El Tribunal Especial para Sierra Leona ha condenado en La Haya al ex presidente liberiano Charles Taylor a 50 años de prisión por ayudar e instigar a cometer crímenes de guerra.La pena de prisión se impuso por los crímenes cometidos en Sierra Leona entre 1996 y 2002.Amnistía Internacional hace un repaso de las fechas más importantes de la actividad de campaña de la organización sobre sus crímenes y los presuntos crímenes cometidos en Sierra Leona y en Liberia antes de su detención.Charles Taylor, que también lideró el grupo armado de oposición Frente Patriótico Nacional de Liberia (NPFL), había sido declarado culpable el mes pasado por los jueces internacionales de ayudar e instigar a cometer crímenes de guerra durante el conflicto armado interno de Sierra Leona. Aún no ha sido juzgado por los crímenes presuntamente cometidos en su país de origen, Liberia.Aunque esta sentencia histórica afirma que los ex jefes de Estado no pueden considerarse inmunes a la justicia internacional, a Amnistía Internacional le sigue preocupando el hecho de que decenas de miles de personas que sufrieron atrocidades en Liberia y Sierra Leona no hayan visto aún que otros perpetradores respondan de sus actos ante la justicia.CRONOLOGÍAEn abril de 1992, una delegación de Amnistía Internacional que acababa de regresar de investigar los abusos contra los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno de Sierra Leona, señaló que una fuerza de invasión encabezada por el NPFL de Charles Taylor había tomado ciudades y pueblos de las provincias meridionales y orientales de Sierra Leona. Según Amnistía Internacional, las fuerzas rebeldes habían sido responsables de importantes abusos contra los derechos humanos, como el asesinato de cientos de personas que se habían negado a prestarles ayuda.En un informe sobre el acuerdo de paz de Liberia de 1995 publicado en septiembre del mismo año, Amnistía Internacional afirmaba que varios asesinatos políticos —incluidos los de dos destacadas personalidades del partido de la oposición cometidos en julio de 1994— habían sido ordenados por el NPFL dirigido por Charles Taylor.En agosto de 1997, Charles Taylor tomó posesión de su cargo de presidente de Liberia tras las elecciones generales de julio del mismo año. En octubre, Amnistía Internacional pidió al recién elegido gobierno de Liberia que incluyese los derechos humanos en la agenda nacional e investigase los abusos contra estos derechos cometidos durante la guerra.En diciembre de 1999, Amnistía Internacional declaró en un comunicado de prensa que Charles Taylor había intimidado a un grupo liberiano de derechos humanos, la Comisión de Justicia y Paz de Liberia, cuando ésta pidió la creación de una comisión de la verdad en el país para abordar las violaciones cometidas durante los siete años de conflicto armado interno que asolaron a Liberia.Un informe de abril de 2001 puso de relieve que el gobierno de Charles Taylor no había hecho prácticamente nada para investigar a los responsables de abusos generalizados contra los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno de Liberia que afectaba al país desde 1989 ni para que comparecieran ante la justicia.El informe documentaba también que, desde mediados de 2000, decenas de civiles habían sido presuntamente víctimas de ejecuciones extrajudiciales y más de 100 civiles, mujeres incluidas, habían sido torturados por la Unidad Antiterrorista y otras fuerzas de seguridad liberianas. Además, señalaba que un ex asesor de medios de comunicación del presidente Taylor había “desaparecido” tras criticar la explotación de recursos forestales en el sureste de Liberia por empresas madereras sin que ello beneficiara a los lugareños.En julio del mismo año, Amnistía Internacional informó de que las fuerzas de seguridad habían torturado a por lo menos 40 estudiantes liberianos que trataban de celebrar una concentración pacífica. Al menos 20 estudiantes fueron detenidos y, según los informes, algunas de las mujeres fueron violadas durante las semanas que permanecieron recluidas en régimen de incomunicación sin cargos. Aun así, las autoridades liberianas no abrieron ninguna investigación sobre las denuncias y nade respondió ante la justicia, afirmó Amnistía Internacional.En diciembre de 2011, Amnistía Internacional pidió a la comunidad internacional que adoptara medidas para proteger a la población de nuevos abusos contra los derechos humanos en Liberia.En junio de 2003, el Tribunal Especial para Sierra Leona anunció públicamente que había dictado auto de procesamiento contra Charles Taylor por crímenes de guerra. Taylor estaba en Accra, asistiendo a unas conversaciones encaminadas a poner fin al conflicto armado interno de Liberia, y Amnistía Internacional pidió a las autoridades de Ghana que le detuvieran. En agosto de ese año, Taylor dimitió de la presidencia y se exilió en Nigeria.En los años siguientes, Amnistía Internacional pidió en reiteradas ocasiones al gobierno nigeriano la detención de Charles Taylor.El 23 de marzo de 2006, Amnistía Internacional pidió al presidente nigeriano Olusegun Obasanjo que atendiera a la solicitud del presidente liberiano Johnson-Sirleaf de extraditar a Taylor y permitiera que éste fuera juzgado por el Tribunal Especial para Sierra Leona.Taylor fue capturado por las autoridades nigerianas durante un intento fallido de huir del país, y el 29 de marzo fue entregado al Tribunal Especial para Sierra Leona en Freetown.En febrero de 2007, Amnistía Internacional concluyó que durante la presidencia de Charles Taylor no se había hecho ningún esfuerzo por remediar las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado. En las fuerzas de seguridad del gobierno, incluida la Unidad Antiterrorista, había ex combatientes que no habían sido vetados ni habían realizado ningún programa de reciclaje, ni se habían sometido a ningún proceso de desmovilización o reintegración.Numerosos ejemplos de injerencias del poder ejecutivo en los juicios, especialmente en los que tenían carácter político, demostraban que el poder judicial no era independiente del ejecutivo y no hacía ningún esfuerzo para que los perpetradores comparecieran ante la justicia. Imperaba la impunidad.Amnistía Internacional sigue pidiendo que se investigue y enjuicie a Charles Taylor por los crímenes presuntamente cometidos en Liberia.
