Treinta años después de llegar al poder, el general retirado José Efraín Ríos Montt se enfrenta a un tribunal esta semana por cargos de genocidio y crímenes de lesa humanidad en lo que Amnistía Internacional califica de acontecimiento histórico.
En su comparecencia ante un juzgado penal de la Ciudad de Guatemala el 26 de enero se decidirá si será juzgado por las acusaciones de que tenía la responsabilidad de mando en los actos de genocidio cometidos entre marzo de 1982 y agosto de 1983, cuando fue el gobernante de facto del país centroamericano.
Mientras estuvo en el poder se cometieron masacres sobre todo en poblados indígenas mayas de las zonas rurales del país como parte de la política militar del gobierno de “tierra quemada”, en el contexto de un sangriento conflicto armado interno que duró 36 años.
“Ha tardado tres décadas, pero esta comparecencia judicial ofrece por fin un atisbo de esperanza a las miles de víctimas y familiares de víctimas de que finalmente se va a cuestionar la impunidad por algunas de las peores atrocidades cometidas en la guerra civil de Guatemala”, ha declarado Sebastian Elgueta, investigador de Amnistía Internacional sobre Centroamérica.
“Las autoridades guatemaltecas no deben perder esta oportunidad histórica de revelar la verdad, así como de sentar las bases para que se haga justicia y se conceda una reparación a las decenas de miles de víctimas.”
Una comisión de la verdad respaldada por la ONU, que informó de sus conclusiones en 1999, declaró que durante los 36 años de conflicto armado interno de Guatemala perdieron la vida o desaparecieron alrededor de 200.000 personas y que las fuerzas de seguridad cometieron más de 600 masacres, sobre todo en comunidades rurales e indígenas.
El caso contra Ríos Montt, que tiene actualmente 85 años, es parte de una causa penal iniciada en 2001 contra varios ex oficiales del ejército por la Asociación para la Justicia y Reconciliación, que representa a cientos de víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto.
Ríos Montt siempre ha negado los cargos formulados contra él.
Según la comisión de la verdad respaldada por la ONU, casi la mitad de todas las violaciones de derechos humanos cometidas durante los 36 años de conflicto armado se perpetraron en 1982. El general Ríos Montt fue gobernante de facto del país durante nueve meses de aquel año.
A los tres meses de llegar al poder, el 1 de julio de 1982, el gobierno declaró el estado de sitio en varias regiones de las que sospechaba que albergaban a grupos armados de la oposición. Esto permitió que el ejército detuviera y recluyera a personas sin cargos, requisara viviendas y vehículos particulares y entrara legalmente en viviendas y oficinas al amparo de la noche.
En este contexto, Amnistía Internacional documentó violaciones generalizadas de derechos humanos que equivalían a crímenes de lesa humanidad —que incluían ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y torturas— a manos de las fuerzas armadas de Guatemala y de quienes las apoyaban organizados en “patrullas de autodefensa civil” armadas.
Las masacres de poblados enteros de indígenas no combatientes fueron habituales, y las tropas torturaron a menudo a los habitantes —incluyendo la violación de mujeres y niñas— antes de matarlos sistemáticamente.
Entre las peores masacres cometidas durante ese periodo figura la del poblado de Plan de Sánchez, cerca de la población de Rabinal, en el centro del país, perpetrada en julio de 1982 y que se saldó con la muerte de 268 campesinos e indígenas.
En la madrugada del 18 de julio de 1982, dos granadas de mortero cayeron sobre Plan de Sánchez cuando los campesinos se dirigían al mercado de Rabinal. Esa tarde, unos 60 hombres vestidos con uniformes del ejército y armados con rifles de asalto entraron en el pueblo y empezaron a rodear a sus habitantes, indígenas maya achí.
Los asaltantes llevaron a unas 20 muchachas de entre 12 y 20 años a una casa donde las sometieron a abusos, las violaron y las mataron. Otros niños murieron a golpes, mientras algunos adultos fueron encerrados en una casa donde las tropas dispararon indiscriminadamente contra ellos y les atacaron con granadas de mano.
Nueve meses después de la llegada al poder del general Ríos Montt, en diciembre de 1982, una unidad de élite del ejército guatemalteco entró en Dos Erres, en la región septentrional de Petén, donde torturaron y mataron a alrededor de 250 hombres, mujeres y niños en el curso de tres días, y luego arrasaron el poblado. También en esta ocasión fueron violadas muchas mujeres y niñas, y numerosos lugareños, niños entre ellos, fueron arrojados al pozo del pueblo.
Ríos Montt, como comandante en jefe del ejército guatemalteco durante 1982 y 1983, era la máxima autoridad de la cadena de mando. Según el derecho internacional, las personas con responsabilidad de mando pueden ser consideradas responsables penales de las violaciones graves de derechos humanos cometidas por sus subordinados.
En 2010, cuatro ex soldados que participaron en la masacre de Dos Erres fueron juzgados y condenados a más de 6.000 años de prisión por su participación en los hechos.
Hasta ahora no han comparecido ante el sistema judicial guatemalteco las personas que tenían la máxima responsabilidad de mando durante la masacre de Dos Erres y otras muchas masacres.
“Hacer que los presuntos autores intelectuales de estos crímenes comparezcan ante la justicia por orquestar estos abusos significará un gesto enérgico de que Guatemala se toma en serio la justicia para las casi 200.000 víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno”, concluyó Sebastian Elgueta.