Resumen

Las autoridades siguieron restringiendo arbitrariamente el derecho a la libertad de expresión y de asociación, valiéndose de leyes antiterroristas y sobre la difamación criminal para detener, enjuiciar, condenar y encarcelar a personas críticas con el gobierno y a un destacado defensor de los derechos humanos. Continuaban en prisión decenas de personas condenadas en juicios injustos, entre ellas presos y presas de conciencia. Las autoridades mantenían a las personas detenidas en condiciones que podían constituir tortura, y no investigaron denuncias de tortura formuladas en años anteriores. Las mujeres seguían estando discriminadas en la legislación y en la práctica. Los trabajadores y las trabajadoras migrantes continuaban expuestos a sufrir explotación y abusos. Los tribunales siguieron imponiendo condenas a muerte. Se llevó a cabo una ejecución.

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