Arabia Saudí 2019
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Arabia Saudí 2019

Las autoridades incrementaron la represión del derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión. Acosaron, detuvieron arbitrariamente y procesaron a decenas de personas críticas con el gobierno y defensoras de los derechos humanos, entre las que había activistas de los derechos de las mujeres, miembros de la minoría chií y familiares de activistas. Seguían en curso juicios iniciados contra clérigos y activistas chiíes ante un tribunal antiterrorista por expresar opiniones disidentes. Las autoridades usaron ampliamente la pena de muerte, llevando a cabo decenas de ejecuciones por una amplia diversidad de delitos, incluidos delitos relacionados con drogas. Algunas personas, en su mayoría pertenecientes a la minoría chií del país, fueron ejecutadas tras juicios manifiestamente injustos. Las autoridades introdujeron importantes reformas en el represivo sistema de tutela masculina, entre ellas permitir que las mujeres obtuvieran el pasaporte, viajaran sin el permiso de un tutor masculino y se convirtieran en cabeza de familia; pese a ello, las mujeres continuaron sufriendo discriminación sistemática en la legislación y en la práctica en otros ámbitos, y sin estar debidamente protegidas frente a la violencia sexual y de otra índole. Las autoridades reconocieron a cientos de miles de personas extranjeras el derecho a trabajar y a tener acceso a educación y asistencia médica, pero detuvieron y expulsaron a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras migrantes irregulares, que corrían el riesgo de sufrir explotación y abusos laborales a manos de quienes los empleaban, así como tortura cuando estaban bajo la custodia del Estado. Persistió la arraigada discriminación que sufría la minoría chií.

Información general

En diciembre, Arabia Saudí asumió la presidencia del G-20, cuya próxima reunión estaba previsto celebrar en la capital del país, Riad, en noviembre de 2020. Las autoridades habían anunciado diversas reformas con anterioridad, entre ellas la introducción de visados de turismo para nacionales de 49 países.

Se siguió denegando la entrada en Arabia Saudí a Amnistía Internacional. En enero, la organización pidió a las autoridades que autorizaran su acceso, y el de otros observadores independientes, a activistas en detención —incluidas defensoras de los derechos humanos— tras las denuncias de tortura, malos tratos y acoso sexual de al menos 10 activistas bajo custodia,[1] pero no obtuvo respuesta. Los relatores especiales de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes y sobre la situación de los defensores de los derechos humanos enviaron a las autoridades saudíes recordatorios de sus solicitudes de autorización para visitar el país en 2019. No se tuvo noticia de ninguna respuesta.

Arabia Saudí siguió en la coalición que imponía sanciones políticas y económicas a Qatar, junto con Bahréin, Egipto y Emiratos Árabes Unidos.

Arabia Saudí continuó coliderando la coalición beligerante en el vecino Yemen, implicada en crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional (véase el apartado sobre Yemen). En septiembre se perpetró un ataque con drones —cuya autoría reivindicaron las fuerzas huzíes de Yemen— contra instalaciones de la compañía petrolera estatal Aramco en Abqaiq (Provincia Oriental) que redujo a alrededor de la mitad la producción saudí de petróleo durante varias semanas.

Libertad de expresión, asociación y reunión

Las autoridades intensificaron la represión del derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión, incluida la libertad de expresión en Internet. Acosaron, detuvieron arbitrariamente y procesaron a personas críticas con el gobierno, defensores y defensoras de los derechos humanos, miembros de la minoría chií y familiares de activistas.

En abril, las autoridades detuvieron arbitrariamente a 14 personas por su apoyo pacífico al movimiento de derechos de las mujeres y a las defensoras de los derechos humanos. Entre ellas figuraban Salah al Haidar, hijo de Aziza al Yousef —aún procesada por su labor de defensa de los derechos de las mujeres—, Abdullah al Duhailan, periodista, novelista y defensor de los derechos del pueblo palestino, y Fahad Abalkhail, quien había apoyado la campaña "Women2Drive” (Mujeres al Volante). Al terminar el año continuaban recluidos sin cargos ni juicio. En noviembre, al menos 10 hombres y mujeres de los ámbitos intelectual, literario y empresarial fueron detenidos arbitrariamente por las autoridades durante una semana. En los círculos de activistas se creía que la mayoría había quedado en libertad sin cargos.

