Irak 2019
  • Informe Anual
Volver a Irak

Irak 2019

A partir de octubre, las fuerzas de seguridad, incluidas facciones de las Unidades de Movilización Popular, emplearon fuerza excesiva contra manifestantes en protestas que tuvieron lugar en todo el país, matando a 500 personas e hiriendo a miles más. Muchas de las víctimas mortales recibieron disparos efectuados con munición real o fueron alcanzadas por un tipo de bote de gas lacrimógeno que no se había visto hasta entonces. Los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad sometieron a detención, desaparición forzada y otras formas de intimidación a activistas, así como a profesionales del derecho que representaban a manifestantes, personal médico que atendía a las personas heridas y periodistas que cubrían las protestas. Las autoridades bloquearon el acceso a Internet, aparentemente para impedir la circulación de imágenes de abusos cometidos por las fuerzas de seguridad. Permanecían desplazadas internamente alrededor de 1,55 millones de personas, muchas de ellas con graves restricciones de su libertad de circulación. El cierre repentino de campos de acogida en las gobernaciones de Anbar y Nínive provocó el desplazamiento secundario de muchas familias. Miles de hombres y niños seguían en paradero desconocido tras haber sido sometidos a desaparición forzada por las fuerzas de seguridad iraquíes, incluidas las Unidades de Movilización Popular, cuando huían de territorios controlados por el Estado Islámico. Hubo denuncias generalizadas de tortura y otros malos tratos infligidos por las fuerzas del gobierno central iraquí y del Gobierno Regional del Kurdistán a las personas a quienes detenían, en particular a las sospechosas de estar vinculadas al Estado Islámico. Los tribunales iraquíes continuaron imponiendo penas de muerte, algunas de ellas en juicios injustos. El Estado Islámico atacó a la población civil con atentados con explosivos en ciudades y asesinatos de dirigentes de comunidades.

Información general

Pese al fin de la campaña militar lanzada para recuperar zonas controladas por el Estado Islámico en diciembre de 2017, las fuerzas del gobierno central iraquí y del Gobierno Regional del Kurdistán siguieron informando de operaciones militares en pequeña escala, incluidos bombardeos aéreos, en las que atacaban células del Estado Islámico en dichas zonas, sobre todo en las gobernaciones de Anbar, Diyala y Nínive. Aunque más de cuatro millones de iraquíes víctimas de desplazamiento habían regresado a sus zonas de origen, el ritmo de la reconstrucción en lugares muy afectados por el conflicto, como las gobernaciones de Anbar, Nínive y Salah al Din, era lento. La financiación de la ayuda humanitaria continuó menguando, y en los campos para personas desplazadas internamente se denunció el deterioro de los servicios médicos y educativos, entre otros.

Tras el comienzo de las operaciones militares turcas en el noreste de Siria el 9 de octubre, alrededor de 17.000 personas refugiadas sirias huyeron a la región del Kurdistán de Irak. Por otra parte, prosiguieron los ataques aéreos turcos en el norte de esta región, dirigidos, según informes, contra miembros del Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK).

El 1 de octubre comenzó a haber protestas en todo Irak para exigir mejoras en el empleo y los servicios públicos, así como el fin de la corrupción del gobierno. El 24 de octubre estallaron en todo el país protestas aún más multitudinarias en las que se pedía la caída del gobierno. El 1 de diciembre, el Parlamento aceptó la dimisión del primer ministro, Adil Abdul Mahdi, quien, no obstante, continuó ocupando el cargo con carácter provisional.

Libertad de expresión y de reunión

Uso excesivo de la fuerza

Entre octubre y diciembre, las fuerzas de seguridad emplearon fuerza excesiva contra manifestantes, matando a 500 personas e hiriendo a miles más.

Del 1 al 7 de octubre mataron a decenas de manifestantes e hirieron a miles más al dispersar las protestas con fuego real, gas lacrimógeno y cañones de agua caliente.

Según testigos, francotiradores apostados aparentemente tras las líneas de seguridad mataron a manifestantes en Bagdad. Personas participantes en las protestas denunciaron también la presencia constante de hombres armados que disparaban contra ellas, intentaban atropellarlas con sus vehículos y, en el distrito de Zafaraniya de la ciudad, las rodeaban para atacarlas luego con fuego real.[1] Los testigos aseguraron también que las fuerzas de seguridad persiguieron a manifestantes que trataban de huir, los atraparon y los golpearon con barras metálicas y con las culatas de sus fusiles.

En ciudades de varias gobernaciones del sur, las personas participantes en las protestas prendieron fuego a edificios públicos, de partidos políticos y de facciones de las Unidades de Movilización Popular, que formaban parte de las fuerzas de seguridad iraquíes desde 2016. Al menos 12 de ellas murieron al quedar atrapadas en uno de estos incendios. Facciones de las Unidades de Movilización Popular mataron a manifestantes que se habían acercado a edificios suyos.

