Los Estados –incluidos Estados Unidos y Reino Unido– deben poner fin a toda transferencia de armas para uso en el conflicto de Yemen, con el fin de dejar de fomentar las graves violaciones de derechos humanos que han tenido consecuencias devastadoras para la población civil, ha afirmado Amnistía Internacional hoy, casi un año después del comienzo del conflicto.
Más de 3.000 civiles, entre ellos 700 menores, han perdido la vida y al menos 2,5 millones de personas se han visto desplazadas de sus hogares en el último año. Al menos el 83 por ciento de la población del país también necesita con urgencia ayuda humanitaria.
“Transcurrido un año, la respuesta de la comunidad internacional al conflicto en Yemen ha sido profundamente cínica y absolutamente vergonzosa”, ha afirmado James Lynch, director adjunto para Oriente Medio y Norte de África de Amnistía Internacional.
El 25 de marzo de 2015, Arabia Saudí lanzó los primeros ataques aéreos contra el grupo armado huzí, que fueron el detonante de un conflicto armado abierto en el que todas las partes han cometido violaciones generalizadas del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho humanitario, incluidos posibles crímenes de guerra. Un portavoz de la coalición militar dirigida por Arabia Saudí afirmó la semana pasada que las grandes operaciones de combate tocarían a su fin en breve, pero también dijo que la coalición seguiría brindando apoyo aéreo a las fuerzas que se oponen a los huzíes.
Transcurrido un año, la respuesta de la comunidad internacional al conflicto en Yemen ha sido profundamente cínica y absolutamente vergonzosa.
James Lynch, director adjunto para Oriente Medio y Norte de África de Amnistía Internacional
Durante el último año, Estados Unidos y Reino Unido –que son con diferencia los principales suministradores de armas a Arabia Saudí, que dirige la coalición– y otros Estados han seguido permitiendo las transferencias del tipo de armas que se han utilizado para cometer y facilitar graves abusos, lo que ha generado una crisis humanitaria de una magnitud sin precedentes.
“Los socios internacionales de Arabia Saudí han echado leña al fuego, al inundar la región de armas a pesar de los indicios cada vez más abundantes de que ese armamento ha facilitado la comisión de crímenes atroces y del riesgo evidente de que los nuevos suministros puedan utilizarse para cometer graves violaciones de derechos humanos. No sólo eso, sino que no han abierto una investigación internacional independiente sobre los abusos que han destrozado las vidas de miles de civiles”, ha afirmado James Lynch.
“El flujo irresponsable e ilegítimo de armas a las partes beligerantes en Yemen ha contribuido directamente al sufrimiento de la población civil en una escala masiva. Ha llegado la hora de que los líderes mundiales dejen de anteponer sus intereses económicos, y de que el Consejo de Seguridad de la ONU imponga un embargo total e integral sobre las transferencias de armas para uso en Yemen.”
Los socios internacionales de Arabia Saudí han echado leña al fuego, al inundar la región de armas a pesar de los indicios cada vez más abundantes de que ese armamento ha facilitado la comisión de crímenes atroces y del riesgo evidente de que los nuevos suministros puedan utilizarse para cometer graves violaciones de derechos humanos.
James Lynch
El 25 de febrero, el Parlamento Europeo pidió un embargo de armas de la Unión Europea contra Arabia Saudí, que dirige las fuerzas de la coalición, y el 15 de marzo el Parlamento neerlandés también pidió a su gobierno que ponga fin a las transferencias de armas a Arabia Saudí. En ausencia de un embargo del Consejo de Seguridad, Amnistía Internacional insta a todos los Estados a garantizar que no se suministra –ni directa ni indirectamente– a ninguna parte en el conflicto de Yemen armas, municiones, equipos militares o tecnología que puedan usarse en el conflicto. Esto se aplica también al apoyo logístico y económico a estas transferencias.
Toda autorización de transferencias de armas a cualquiera de las partes en el conflicto de Yemen debe incluir la garantía estricta y jurídicamente vinculante de que su uso será compatible con el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, y de que dichas armas no se usarán en Yemen.
Violaciones de derechos humanos cometidas por ambas partes
“Durante el último año, una constante de incesantes ataques aéreos de la coalición dirigida por Arabia Saudí, así como de ataques terrestres de las fuerzas huzíes y sus aliados o de fuerzas contrarias a los huzíes, han exhibido un escandaloso desprecio por la vida de la población civil y han violado de forma flagrante el derecho internacional humanitario. Las devastadoras consecuencias de estos ataques revelan la vital importancia de poner fin al flujo de las armas que se utilizan para cometerlos”, ha afirmado James Lynch.
Desde que comenzó el conflicto, Amnistía Internacional ha documentado al menos 32 ataques aéreos en todo el país de la coalición dirigida por Arabia Saudí que parecen haber violado el derecho internacional humanitario. Los ataques causaron la muerte de casi 361 civiles, incluidos al menos 127 menores. También han incluido ataques a hospitales, escuelas, mercados y mezquitas, que podrían constituir crímenes de guerra.
