplegado un gran número de efectivos, lo que agravó las tensiones.

Con anterioridad, Human Rights Watch había documentado en su investigación 12 homicidios cometidos por la policía durante las manifestaciones en el oeste de Kenia. La Comisión Nacional Keniana de Derechos Humanos documentó 37 muertes, de las que 5 se suman a los 33 casos documentados ahora. Si se suman a las otras 17 personas que presuntamente murieron a manos de la policía, el número total de víctimas mortales en toda la nación podría ascender a 67.

Los días siguientes a la votación, simpatizantes de la oposición salieron a la calle en varias zonas de la capital para protestar por irregularidades en las elecciones, en las que fue declarado ganador el presidente en ejercicio, Uhuru Kenyatta. El 1 de septiembre, el Tribunal Supremo anuló los resultados y ordenó celebrar nuevas elecciones en el plazo de 60 días. La fecha fijada es el 26 de octubre, aunque la retirada el 10 de octubre de Raila Odinga, candidato de la oposición, ha generado incertidumbre en torno a las elecciones.

El personal de investigación comprobó que efectivos de policía armada —en su mayoría de la Unidad de Servicios Generales y la Policía Administrativa— habían llevado a cabo operaciones de control del orden público en los barrios de Mathare, Kibera, Babadogo, Dandora, Korogocho, Kariobangi y Kawangware, en Nairobi, del 9 al 13 de agosto. Dispararon directamente a algunos manifestantes y también abrieron fuego contra la multitud, al parecer de forma indiscriminada. Víctimas y testigos contaron al personal investigador que la policía había perseguido a manifestantes en su huida, derribando puertas a patadas y persiguiéndolos por callejones, y había matado a muchos con disparos o a golpes.

En un caso, una niña de nueve años, Stephanie Moraa Nyarangi, murió por arma de fuego cuando estaba en el balcón de su vivienda familiar. En otro caso, Jeremiah Maranga, guardia de seguridad de 50 años, recibió tantos golpes de la policía que su cuerpo quedó empapado en sangre. Murió posteriormente. Otro caso fue el de Lilian Khavere, ama de casa y embarazada de ocho meses, murió pisoteada por una multitud que huía tras desmayarse al inhalar gas lacrimógeno.

Las autoridades kenianas deben reconocer públicamente los abusos cometidos, poner en marcha investigaciones rápidas, imparciales, exhaustivas y transparentes y adoptar las medidas necesarias con arreglo a la ley para obligar a los responsables a responder de sus actos, como paso fundamental para que las víctimas obtengan justicia.
Otsieno Namwaya, investigador de Human Rights Watch sobre África

En estos barrios, ambas organizaciones pudieron comprobar que la policía, además, ha intentado impedir que periodistas y activistas de derechos humanos informen sobre las violaciones de derechos humanos cometidas. En un caso documentado en Kibera, un agente de policía destrozó a golpes la cámara de un periodista extranjero cuando éste intentaba tomar fotografías de la paliza que la policía estaba propinando a un dirigente juvenil. Los agentes también golpearon brutalmente a un activista local y rompieron su cámara cuando trataba de grabar su actuación en Mathare.

Ambas organizaciones se dirigieron por escrito al inspector general de policía con sus conclusiones detalladas y solicitaron una reunión, pero no obtuvieron respuesta. Asimismo, vieron rechazadas las diversas solicitudes que hicieron para entrevistar al portavoz de la policía.

“Las autoridades kenianas deben reconocer públicamente los abusos cometidos, poner en marcha investigaciones rápidas, imparciales, exhaustivas y transparentes y adoptar las medidas necesarias con arreglo a la ley para obligar a los responsables a responder de sus actos, como paso fundamental para que las víctimas obtengan justicia”, ha afirmado Otsieno Namwaya, investigador de Human Rights Watch sobre África. “La policía atacó a los seguidores de la oposición y después intentó encubrir su actuación. Las autoridades deben asegurarse de que la policía no vuelve a hacer uso excesivo y arbitrario de la fuerza cuando se repitan las elecciones.”