Una investigación ordenada por el entonces primer ministro sobre los acontecimientos que tuvieron lugar del 1 al 7 de octubre reveló que 149 manifestantes y 8 miembros de las fuerzas de seguridad habían muerto a consecuencia del uso de fuerza excesiva, incluido fuego real. Más del 70% de las muertes habían sido por disparos en la cabeza y el pecho. La investigación concluyó que los altos mandos de las fuerzas de seguridad no habían ordenado el uso excesivo de la fuerza, sino que perdieron el control de sus unidades. Posteriormente se destituyó a algunos de ellos.

Tras una segunda oleada de protestas que comenzó el 24 de octubre, las fuerzas de seguridad volvieron a hacer un uso excesivo de la fuerza. El 25 de octubre, en Bagdad, las fuerzas antidisturbios lanzaron contra la multitud un tipo de bote de gas lacrimógeno que no se había visto hasta entonces y que, según testigos, por el modo de utilizarlos, tenía por objeto matar a manifestantes, en vez de dispersarlos. Eran granadas 10 veces más pesadas que los botes de gas lacrimógeno ordinarios y mataban casi en el acto a quienes alcanzaban. Personal médico voluntario denunció que se disparaban directamente contra manifestaciones pacíficas, haciendo que hombres, mujeres, niñas y niños se desmayaran o sufrieran asfixia.[2]

El 28 de octubre, las fuerzas de seguridad utilizaron fuego real y gas lacrimógeno para disolver manifestaciones multitudinarias mayoritariamente pacíficas en la ciudad meridional de Kerbala. También hicieron huir a manifestantes que celebraban una sentada pacífica e intentaron atropellar a personas con sus vehículos.[3]

Las fuerzas de seguridad continuaron empleando la violencia contra las protestas durante el mes de noviembre, en particular en las ciudades de Bagdad, Basora, Nayaf y Nasiriya.[4] Durante la noche del 27 de noviembre, en Nayaf, se denunció la muerte de al menos 12 personas en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad tras ser asaltado e incendiado por manifestantes el consulado iraní. La noche siguiente, varias fuerzas de seguridad atacaron a manifestantes en Nasiriya, matando al menos a 30 personas e hiriendo a muchas más.

Detenciones arbitrarias e intimidación

En el contexto de las protestas, activistas, profesionales del derecho que representaban a manifestantes, personal médico que socorría a las personas heridas y periodistas que cubrían las protestas sufrieron una campaña de intimidación de los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad –incluidas facciones de las Unidades de Movilización Popular–, que atacaban sistemáticamente a cualquiera que alzara la voz contra su conducta. En muchos casos se amenazó y golpeó a activistas que estaban bajo custodia con el fin de que firmaran documentos donde se comprometían a dejar de manifestarse, antes de permitirles salir en libertad. Hubo activistas que dijeron que las fuerzas de seguridad les habían advertido que se habían añadido sus nombres a una lista elaborada por los servicios de inteligencia.

En Bagdad hubo activistas que denunciaron que unos hombres vestidos de civil y que se habían identificado como agentes de los servicios locales de inteligencia se habían presentado en sus casas y los habían interrogado sobre sus actividades durante las protestas. En ningún momento se les enseñó una orden de detención o de registro.[5] En hospitales de Bagdad y Kerbala se detuvo a manifestantes heridos, lo que dio lugar a que muchas otras personas heridas evitaran buscar ayuda médica. Algunas personas que habían sido detenidas en Kerbala denunciaban que las fuerzas de seguridad golpeaban y herían durante el interrogatorio a quienes habían participado en protestas, incluso cuando se trataba de menores de edad.

Decenas de manifestantes y activistas de varias gobernaciones, incluidas las de Bagdad, Amara y Kerbala, sufrieron secuestro y desaparición forzada a manos de las fuerzas de seguridad en el periodo comprendido entre principios de octubre y diciembre; en algunos casos quedaron en libertad días o semanas después. Además, asaltantes armados no identificados dispararon y mataron a manifestantes y atacaron en Bagdad las oficinas de varios medios de comunicación locales y regionales que cubrían las protestas.

Toques de queda y cierre de Internet

Las autoridades impusieron reiteradamente toques de queda en octubre y noviembre y bloquearon de manera intermitente el acceso a Internet en todo el país, salvo en la región del Kurdistán de Irak. Aunque posteriormente se permitió el uso restringido de Internet, el acceso a las plataformas de redes sociales permaneció bloqueado. Muchas personas creían que las autoridades habían desactivado el acceso a Internet durante la represión para impedir la circulación de fotografías y vídeos de los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad.

