Irak 2016/2017

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Irak 2016/2017

Las fuerzas gubernamentales, milicias paramilitares y el grupo armado Estado Islámico cometieron crímenes de guerra, otras violaciones del derecho internacional humanitario y abusos flagrantes contra los derechos humanos en el conflicto armado interno. Los combatientes del Estado Islámico perpetraron a modo de ejecución homicidios de personas que se oponían a ellos y de civiles que huían del territorio bajo su control; violaron y sometieron a otras torturas a personas cautivas; usaron a civiles como escudos humanos y utilizaron a niños y niñas soldados. Las milicias cometieron ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura de civiles que huían del conflicto, y destruyeron viviendas y otros bienes de carácter civil. Miles de personas permanecían detenidas sin juicio por su presunta vinculación con el Estado Islámico. La tortura bajo custodia continuaba siendo una práctica generalizada. Los tribunales condenaron a muerte a personas sospechosas de terrorismo, con frecuencia en juicios sin garantías. Se siguieron llevando a cabo numerosas ejecuciones.

Información general

Continuó el conflicto armado entre el Estado Islámico y diversas fuerzas —las fuerzas gubernamentales iraquíes, milicias paramilitares y las fuerzas armadas kurdas (peshmerga)— respaldadas con ataques aéreos por la coalición internacional dirigida por Estados Unidos. El Estado Islámico controlaba zonas del noroeste y el oeste de Irak, pero perdió partes significativas de territorio durante el año, incluidas Faluya en junio, Al Qayyara en agosto y Sharqat en septiembre. Al concluir el año continuaban las operaciones militares para recuperar Mosul, el último bastión importante del Estado Islámico.

Según la ONU, como consecuencia del conflicto armado, los atentados con vehículos bomba y otros actos violentos, durante 2016 murieron 6.878 civiles y resultaron heridos 12.388.

Tras dictar el primer ministro Al Abadi la Orden 91 en febrero y aprobar el Parlamento una ley en noviembre, las Unidades de Movilización Popular, creadas en junio de 2014 y compuestas principalmente por milicias paramilitares chiíes, fueron declaradas “formación militar y parte de las fuerzas armadas iraquíes”.

En agosto, el Parlamento aprobó la Ley General de Amnistía. No incluía ciertos tipos de delitos, como los actos terroristas causantes de muerte o lesión permanente, pero preveía el derecho a una revisión judicial en el caso de personas condenadas en aplicación de la Ley Antiterrorista y de otras leyes cuando las sentencias se hubieran basado en “confesiones” obtenidas mediante “coacción”.

Manifestantes antigubernamentales que pedían reformas institucionales y el fin de la corrupción irrumpieron dos veces en la Zona Verde de Bagdad, parte fuertemente fortificada de la capital donde tenía su sede el gobierno. En la segunda ocasión, el 20 de mayo, las fuerzas gubernamentales utilizaron gas lacrimógeno, balas de goma y granadas paralizantes para dispersar a los manifestantes, causando la muerte de cuatro personas. Las autoridades anunciaron una investigación, pero no revelaron su resultado ni si se habían incoado procedimientos judiciales. En julio se sometió a debate del Parlamento una propuesta legislativa que restringía el derecho a la libertad de reunión pacífica, pero se retiró debido a la indignación pública.

Los exiliados políticos iraníes que quedaban, que vivían en el campo Libertad de Bagdad, fueron reubicados fuera de Irak a finales de septiembre. El 4 de julio, el campo había sufrido un ataque con cohetes que causó heridos y daños materiales.

Conflicto armado: violaciones del derecho internacional cometidas por las milicias y las fuerzas gubernamentales

Las milicias paramilitares y las fuerzas gubernamentales cometieron crímenes de guerra y otras violaciones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos, principalmente contra miembros de la comunidad árabe suní. Perpetraron ejecuciones extrajudiciales, otros homicidios ilegítimos y tortura; sometieron a desaparición forzada a cientos de hombres y niños, y destruyeron deliberadamente viviendas y bienes.

Tras un atentado suicida con explosivos que causó la muerte a 27 hombres e hirió a otros 41 en Muqdadiya el 11 de enero, las milicias realizaron ataques de venganza contra la comunidad suní, secuestrando y matando a decenas de hombres, e incendiando y destruyendo mezquitas, comercios y otras propiedades suníes.

