La decisión del gobierno de Venezuela de denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y retirarse de la jurisdicción de la Corte Interamericana constituye una afrenta a las víctimas de violaciones de derechos humanos, ha afirmado Amnistía Internacional. Este martes, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, confirmó que había recibido la petición formal del gobierno de Venezuela de retirarse de la Convención y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la OEA vigila, en el plazo de un año. Con esta decisión, las vícitimas de violaciones de los derechos humanos en Venezuela no podrán presentar denuncias ante la corte regional. “Esta acción es una afrenta a las víctimas de violaciones de derechos humanos y a generaciones futuras de venezolanos y venezolanas que carecerán de la posibilidad de acceder a este órgano regional cuando no puedan hacer valer sus derechos en su país”, ha afirmado Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa para América de Amnistía Internacional. “La posibilidad de recurrir a un organismo internacional como la Corte Interamericana es un derecho que todas y todos los venezolanos han adquirido y que esta decisión volvería imposible de ejercer”.Fuera de la CorteLa promoción y protección de los derechos humanos de todos y todas, sin discriminación, es la piedra angular sobre la que se sustenta el Estado de derecho y constituye una herramienta fundamental con la que cuentan los Estados para garantizar que todas las personas puedan vivir con dignidad, independientemente de su género, raza, origen étnico o cualquier otra condición. Los sistemas de protección de los derechos humanos a niveles regional e internacional fueron creados para garantizar a toda la población una instancia supranacional a la cual acudir cuando no se ha obtenido justicia y reparación por violaciones de derechos humanos en los sistemas de justicia internos. El sistema interamericano de derechos humanos, a través de los órganos que lo componen –la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos– es un necesario complemento de la protección proveída por instancias nacionales en las Américas. A lo largo de los últimos años, miles de víctimas y familiares en todo el continente han visto en los órganos del sistema interamericano la única posibilidad de obtener justicia, cuando la misma es negada a nivel interno. La Constitución Bolivariana de Venezuela actualmente garantiza a todas las personas el derecho a acceder a los organismos internacionales, pero una vez que la actual decisión del gobierno entre en vigor en un año, el camino a la justicia quedará bloqueado. La gente ya no tendrá acceso a la Corte Interamericana, la instancia más alta de justicia en el continente americano. Amnistía Internacional se une al llamado a las autoridades de Venezuela del secretario general de la Organización de Estados Americanos y de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que reconsideren esta decisión. “El gobierno venezolano debe retirar su denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos inmediatamente y así demostrar verdaderamente que está comprometido con los derechos humanos”, ha añadido Guadalupe Marengo.La organización recuerda al Estado venezolano que el retirarse de la Convención Americana no lo sustrae de la vigilancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en virtud de ser parte de la OEA.Información complementariaEn diciembre de 2008, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela resolvió que no podía implementarse una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos e instó al ejecutivo a retirarse de la Conveción Americana sobre Derechos Humanos. Desde entonces, las autoridades han comunicado varias veces su intención de quedar fuera de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Amnistía Internacional ha instado a Venezuela en repetidas ocasiones a cumplir con sus obligaciones internacionales y regionales en materia de derechos humanos y seguir siendo Estado Parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Convención Americana dispone que los Estados Partes pueden optar a retirarse de la corte regional denunciando la Convención, pero tal decisión requiere del plazo de un año para entrar en vigor. Otros dos Estados miembros de la OEA –Trinidad y Tobago y Perú– optaron por retirarse, pero finalmente Perú reconsideró la decisión y hoy está sujeto a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