Las autoridades continuaron juzgando a personas ante el Tribunal Penal Especializado, que conocía de delitos de terrorismo, por cargos derivados de la expresión pacífica de sus opiniones, que en algunos casos estaban penados con la muerte. El clérigo Salmán al Ouda, en detención arbitraria desde septiembre de 2017, seguía en peligro de ser condenado a muerte, ya que la fiscalía había pedido su ejecución por cargos relacionados con su presunta pertenencia a la Hermandad Musulmana y sus llamamientos en favor de reformas gubernamentales y cambios de régimen en países árabes, entre otras cosas.

Las autoridades no permitían la formación de partidos políticos, sindicatos ni grupos de derechos humanos independientes y continuaban procesando y encarcelando a quienes establecían organizaciones de derechos humanos no autorizadas o formaban parte de ellas. Todas las reuniones, incluidas las manifestaciones pacíficas, siguieron estando prohibidas en virtud de una orden dictada por el Ministerio del Interior en 2011.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Las autoridades continuaron deteniendo, procesando y encarcelando a defensores y defensoras de los derechos humanos por su labor pacífica, en virtud de legislación como la ley antiterrorista o la ley contra el delito informático, que penalizaba la crítica de políticas y prácticas del gobierno y los comentarios sobre asuntos de actualidad en Internet. Al terminar el año, prácticamente todas las personas que defendían los derechos humanos en Arabia Saudí estaban detenidas sin cargos, sometidas a juicio o cumpliendo penas de prisión.

Once mujeres activistas, entre ellas las defensoras de los derechos humanos Loujain al Hathloul, Iman al Nafjan y Aziza al Yousef, comparecieron ante el Tribunal Penal de Riad en marzo de 2019 tras más de un año en detención. Otras dos defensoras de los derechos humanos, Samar Badawi y Nassima al Sada, fueron llevadas a juicio tres meses más tarde, en junio.[2] Las sesiones judiciales se celebraron a puerta cerrada y se prohibió asistir a periodistas y personal diplomático. Varias de estas activistas se enfrentaron a cargos por contactar con medios de comunicación extranjeros, con otras personas también activistas y con organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional. Algunas también fueron acusadas de “promover los derechos de las mujeres” y “reclamar el fin del sistema de tutela masculina”. Aunque 8 de las 13 activistas quedaron en libertad provisional en 2019, las 5 que eran defensoras de los derechos humanos, permanecieron detenidas. Al final del año continuaba el juicio contra las 13.

Las autoridades continuaron sometiendo a personas defensoras de los derechos humanos a detención arbitraria durante largos periodos sin llevarlas ante un juez ni presentar cargos en su contra. Mohammed al Bajadi, miembro fundador de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos, continuaba recluido sin cargos ni juicio desde su detención, en mayo de 2018.

En julio, Mohammad al Otaibi, quien ya estaba cumpliendo 14 años de prisión por su trabajo en favor de los derechos humanos, compareció ante el Tribunal Penal Especializado por cargos adicionales relacionados con su comunicación con organizaciones internacionales y su intento de solicitar asilo político en 2017. Al término de 2019 continuaba procesado por los nuevos cargos.

Personas críticas con el gobierno en el extranjero

En septiembre, al cumplirse el primer aniversario de la ejecución extrajudicial del periodista saudí Jamal Khashoggi en el consulado de Arabia Saudí en Estambul, el príncipe heredero declaró que asumía toda la responsabilidad del homicidio ya que había sucedido estando él “al mando”. En diciembre, la fiscalía anunció que ocho personas sospechosas de participar en el asesinato habían sido declaradas culpables; cinco fueron condenadas a muerte, y tres, a prisión. Las autoridades permitieron que asistieran cargos diplomáticos al juicio, que comenzó en enero, pero cerraron la puerta a periodistas y al público en general y no proporcionaron información sobre los procedimientos, con lo que impidieron la observación independiente.[3]

