El soldado dirigió la navaja hacia la nariz de Dau*, amenazándolo con cortársela si no contestaba “correctamente” a sus preguntas. Se las llevaban formulando todo el día: que si luchaba para un grupo armado, que si llevaba comida a los combatientes, que dónde estaban los combatientes…
Un desfile de soldados del ejército de Myanmar había competido en violencia para obligarlo a responder. Los menos creativos lo habían pisoteado con sus botas, y le habían propinado puñetazos y golpes con los rifles. Otro le quemó la cara y el cuello con un mechero, y un tercero se abalanzó sobre él en repetidas ocasiones con una navaja, haciendo amago de ir a clavársela una y otra vez.
Lo que más miedo le dio fue cuando lo metieron en un saco, que cerraron con cremallera. “Era muy difícil respirar”, rememora semanas más tarde. “A duras penas conseguía hacerlo”.
Tanto Dau como otra persona que había sobrevivido también a la tortura nos contaron que habían sido detenidos junto con otras seis personas —entre ellas, dos mujeres— la mañana del 2 de julio de 2017, después de que más de 100 soldados de dos batallones de infantería del ejército irrumpieran en su pueblo, situado en el término municipal de Mantong (estado de Shan del Norte). La noche anterior, el ejército había caído en una emboscada que le había tendido, en las proximidades del lugar, el Ejército de Liberación Nacional Ta’ang (TNLA), uno de los diversos grupos armados étnicos que luchan contra el ejército de Myanmar en una región cercana a la frontera china.
Un conflicto que empeora
Tras las históricas elecciones generales de noviembre de 2015, la veterana activista por la democracia Aung San Suu Kyi se convirtió, de facto, en la presidenta del gobierno de Myanmar, compuesto casi exclusivamente por civiles, tras decenios de gobierno militar. La nueva líder dio máxima prioridad al proceso de paz y a la reconciliación nacional, lo que hizo concebir la esperanza de que los intermitentes combates que venían librándose desde hacía décadas en las tierras fronterizas del país llegaran a su fin, al igual que la arraigada discriminación que sufrían las minorías étnicas.
Sin embargo, la promesa de una nueva etapa en la historia de Myanmar no se ha hecho realidad, ya que el ejército sigue aferrado a sus brutales tácticas de siempre. De hecho, a lo largo del último año, el conflicto y los abusos se han intensificado.
Matthew Wells, asesor general de Amnistía Internacional sobre respuesta a las crisis
Sin embargo, la promesa de una nueva etapa en la historia de Myanmar no se ha hecho realidad, ya que el ejército sigue aferrado a sus brutales tácticas de siempre, y quienes ejercen el liderazgo civil no parecen reaccionar con la firmeza necesaria. De hecho, a lo largo del último año, el conflicto y los abusos se han intensificado. Amnistía Internacional, entre otras organizaciones, ha advertido de que, en el estado de Rajine, las fuerzas de seguridad están involucradas en posibles crímenes de lesa humanidad perpetrados contra la minoría rohingya.
Asimismo, el ejército viene cometiendo reiteradamente abusos similares en el norte de Myanmar, aunque éstos captan mucho menos la atención internacional. Un informe de Amnistía Internacional publicado en junio documentaba crímenes de guerra y otras violaciones de derechos humanos contra la población civil de los estados de Kachin y de Shan del Norte, entre ellas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, bombardeos indiscriminados, trabajos forzados y restricciones de acceso a la ayuda humanitaria.
A finales de julio, personal humanitario que trabaja en el estado de Shan del Norte, y que ha preferido permanecer en el anonimato, nos aseguró que la situación había empeorado a lo largo de las últimas semanas, y que, en su implacable lucha contra el TNLA, el ejército atacaba con frecuencia a la población civil.
Un castigo colectivo
En cada golpe, Dau repetía a los soldados que era agricultor, que cultivaba arroz y hojas de té y que la noche anterior, cuando estaba cortando madera, oyó una refriega y se escondió hasta que acabó. Pero los soldados no lo creían, o tal vez, les daba igual.
Dau y las demás personas detenidas y torturadas ese día, de la mañana a la noche, pertenecen a las minorías étnicas kachin y ta’ang. La población civil kachin y ta’ang afirma que el ejército de Myanmar la trata con desconfianza incluso cuando cesan los combates, pues asume que apoya a los grupos armados étnicos de la zona. Cuando ocurre algo parecido a la emboscada del 6 de julio contra el ejército, los soldados lanzan a menudo ataques en represalia contra la población civil de las aldeas próximas, en lo que constituyen crueles castigos colectivos.
