Qatar 2016/2017

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Qatar 2016/2017

Las autoridades restringían indebidamente el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica. Un preso de conciencia fue indultado y excarcelado. Los trabajadores y las trabajadoras migrantes sufrían explotación y abusos. La discriminación de las mujeres seguía estando arraigada en la ley y en la práctica. Los tribunales impusieron condenas a muerte; no se tuvo noticia de ninguna ejecución.

Información general

Qatar seguía formando parte de la coalición internacional, encabezada por Arabia Saudí, que participaba en el conflicto armado de Yemen (véase el apartado sobre Yemen).

Libertad de expresión, de asociación y de reunión

Las autoridades continuaron restringiendo indebidamente el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. Estaban prohibidos los partidos políticos independientes, y sólo se permitían las asociaciones de trabajadores si eran de ciudadanos qataríes y cumplían criterios estrictos. Tampoco se permitían las reuniones públicas no autorizadas, que eran disueltas, y se mantenían leyes que penalizaban la expresión de opiniones consideradas ofensivas para el emir.

El poeta y preso de conciencia Mohammed al Ajami (conocido también como Ibn Dheeb) fue puesto en libertad el 15 de marzo tras concederle el emir un indulto incondicional. Cumplía una pena de 15 años de prisión impuesta en 2012 por escribir y recitar poemas que las autoridades consideraron ofensivos para el emir y el Estado.

El sitio de noticias online independiente Doha News quedó bloqueado dentro de Qatar por “problemas de licencia”. En el marco de su periodismo independiente, había informado de temas delicados en el país, lo que probablemente fuera la causa de que los dos proveedores locales de servicios de Internet lo bloquearan.

Tortura y otros malos tratos

El 2 de mayo, el Tribunal de Casación de la capital, Doha, confirmó la sentencia condenatoria y la pena de 15 años de prisión dictadas contra el ciudadano filipino Ronaldo Lopez Ulep por cargos de espionaje. La sentencia, pronunciada en 2014, se basó en gran medida en una “confesión” en árabe —idioma que el acusado no sabía leer admitida sin que se investigase la denuncia que éste había presentado, según la cual agentes de seguridad lo habían obligado a firmar la confesión por medio de tortura y otros malos tratos. El Tribunal de Apelación, que le redujo la condena original de cadena perpetua a 15 años, y el Tribunal de Casación tampoco investigaron sus denuncias de tortura al confirmar la sentencia condenatoria. Durante su estancia en prisión se siguió violando su derecho a comunicarse con su familia.

Derechos de trabajadores y trabajadoras migrantes

Los trabajadores y trabajadoras migrantes, que constituían una gran mayoría de la población de Qatar, seguían sufriendo explotación y abusos. La Ley 21 de 2015, que entró en vigor el 13 de diciembre de 2016, más de un año después de su promulgación, sustituyó a la Ley sobre Patrocinio de 2009 e introdujo algunas mejoras menores, entre ellas la eliminación de la prohibición de regresar a Qatar que pesaba sobre los trabajadores y trabajadoras migrantes durante dos años tras salir del país. Sin embargo, mantenía elementos clave de la ley de 2009 que facilitaban abusos graves contra los derechos humanos, como el trabajo forzoso. Con la nueva ley, para salir de Qatar los trabajadores y trabajadoras migrantes seguían teniendo que solicitar un permiso a su empleador, lo que violaba su derecho a la libertad de circulación. Si se les bloqueaba la salida, podían apelar; sin embargo, no se publicó ninguna directriz oficial sobre cómo se resolverían estas apelaciones. De acuerdo con la nueva ley, los empleadores podían también impedir que los trabajadores y trabajadoras migrantes cambiasen de empleo durante un periodo máximo de cinco años, dependiendo de las condiciones de su contrato, así como retenerles el pasaporte con su consentimiento por escrito, lo que consagraba en la ley la práctica de la retención del pasaporte, que los empleadores explotadores utilizaban para ejercer su control sobre ellos.