Arabia Saudí no cooperó en una investigación de la relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias acerca del asesinato. La investigación concluyó en junio que Jamal Khashoggi había sido víctima de una ejecución extrajudicial deliberada y premeditada, de la cual era responsable Arabia Saudí. La relatora especial indicó que había encontrado indicios creíbles que justificaban ahondar en la investigación sobre la responsabilidad individual de altos funcionarios saudíes, incluido el príncipe heredero. Su informe reveló asimismo abusos cometidos por las autoridades saudíes o por agentes no estatales asociados con ellas contra otras personas disidentes en el extranjero, incluidos secuestros, desapariciones forzadas, amenazas, acoso y vigilancia electrónica, así como amenazas psicológicas a familiares de activistas bajo custodia.[4]

En noviembre, fiscales federales de Estados Unidos acusaron a dos ex empleados de Twitter de espiar para Arabia Saudí accediendo a información sobre disidentes que usaban esta red social. Uno de sus objetivos había sido Omar Abdulaziz, destacado disidente saudí que residía en Canadá.

Pena de muerte

Los tribunales siguieron imponiendo condenas a muerte por una amplia diversidad de delitos y llevaron a cabo decenas de ejecuciones; hubo un aumento de las ejecuciones por delitos relacionados con drogas y con terrorismo. En general, las autoridades saudíes no respetaban las normas internacionales sobre juicios justos ni las salvaguardias debidas en las causas de pena capital. Estas causas solían verse en secreto y los procedimientos eran sumarios, sin asistencia letrada ni asesoramiento jurídico, ni tampoco servicios de traducción para las personas extranjeras, en las diversas fases de la detención y juicio. Las condenas a muerte se basaban habitualmente en “confesiones” que, según las personas acusadas, se habían obtenido mediante tortura.

El 23 de abril fueron ejecutados 37 hombres saudíes. Habían sido declarados culpables en diversos juicios ante el Tribunal Penal Especializado. En su mayoría eran musulmanes chiíes, condenados tras juicios manifiestamente injustos y basados en “confesiones” empañadas por acusaciones de tortura. De los 37 ejecutados, 11 habían sido declarados culpables de espiar para Irán, y al menos otros 15, condenados por delitos violentos relacionados con su participación en manifestaciones contra el gobierno celebradas en la Provincia Oriental, de población mayoritariamente chií, en 2011 y 2012. Habían soportado prisión preventiva prolongada y habían dicho al tribunal que los habían sometido a tortura u otros malos tratos durante el interrogatorio para obligarlos a “confesar”. Entre los ejecutados figuraba Abdulkareem al Hawaj, joven chií detenido cuando tenía 16 años.[5]

Entre quienes continuaban en peligro de ejecución al terminar el año había personas que eran menores de 18 años en el momento de su presunto delito Algunas de estas condenas a muerte parecían haberse basado únicamente en "confesiones" que, según las personas acusadas, habían sido obtenidas mediante tortura u otros malos tratos.

Era habitual que las autoridades no advirtieran a la familia de la víctima de que su ejecución era inminente ni la informaran inmediatamente después de producirse. Las familias de los hombres chiíes ejecutados el 23 de abril no supieron de la ejecución de sus seres queridos hasta que las autoridades lo anunciaron públicamente ese mismo día. Además, las autoridades no devolvían los cadáveres de las personas ejecutadas a sus familias ni las informaban del lugar de enterramiento.

Derechos de las mujeres

En agosto se produjo un avance largamente esperado al anunciar las autoridades importantes reformas en el discriminatorio sistema de tutela masculina. Entre otras cosas, los cambios permitían que las mujeres mayores de 21 años solicitaran y obtuvieran el pasaporte y viajaran sin el permiso de un tutor masculino; que las mujeres mayores de 18 inscribieran en el registro el nacimiento de un hijo o hija, la muerte de un familiar y su propio matrimonio o divorcio, y que solicitaran y obtuvieran el libro de familia; y que las mujeres se convirtieran en cabeza de familia. Aunque las reformas reconocieron a las mujeres los mismos derechos que a los hombres en estos ámbitos y suavizaron también las graves restricciones de su libertad de circulación, no abolieron el sistema de tutela[6] y no permitieron que las mujeres se casaran sin el permiso de un tutor ni que dieran su consentimiento al matrimonio de un hijo o hija. Mujeres y niñas continuaron sufriendo discriminación sistemática en la legislación y en la práctica en otros ámbitos, como el matrimonio, el divorcio, la herencia y la capacidad de transmitir la nacionalidad a sus hijos o hijas.