Dos semanas antes, el 23 de junio, el ejército luchó contra el TNLA en las cercanías de la población ta’ang de Man Lan, situada también en el estado de Shan del Norte. A la mañana siguiente, decenas de soldados bajaron hasta el pueblo. Inicialmente, detuvieron a un reducido número de personas, pero luego obligaron a todos a entrar en un monasterio, donde las tuvieron recluidas durante cuatro días y tres noches.
Daw Aye Hman, de 66 años, se encontraba con su esposo y su hijo en su domicilio, cuando los soldados los detuvieron y los obligaron a ir al monasterio. “Nos apuntaron con pistolas mientras gritaban”, recuerda. “Nos insultaron. Pasamos mucho miedo”.
Según los testigos con los que hablamos y los defensores y defensoras locales de derechos humanos que han investigado los hechos, los soldados se llevaron y torturaron a varias personas, entre ellas familiares de presuntos combatientes del TNLA. Asimismo, tomaron fotografías de todos los hombres, y los interrogaron.
El hijo de Daw Aye Hman, de nombre Kyaw Aung y 38 años, fue uno de ellos. Nacido con una discapacidad del desarrollo que afectaba también a su movimiento, vivía aún con sus progenitores, a los que ayudaba en la granja.
“No sabía responder bien a una pregunta”, explica Daw Aye Hman. “Nos preguntaron si alguno éramos soldados [del TNLA], y mi hijo no supo qué responder. Además, le vieron la cicatriz de la cara, de cuando se cayó. [Por la cicatriz] Y sospecharon que era soldado”.
Varios soldados del ejército de Myanmar lo golpearon una y otra vez en la cabeza, a puñetazos y con trozos de madera. Testigos presenciales afirman que los soldados le pegaron dentro del monasterio, y que luego lo sacaron fuera. Más tarde, su cadáver fue hallado abandonado entre Man Lan y un pueblo cercano.
“Mi hijo ya no estará en el pueblo”, dice Daw Aye Hman, que se encuentra aún desplazada, meses después de lo ocurrido. “No quiero volver”.
El ejército mantiene un control férreo
Mientras Myanmar normaliza sus relaciones con la comunidad internacional, el ejército no parece abandonar las tácticas de mano dura que han contribuido a convertir al país en un Estado paria durante decenios. En muy contados casos se castigan incluso los crímenes de guerra, ya que el ejército sigue controlando sus propios procesos judiciales.
No queremos tener miedo. Necesitamos que el ejército de Myanmar viva en paz con las comunidades étnicas. No quiero que nos vuelvan a torturar.
Dau, vecino de un pueblo del estado de Shan del Norte, torturado por las fuerzas armadas de Myanmar
De las más de 100 víctimas de violaciones de derechos humanos entrevistadas por Amnistía Internacional en el norte de Myanmar a lo largo de los últimos cinco meses, ninguna ha denunciado. La mayoría se reía sólo de pensarlo. Decían que, probablemente, los matarían o encarcelarían antes de abrir una investigación creíble sobre la presunta responsabilidad de un soldado o de un mando militar. La experiencia del pasado avala esa opinión.
Muchas personas de minorías étnicas del norte de Myanmar creían que las elecciones de 2015 supondrían un cambio en esta arraigada situación. Ahora, afirman que el gobierno de Aung San Suu Kyi es cómplice, ya que no ha tomado medidas contra las violaciones del ejército contra la población civil, y ni siquiera las ha denunciado. De hecho, el gobierno ha apoyado al ejército a la hora de obstaculizar el acceso de ayuda humanitaria a las zonas afectadas por el conflicto.
Además, ha comunicado que no va a permitir la entrada de una misión de la ONU, encargada de investigar las violaciones de derechos humanos perpetradas en el país. Así, al impedir un examen independiente de las acciones del ejército, el gobierno de Aung San Suu Kyi refuerza aún más la cultura de impunidad del primero.
La última vez que hablamos con Dau, a finales de julio, nos aseguró que algunos de los soldados que lo habían torturado seguían en el pueblo. No tiene más remedio que verlos con frecuencia, cuando se dirige a la granja.
“No queremos tener miedo”, afirma Dau. “Necesitamos que el ejército de Myanmar viva en paz con las comunidades étnicas. No quiero que nos vuelvan a torturar.”
*Dau es un nombre ficticio. Hemos cambiado su nombre, y ocultado el nombre de su localidad, para protegerlo de represalias.
NOTA: Este artículo se publicó originalmente en The Diplomat.