El 15 de marzo, al menos 44 civiles murieron y decenas resultaron heridos en un mortífero ataque aéreo de la coalición contra un concurrido mercado en la gobernación de Hajjah, en el norte de Yemen, que está controlada por fuerzas huzíes. Algunos residentes dijeron a Amnistía Internacional que el mercado de Khamees era un animado centro comunitario civil donde se vendía carne, pescado y hielo a los residentes de la zona.
Hasan Mohamed Masafi, padre de cinco hijos, perdió a tres miembros de su familia en el ataque aéreo: su hijo de 18 años y dos primos, uno de ellos un niño de 12 años. Hasan contó a Amnistía Internacional: “[Mi hijo] iba al mercado a diario. No pudimos localizar todo su cuerpo, sólo pudimos encontrar su pierna derecha después del ataque aéreo”.
Ha habido informes controvertidos en relación con una presencia militar en el mercado en el momento del ataque. Según residentes y personal médico locales con los que habló Amnistía Internacional, no había fuerza huzíes en el mercado, que fue atacado dos veces, con un intervalo de minutos. Sin embargo, algunos medios de comunicación informaron de que un líder tribal afirmó que había combatientes huzíes presentes en el momento del ataque aéreo, y que algunos murieron en él.
Aun en el caso de que esta información fuera exacta, la presencia de combatientes en la zona no eximiría a la coalición dirigida por Arabia Saudí de su obligación de tomar las precauciones necesarias para no causar bajas civiles. En virtud del derecho internacional humanitario, todas las partes en un conflicto deben velar por reducir al mínimo los riesgos para la población civil, lo que incluye cancelar o posponer un ataque si resulta evidente que la población civil podría sufrir daños desproporcionados.
El carácter controvertido del ataque en Hajjah constituye un buen ejemplo de por qué es necesaria una investigación internacional creíble e independiente para determinar los hechos relacionados con las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por todas las partes.
Abdelhaseeb al Mutawakil describió el aterrador momento en el que las fuerzas de la coalición atacaron su casa en Mueen, distrito del oeste de Saná, con dos ataques aéreos consecutivos en enero de 2016. Su esposa y dos hijas de corta edad estaban en la casa en ese momento y escaparon por poco de la explosión.
Nos despertamos con las ventanas encima de todos nosotros […]. Dos impactos hicieron añicos la casa […]. No había manera de escapar.
Abdelhaseeb al Mutawakil, cuya vivienda fue alcanzada por los ataques aéreos de la coalición en enero de 2016
“Nos despertamos con las ventanas encima de todos nosotros… Escondí a las niñas debajo de la escalera. […] Dos impactos hicieron añicos la casa. […] No había manera de escapar”, dijo.
Este ataque, que aparentemente fue dirigido contra una vivienda civil al no existir un objetivo militar cercano, es uno de los muchos ataques aéreos semejantes registrados durante el último año que han vulnerado el derecho internacional humanitario.
Las fuerzas de la coalición también han usado de forma reiterada municiones de racimo, armas intrínsecamente indiscriminadas cuyo uso está prohibido, en ataques en los que han muerto o han quedado mutilados civiles, incluso en la capital, Saná.
Amnistía Internacional ha investigado también no menos de 30 ataques terrestres indiscriminados o temerarios de fuerzas huzíes o leales a Saleh en las ciudades meridionales de Adén y Taiz, en los que murieron al menos 68 civiles, incluidas decenas de menores. Las fuerzas huzíes y sus aliados han usado a diario armas imprecisas como morteros en zonas residenciales, lo que viola el derecho internacional humanitario.
Las fuerzas huzíes también han llevado a cabo detenciones y reclusiones arbitrarias y secuestros de supuestos opositores, entre ellos activistas y periodistas, y han dirigido una represión generalizada contra ONG y activistas de los derechos humanos en zonas bajo su control.
Una crisis humanitaria en aumento
El conflicto ha dado lugar también a un desastre humanitario, y la inmensa mayoría de la población civil yemení depende de la ayuda humanitaria pues padece una grave escasez de alimentos, agua potable y suministros médicos. Esta situación se ha visto agravado en las zonas controladas por los huzíes por un bloqueo aéreo y naval parcial que ha restringido gravemente la importación y el abastecimiento de combustible y otros suministros esenciales.
La obstrucción de la ayuda está agravando el ciclo de profundo sufrimiento de la población civil en gran parte del país. Todas las partes en el conflicto deben garantizar que la ayuda humanitaria llega a la población civil en las zonas bajo su control.
James Lynch
En Taiz, el grupo armado huzí y las fuerzas aliadas bloquearon durante muchos meses la entrada de alimentos y suministros médicos esenciales. En ese periodo, muchos residentes se vieron atrapados de hecho en Taiz y privados de artículos de primera necesidad, lo que equivale a castigo colectivo de la población civil.
“La obstrucción de la ayuda está agravando el ciclo de profundo sufrimiento de la población civil en gran parte del país. Todas las partes en el conflicto deben garantizar que la ayuda humanitaria llega a la población civil en las zonas bajo su control”, ha afirmado James Lynch.v