Emiratos Árabes Unidos aplicó nuevas leyes que restringían significativamente la libertad de expresión y de reunión. Las autoridades ampliaron la detención arbitraria de decenas de víctimas de juicios colectivos que ya habían cumplido sus penas de prisión, y sometieron a malos tratos prolongados a un defensor de los derechos humanos y a un disidente. El gobierno reiteró su postura contraria a reconocer los derechos de las personas refugiadas.
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