El 3 de junio, las milicias de las Unidades de Movilización Popular secuestraron a cerca de 1.300 hombres y niños que huían de Saqlawiya, localidad situada al norte de Faluya. Tres días después, reaparecieron 605 hombres con señales de tortura, pero siguió sin conocerse la suerte que habían corrido otros 643. Un comité de investigación establecido por el gobernador de Anbar concluyó que 49 habían muerto por disparos, a causa de torturas o quemados. El 30 de mayo fueron ejecutados extrajudicialmente al menos 12 hombres y 4 niños que huían de Al Sijir, localidad situada al norte de Faluya. El primer ministro Al Abadi creó un comité para investigar los abusos, pero las autoridades no revelaron ningún resultado ni informaron de la apertura de actuaciones penales contra los perpetradores.

Se tuvo noticia de que las milicias de las Unidades de Movilización Popular y de Movilización Tribal, integradas por combatientes suníes, habían reclutado a niños a fin de utilizarlos para combatir contra el Estado Islámico.

Las autoridades no adoptaron medidas para esclarecer el paradero y la suerte de miles de hombres y niños árabes suníes sometidos a desaparición forzada tras haber sido capturados en sus casas, en puestos de control y en campos para personas internamente desplazadas por las milicias y las fuerzas gubernamentales en años anteriores.

Abusos cometidos por grupos armados

El Estado Islámico mató e hirió a civiles en todo el país en atentados suicidas con explosivos y otros ataques mortales cometidos de manera indiscriminada o dirigidos deliberadamente contra la población civil en concurridos mercados, santuarios chiíes y otros espacios públicos. El grupo atacó especialmente lugares de Bagdad.

Según las autoridades y los medios de comunicación, una serie de atentados cometidos en mayo en Bagdad, sobre todo en barrios predominantemente chiíes, causaron la muerte de 150 personas y heridas a 214, en su mayoría civiles.

En las zonas que controlaban, los combatientes del Estado Islámico perpetraban a modo de ejecución homicidios de personas sospechosas de oponerse al grupo armado o de colaborar con las fuerzas gubernamentales. También cometían secuestros, incluso de civiles, y torturaban sistemáticamente a las personas cautivas. El Estado Islámico imponía un código de conducta draconiano y castigaba con severidad las infracciones. Sus autoproclamados “tribunales” ordenaban la lapidación por adulterio y la flagelación y otros castigos corporales por fumar o incumplir el código indumentario u otras normas establecidas por el grupo armado. El Estado Islámico imponía severas restricciones al uso de teléfonos y de Internet, así como a la libertad de circulación de las mujeres. También impedía a la población civil huir de las zonas que controlaba y utilizaba a civiles como escudos humanos. Sus combatientes disparaban contra quienes trataban de huir, destruían sus bienes y realizaban ataques de venganza contra los familiares que dejaban atrás. El grupo adoctrinaba y reclutaba a niños —yazidíes cautivos entre ellos— y los utilizaba en batallas y atentados suicidas. En octubre, el Estado Islámico usó armas químicas para atacar la población de Al Qayyara después de que fuera recuperada por las fuerzas iraquíes, causando quemaduras y otras heridas a la población civil.

Violencia contra mujeres y niñas

Las mujeres y las niñas estaban discriminadas en la legislación y en la práctica, y no recibían protección adecuada contra la violencia sexual y de género. Se calculaba que alrededor de 3.500 mujeres, niñas y niños yazidíes, a quienes el Estado Islámico había capturado en Irak, seguían en manos del grupo armado en Irak y Siria y sufrían violaciones y otras torturas, agresiones y esclavitud. Si lograban escapar o quedaban libres tras el pago de un rescate por sus familiares, no recibían suficiente apoyo psicológico ni material; en varios casos se suicidaron o intentaron suicidarse.

Detención y reclusión arbitrarias

Las fuerzas de seguridad sometían a todos los varones a los que consideraban en edad de combatir (aproximadamente de entre 15 y 65 años) y que huían de los territorios controlados por el Estado Islámico a controles de seguridad en centros de detención improvisados o centros de recepción temporales, donde permanecían recluidos días o meses, a menudo en terribles condiciones. Los sospechosos de terrorismo eran transferidos a la custodia de agencias de seguridad como la Dirección contra la Delincuencia o la Dirección Antiterrorista, o al servicio general de inteligencia del Ministerio del Interior, donde estaban expuestos a sufrir tortura y otros malos tratos y se les negaba con frecuencia el contacto con sus familias y abogados.

