En España no se están investigando los crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo, con lo que parece garantizarse la impunidad de estos abusos contra los derechos humanos, ha dicho hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe.
El informe El tiempo pasa, la impunidad permanece constata como las autoridades españolas se niegan a investigar decenas de miles de homicidios y desapariciones cometidos durante la Guerra Civil por ambas partes en el conflicto y durante el franquismo (1936-1975). Tampoco cooperan con otros países, como Argentina, que ha abierto su propia investigación sobre los abusos históricos cometidos en España.
“El hecho de que España ni investigue ni coopere en los procesos sobre crímenes cometidos durante la Guerra Civil por ambas partes en el conflicto y durante el franquismo significa un bofetón en la cara de todos los familiares de las personas cuyos derechos fueron violados y desaparecieron”, ha manifestado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
“Ya denunciamos en 2012 que existía una tendencia continuada a archivar estos casos. Pero la situación ha empeorado desde la sentencia del Tribunal Supremo, que señala que no corresponde a los jueces españoles enjuiciar estos crímenes. Se cierra así la única vía de investigación judicial existente en España.”
El Poder Judicial español se niega a investigar y archiva las denuncias de las víctimas.
En noviembre de 2008, la Audiencia Nacional declinó su competencia sobre la querella presentada en 2006 por homicidios y 114.266 desapariciones forzadas cometidos en España entre 1936 y 1951 a favor de juzgados territoriales.
Desde entonces, Amnistía Internacional ha realizado un seguimiento de la actuación de estos juzgados y ha constatado que de los 47 casos derivados, al menos 38 se han archivado.
El 27 de febrero de 2012, el Tribunal Supremo dictó la imposibilidad de investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo en base a los argumentos, entre otros, de la vigencia de la Ley de Amnistía y la prescripción de los delitos de derecho internacional.
Asimismo, España ha obstaculizado que las víctimas presten declaración ante la jueza argentina que lleva el caso abierto en ese país desde 2010 y la Fiscalía no está colaborando con la causa.