Mujeres y niñas continuaban sin estar debidamente protegidas frente a la violencia sexual y de otra índole. Seguían necesitando el permiso de un tutor masculino para abandonar los refugios destinados a las supervivientes de abusos en el ámbito familiar.

En enero, la Asamblea Consultiva (Consejo de la Shura) aprobó normas sobre el matrimonio a edad temprana que prohibían los contratos matrimoniales en el caso de las niñas y niños menores de 15 años. El borrador de esta normativa establecía también que las decisiones sobre las solicitudes de un informe médico para determinar el grado de madurez de las personas menores de 18 años que quisieran casarse, y sobre el matrimonio en sí, debía tomarlas un tribunal especializado.

Derechos de las personas migrantes

En octubre, las autoridades anunciaron que habían concedido la nacionalidad a más de 50.000 personas y a sus familias y habían expedido documentos de identidad para más de 800.000 que se habían trasladado a Arabia Saudí “a causa de la agitación política, económica y social existente en sus países de origen”. Los documentos permitirían a sus titulares trabajar y acceder a la educación y la atención médica. Arabia Saudí siguió negando a quienes intentaban solicitar asilo el acceso a un proceso justo de determinación de la condición de persona refugiada.

Por otro lado, las autoridades continuaron con su campaña de represión contra las personas migrantes irregulares. En noviembre, el Ministerio del Interior anunció que, en los dos años anteriores, alrededor de 4,1 millones de personas habían sido detenidas y más de un millón deportadas en una campaña dirigida contra las personas migrantes acusadas de infringir normas y leyes laborales, sobre la residencia y de seguridad fronteriza. Sólo en 2019 se detuvo a más de dos millones de trabajadores y trabajadoras extranjeros y se expulsó a 500.000.

Según un informe de Human Rights Watch, trabajadores y trabajadoras migrantes etíopes detenidos por infracciones de la legislación laboral sufrieron torturas y otros malos tratos en centros de detención de todo el país; contaban que habían sido golpeados, privados de comida y agua y encadenados en grupo en celdas donde estaban hacinados.

Según la información recibida, más de 900 migrantes bangladeshíes que trabajaban en Arabia Saudí en el sector doméstico regresaron a su país en 2019. Más de 100 habían vivido hasta entonces en Arabia Saudí en un refugio, tras haber acusado a las personas para las que trabajaban de abusos físicos, psicológicos y sexuales. En otros casos afirmaban haber tenido que trabajar sin remuneración.

Discriminación: minoría chií

La comunidad musulmana chií continuó sufriendo discriminación debido a su fe, lo que limitaba su derecho a expresar sus creencias religiosas y a obtener justicia, así como su derecho a ejercer determinadas profesiones en el sector público y a acceder a servicios públicos.

Varios activistas chiíes acusados de apoyar o participar en manifestaciones celebradas en la Provincia Oriental o de expresar críticas al gobierno fueron procesados y encarcelados o se enfrentaban a la pena de muerte en juicios en curso. Otros fueron ejecutados tras juicios injustos celebrados en años anteriores.


[1] Arabia Saudí: Urge permitir el acceso de observadores independientes ante el aumento de las denuncias de torturas a activistas (noticia, 25 de enero)

[2] Arabia Saudí: Juicio a mujeres activistas (MDE 23/0057/2019)

[3] Saudi Arabia: Joint open letter to states monitoring the Jamal Khashoggi trial (MDE 23/0157/2019)

[4] Arabia Saudí: Las conclusiones de la ONU sobre el asesinato de Jamal Khashoggi destacan la necesidad de una investigación penal independiente que revele la verdad (noticia, 9 de junio)

[5] Saudi Arabia: 37 put to death in shocking execution spree (noticia, 23 de abril)

[6] Arabia Saudí: Tras las reformas en favor de los derechos de las mujeres, han de quedar en libertad las personas detenidas por su activismo (noticia, 2 de agosto)