Las fuerzas de seguridad y las milicias detenían a los sospechosos de terrorismo en sus casas, en puestos de control y en campos para personas internamente desplazadas, sin orden judicial y sin informarles ni a ellos ni a sus familiares de ningún cargo. Muchos eran sometidos a reclusión prolongada en régimen de incomunicación, en algunos casos en condiciones que constituían desaparición forzada, en centros controlados por los ministerios del Interior y de Defensa o en centros de detención secreta, donde los interrogaban agentes de seguridad sin la presencia de abogados. Miles de ellos permanecían recluidos sin comparecer ante las autoridades judiciales ni ser llevados a juicio.

Tortura y otros malos tratos

La tortura y otros malos tratos continuaban siendo habituales en las prisiones, los centros de detención controlados por los ministerios de Interior y de Defensa y los centros controlados por las milicias. Los métodos de tortura denunciados con más frecuencia consistían en golpear a la víctima en la cabeza y el cuerpo con barras metálicas y cables, colgarla de los brazos o las piernas en posturas en tensión, aplicarle descargas eléctricas y amenazarla con violar a mujeres de su familia. Aparentemente, la tortura se utilizaba para obtener “confesiones” o información, y para castigar a los detenidos. Varias personas murieron bajo custodia como consecuencia de tortura.

En octubre, combatientes de Movilización Tribal sometieron a habitantes de pueblos situados al sur de Mosul, presuntamente vinculados al Estado Islámico, a golpes con cables metálicos, humillación pública y descargas de armas de electrochoque.

Juicios injustos

El sistema de justicia penal continuaba adoleciendo de graves deficiencias, y los juicios eran sistemáticamente injustos. Se negaban de manera habitual a las personas procesadas, sobre todo a las sospechosas de terrorismo, los derechos a una defensa adecuada, a no declarar contra sí mismas ni a confesarse culpables y a interrogar a los testigos de la acusación. Los tribunales seguían admitiendo como prueba “confesiones” presuntamente obtenidas mediante tortura sin ordenar investigaciones sobre las denuncias de los encausados ni someterlos a un examen forense. Algunas personas declaradas culpables en juicios injustos fueron condenadas a muerte.

Personas refugiadas E internamente DESPLAZADAS

Seguía habiendo en Irak más de 3,1 millones de personas internamente desplazadas, que residían en comunidades de acogida o en campos para personas internamente desplazadas, asentamientos informales y edificios en construcción. Muchas vivían en la indigencia en condiciones terribles, mientras las agencias humanitarias informaban de considerables déficits en la financiación internacional. Miles de personas huyeron a Siria.

Las autoridades iraquíes y las del gobierno de la región semiautónoma del Kurdistán imponían restricciones arbitrarias y discriminatorias a la libertad de circulación de las personas internamente desplazadas que eran árabes suníes. Decenas de miles de ellas seguían confinadas en campos sin acceso al mercado laboral ni a servicios esenciales por carecer de patrocinadores locales y, por tanto, no poder obtener los permisos oficiales necesarios para entrar en las ciudades.

Tras someterse a onerosos controles de seguridad, decenas de miles de personas internamente desplazadas pudieron regresar a zonas que habían estado bajo control del Estado Islámico tras ser recuperadas por las fuerzas gubernamentales y sus aliados, incluidas las ciudades de Ramadi y Faluya. Sin embargo, decenas de miles de personas internamente desplazadas que eran árabes suníes no pudieron regresar a zonas arrebatadas también al Estado Islámico en las gobernaciones de Babil, Diyala y Salah al Din debido a una mezcla de onerosos trámites burocráticos y tácticas de intimidación de las milicias, como secuestros, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. Se prohibió el regreso a familiares de presuntos combatientes del Estado Islámico, cuyas viviendas fueron destruidas deliberadamente o incautadas en algunos casos. Las fuerzas peshmerga y otras fuerzas de seguridad kurdas también impidieron el retorno de decenas de miles de árabes a quienes el conflicto había desplazado de las zonas controladas por el Gobierno Regional del Kurdistán donde vivían.

Libertad de expresión: trabajadores y trabajadoras de medios de comunicación

Las personas que trabajaban en medios de comunicación lo hacían en un entorno peligroso y en ocasiones mortal, y denunciaban agresiones físicas, secuestros, intimidación, hostigamiento y amenazas de muerte por informar de asuntos considerados delicados, como la corrupción y los abusos cometidos por las milicias.

