Resumen

Las autoridades seguían restringiendo arbitrariamente el derecho a la libertad de expresión y de asociación, deteniendo y enjuiciando a quienes criticaban o se oponían al gobierno y a ciudadanos y ciudadanas extranjeros en aplicación de leyes penales sobre difamación y antiterroristas. Las desapariciones forzadas, los juicios injustos y la tortura y otros malos tratos bajo custodia continuaban siguiendo habituales. Seguían en prisión decenas de personas condenadas en juicios injustos en años anteriores, entre ellas presos y presas de conciencia. Las mujeres continuaban estando discriminadas en la legislación y en la práctica. Los trabajadores y las trabajadoras migrantes sufrían explotación y abusos. Los tribunales siguieron imponiendo condenas a muerte. No se tuvo constancia de ninguna ejecución.

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