El juicio penal que va a celebrarse contra un juez instructor pionero ante el Tribunal Supremo de España constituye una amenaza a los derechos humanos y a la independencia judicial, ha manifestado Amnistía Internacional hoy.El juez Baltasar Garzón, de 56 años, va a ser juzgado el 24 de enero en Madrid por un presunto delito de prevaricación cometido al dirigir una investigación sobre crímenes de derecho internacional perpetrados durante la Guerra Civil española de 1936-1939 y los subsiguientes decenios de dictadura del general Francisco Franco.El juez ha adquirido renombre por haber abierto investigaciones sobre funcionarios públicos y otros presuntos autores de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y tortura cometidos en otros países, en especial sobre el ex gobernante militar de Chile Augusto Pinochet.“Dado el éxito del juez Baltasar Garzón en el inicio de investigaciones y enjuiciamientos por crímenes de derecho internacional cometidos en otras partes del mundo, resulta increíble que las autoridades judiciales españolas intenten impedirle investigar delitos de la misma naturaleza cometidos en España”, ha manifestado Hugo Relva, asesor jurídico de Amnistía Internacional, que se encuentra en Madrid para asistir como observador al juicio.“Deben retirarse los cargos contra él, pues representan un golpe a los derechos humanos y los esfuerzos por obtener justicia.”Se han abierto otras dos causas penales contra Garzón en las que se lo acusa de cohecho y de facilitar escuchas ilegales de conversaciones de detenidos con sus abogados. Él ha negado los cargos. Amnistía Internacional no toma postura sobre el fondo de estas investigaciones penales.Si se dicta sentencia condenatoria contra él en el juicio que dará comienzo el 24 de enero, podría ser inhabilitado por un periodo de hasta 20 años, lo que supondría en la práctica el fin de su carrera como jurista y de su investigación del franquismo.La investigación de Garzón, iniciada en 2008, ha sido la primera en que se han examinado crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil española y los primeros años del franquismo. Abarca más de 114.000 casos de desaparición forzada, ocurridos entre julio de 1936 y diciembre de 1951.En mayo de 2010, el Consejo General del Poder Judicial de España suspendió temporalmente a Garzón en sus funciones, al haber acusado el Tribunal Supremo al juez de falta deliberada de aplicación de la ley de amnistía de 1977.Se considera que esta ley impide investigar delitos anteriores a ese año.Amnistía Internacional está de acuerdo con Garzón en que España no debe aplicar la ley de amnistía, porque es incompatible con la obligación de iniciar investigaciones y enjuiciamientos por crímenes de derecho internacional.“De acuerdo con el derecho internacional, la desaparición forzada, la tortura y otros crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, y España tiene la obligación de investigar y, si hay indicios admisibles suficientes, enjuiciar a los presuntos autores de tales crímenes y proporcionar plena reparación a las víctimas”, ha explicado Hugo Relva.Amnistía Internacional tiene constancia de que, en espera del fallo del Tribunal Supremo en el juicio de Garzón, se ha impedido seguir adelante con otras investigaciones recientes sobre crímenes cometidos en el pasado en España.“Parece que en España la búsqueda de verdad, justicia y reparación por crímenes de derecho internacional cometidos en el pasado está a merced de este juicio basado en cargos que son indignantes”, ha afirmado Hugo Relva.“Las autoridades deberían mejor centrar sus esfuerzos en revelar la suerte de los millares de víctimas de desaparición forzada, tortura, ejecución extrajudicial y otros crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo y poner a los responsables a disposición judicial.”