El 12 de enero, los periodistas Saif Talal y Hassan al Anbaki, del canal de televisión Al Sharkia, fueron abatidos a tiros en el noroeste de Diyala cuando volvían de informar de un atentado suicida con explosivos cometido en Muqdadiya y de ataques de venganza perpetrados por las milicias contra árabes suníes. El canal acusó del homicidio de los periodistas a milicianos no identificados, pero las autoridades no lo investigaron adecuadamente.

En abril, la Comisión de Comunicaciones y Medios de Irak cerró la oficina en Bagdad de Al Yazira, acusando al canal de “incitar al sectarismo y la violencia”. En marzo, las autoridades cerraron las oficinas del canal de televisión Baghdadia en Irak, presuntamente por trabajar ilegalmente sin licencia. El canal había publicado artículos sobre la corrupción del gobierno y sobre protestas en demanda de reformas, y había sido objeto de varios cierres en los últimos años.

Región del Kurdistán iraquí

Los trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación, activistas y políticos que criticaban el régimen del gobernante Partido Democrático del Kurdistán sufrían hostigamiento y amenazas, y algunos fueron expulsados de la gobernación de Erbil. No se avanzó en la realización de investigaciones sobre la muerte en años anteriores de periodistas y otras personas consideradas críticas con las autoridades kurdas o contrarias a ellas.

El 13 de agosto, la familia de Wedad Hussein Ali, periodista que trabajaba para una publicación considerada afín al Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK), recogió su cadáver, que presentaba señales de tortura, como profundos desgarros en la cabeza. Unos testigos dijeron a la familia que lo habían visto vivo ese mismo día en un pueblo, al oeste de Dohuk, después de que unos hombres no identificados lo hubieran capturado en la calle a punta de pistola. Su familia y compañeros de trabajo denunciaron que había sido interrogado con anterioridad por las fuerzas de seguridad (asayish) en Dohuk y que había recibido amenazas de muerte. Las autoridades anunciaron una investigación dos días después de su homicidio, pero al finalizar el año no habían dado a conocer ninguna conclusión.

Las fuerzas asayish y otros cuerpos de seguridad kurdos detuvieron a miles de personas sospechosas de terrorismo, en su mayoría hombres y niños árabes suníes, en un contexto de graves retrasos al remitirlos al poder judicial, negación de visitas de familiares durante largos periodos y otras violaciones del debido proceso. En octubre, las autoridades del Gobierno Regional del Kurdistán dijeron que la Agencia de Seguridad General (Asayish Ghishti) y la sección de las fuerzas asayish de Erbil habían detenido a 2.801 personas sospechosas de terrorismo desde el comienzo del año.

Bassema Darwish, mujer yazidí que había sobrevivido a su cautividad en manos del Estado Islámico, seguía recluida sin juicio en Erbil desde su detención en octubre de 2014 en la población de Zummar, cuando ésta fue recuperada por las fuerzas peshmerga del control del Estado Islámico. Las autoridades la acusaron de complicidad en el homicidio de tres miembros de las fuerzas peshmerga, pero le negaron el derecho a un abogado de su elección y no realizaron una investigación independiente sobre las denuncias de que funcionarios de la Dirección General de Seguridad de Dohuk la habían torturado tras su detención.

Los tribunales de la región del Kurdistán de Irak continuaron imponiendo penas de muerte por delitos de terrorismo; no hubo ejecuciones.

Pena de muerte

Los tribunales condenaron a decenas de personas a morir en la horca; se llevaron a cabo decenas de ejecuciones. La presión pública y política sobre las autoridades para que ejecutaran a “terroristas” aumentó tras un atentado suicida con explosivos cometido en el barrio de Karrada de Bagdad el 2 de julio, en el que murieron casi 300 personas, en su mayoría civiles. Un líder de las milicias amenazó con matar a los condenados a muerte de la prisión de Nasriya si el gobierno no actuaba. El 12 de julio, el presidente Masum ratificó una ley que reformaba el Código de Procedimiento Penal para limitar la posibilidad de que se juzgara de nuevo a personas ya condenadas, con el fin de acelerar el proceso de ejecución.

El 21 de agosto, el gobierno anunció la ejecución de 36 hombres cuyas condenas habían sido ratificadas por el presidente Masum. Habían sido declarados culpables de participar en la masacre —cometida por combatientes del Estado Islámico— de hasta 1.700 cadetes chiíes en el campamento de entrenamiento militar Speicher en junio de 2014. Su juicio duró unas horas y estuvo empañado por violaciones del derecho a un juicio justo, como el hecho de que el tribunal no investigase las denuncias de los encausados de que sus “confesiones” hechas antes del juicio habían sido obtenidas mediante tortura.

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