La Organización Internacional del Trabajo visitó Qatar en marzo de 2016. La delegación de alto nivel evaluó las medidas adoptadas por el gobierno para abordar las cuestiones planteadas en una queja relacionada con el incumplimiento del Convenio sobre el trabajo forzoso y el Convenio sobre la inspección del trabajo. En su informe, la delegación reconoció las medidas tomadas por las autoridades de Qatar para abordar los abusos contra la mano de obra migrante, pero señaló que quedaban muchos problemas sin resolver. El órgano de gobierno de la Organización aplazó su decisión de nombrar una comisión de investigación sobre Qatar hasta marzo de 2017.

A lo largo de 2016 se implantó el Sistema de Protección Salarial, que obligaba a pagar los salarios mediante transferencia bancaria electrónica. Según las cifras del gobierno, en noviembre el sistema cubría a alrededor de 1,8 millones de personas. Algunos trabajadores migrantes empleados en destacados proyectos de construcción fueron reubicados en los complejos Labor City y Barwa Al Bahara, construidos por el gobierno para alojar hasta a 150.000 trabajadores migrantes de ingresos bajos en mejores condiciones e instalaciones. Una ley de 2010 que prohibía a los trabajadores y trabajadoras migrantes vivir en distritos residenciales urbanos seguía restringiendo la disponibilidad de alojamiento para ellos, lo que agravaba el hacinamiento en otros lugares y condenaba a la mayoría a soportar unas condiciones de vida inadecuadas. Según los datos del censo publicados por el Ministerio de Planificación del Desarrollo y Estadística, en abril había 1,4 millones de personas que vivían en campos de trabajo.

Las personas migrantes empleadas en el servicio doméstico, en su mayoría mujeres, seguían estando especialmente expuestas a sufrir explotación y abusos, pues continuaban excluidas de la protección laboral existente. Siguió retrasándose una ley propuesta hacía tiempo para proteger los derechos de estas personas. En julio, el Comité Nacional de Derechos Humanos de Qatar recomendó la introducción de una ley para proteger los derechos humanos de las trabajadoras y trabajadores migrantes empleados en el servicio doméstico y darles acceso a la justicia en caso de abusos.

Ante los indicios de abusos cometidos contra los trabajadores migrantes empleados en la reforma del Estadio Internacional Jalifa y la ciudad deportiva Aspire Zone que lo rodeaba, sede de la Copa Mundial de 2022, el gobierno anunció en abril que el Ministerio de Desarrollo Administrativo, Trabajo y Asuntos Sociales iba a investigar a los contratistas implicados en los abusos. El Comité Supremo de Gestión y Patrimonio, responsable de supervisar todos los proyectos relacionados con la Copa Mundial de 2022, anunció que los contratistas implicados en abusos serían sometidos a programas de “rectificación” y restringió la participación de uno de los subcontratistas principales en la licitación de futuros contratos para la Copa Mundial. Se prohibió trabajar en proyectos de la Copa Mundial de 2022 a algunas empresas proveedoras de mano de obra, incluida una que, según se descubrió, se valía de trabajo forzoso. En noviembre, el Comité Supremo firmó un acuerdo de un año con la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera, sindicato de ámbito mundial, para llevar a cabo inspecciones conjuntas de las condiciones laborales y de vivienda de determinados trabajadores migrantes de la construcción y publicar los detalles de estas inspecciones. El acuerdo estaba limitado a los proyectos de la Copa Mundial y no cubría proyectos de infraestructura asociados, como carreteras, redes ferroviarias y hoteles.

Derechos de las mujeres

Las mujeres seguían sufriendo discriminación en la ley y en la práctica y no recibían protección adecuada contra la violencia en el ámbito familiar. La legislación sobre la condición jurídica de las personas seguía discriminando a las mujeres en relación con el matrimonio, el divorcio, la herencia, la custodia de los hijos e hijas, la nacionalidad y la libertad de circulación.

Pena de muerte

Los tribunales impusieron nuevas condenas a muerte, y el Tribunal de Apelaciones confirmó otras; no se tuvo noticia de ninguna ejecución.

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