Región del Kurdistán de Irak

El 26 de enero estallaron protestas cerca de una base militar turca en la zona de Shiladze, gobernación de Dohuk, después de que se denunciara que había habido víctimas civiles en ataques aéreos turcos efectuados el 24 de enero. Activistas y medios de comunicación locales informaron de que un grupo de manifestantes habían irrumpido en la base y provocado incendios y de que a dos de ellos los habían matado. El 27 de enero, la Asayish, la agencia de seguridad del Gobierno Regional del Kurdistán, detuvo a decenas de manifestantes, activistas, periodistas y personas que podían ser ajenas a los incidentes. Aunque en algunos casos quedaron en libertad sin cargos ese mismo día, en otros se presentaron acusaciones en su contra, si bien la mayoría salieron en libertad bajo fianza durante los días y semanas posteriores. También el 27 de enero, la Asayish detuvo a un periodista y a dos activistas que, según sus familiares, se dirigían a una concentración organizada en la ciudad de Duhok para apoyar las protestas de Shiladze. Se presentaron cargos en su contra y quedaron en libertad bajo fianza a principios de marzo.[6]

Personas internamente desplazadas

Aproximadamente 1,55 millones de personas permanecían desplazadas internamente a consecuencia del conflicto armado contra el Estado Islámico, la mayoría de ellas en campos de acogida y asentamientos informales de las gobernaciones de Anbar, Nínive y Salah al Din, donde habían llegado tras sufrir desplazamiento secundario.

Las familias desplazadas seguían sufriendo trabas para conseguir documentación sobre el estado civil de sus miembros, lo que restringía su libertad de circulación y su acceso al empleo y los servicios públicos, incluida la educación para sus hijos e hijas. Los agentes de seguridad amenazaron —y, en algunos casos, detuvieron— a profesionales del derecho que intentaban ayudar a obtener documentos civiles a familias consideradas afines al Estado Islámico.

En todo Irak, las personas internamente desplazadas que vivían en campos de acogida continuaban sufriendo graves restricciones de su libertad de circulación cuando intentaban salir de ellos, aunque fuera por razones médicas. Las autoridades del Gobierno Regional del Kurdistán continuaron impidiendo a las personas de etnia árabe desplazadas regresar a las ciudades y pueblos de los territorios en disputa bajo su control donde habitaban anteriormente. Muchos hombres y niños no acompañados que vivían en campos en la región del Kurdistán de Irak tras haberlos detenido el Gobierno Regional del Kurdistán por su presunta vinculación con el Estado Islámico y dejarlos luego en libertad—sin cargos o tras ser declarados culpables y condenados— no regresaban a sus zonas de origen en territorios controlados por las autoridades centrales iraquíes por el peligro de que allí los detuvieran u hostigaran las fuerzas de seguridad.

Las autoridades iraquíes cerraron de manera repentina campos para personas desplazadas internamente en las gobernaciones de Anbar y Nínive, lo que obligó a sus ocupantes a trasladarse a campos consolidados de las inmediaciones o regresar a sus zonas de origen. La medida vulneró su derecho a un retorno seguro, voluntario y digno. Muchas personas se vieron desplazadas por segunda vez, con la consiguiente dificultad de las agencias humanitarias para llegar hasta ellas y seguirles la pista, después de que actores locales y de seguridad se negaran a dejarlas entrar en sus zonas de origen porque las consideraban afines al Estado Islámico.[7]

Las agencias humanitarias informaron de que había aumentado el número de iraquíes víctimas de desplazamiento que habían regresado a sus zonas de origen y vivían allí en condiciones precarias. Algunas familias, en particular varias consideradas afines al Estado Islámico, fueron desalojadas de sus casas por hombres armados, incluidas milicias tribales locales, que luego confiscaron o destruyeron sus bienes. Dichos actores intimidaban y acosaban sexualmente a las mujeres de estas familias.

Desapariciones forzadas

Las personas desplazadas internamente consideradas afines al Estado Islámico eran sometidas a desaparición forzada tras ser detenidas por las fuerzas de seguridad del gobierno central de Irak en puestos de control, campos de acogida y zonas de origen a las que habían regresado. Muchas de las detenciones tenían lugar en zonas que habían estado controladas por el Estado Islámico o que se creía que habían sido bastiones suyos.

Seguía sin conocerse la suerte de miles de hombres y niños que habían sido detenidos y sometidos luego a desaparición forzada por las fuerzas de seguridad del gobierno central de Irak —incluidas las Unidades de Movilización Popular— al huir de zonas controladas por el Estado Islámico entre 2014 y 2018. Su desaparición forzada convirtió en cabezas de familia a muchas mujeres, que sufrían el estigma de su presunta vinculación con el Estado Islámico.

En septiembre, la Alta Comisión de Derechos Humanos de Irak pidió que el Parlamento aprobara un anteproyecto de ley, presentado por primera vez en 2015, para incorporar a la legislación las disposiciones de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que Irak había ratificado en 2010. El anteproyecto de ley seguía pendiente de aprobación al terminar el año.

Tortura y otros malos tratos

Hubo denuncias generalizadas de tortura y otros malos tratos infligidos a personas bajo custodia de las fuerzas del gobierno central de Irak y del Gobierno Regional del Kurdistán, en particular a personas sospechosas de vinculación con el Estado Islámico, a quienes que se coaccionaba en los interrogatorios para que “confesaran”. Los tribunales siguieron admitiendo en los juicios pruebas obtenidas mediante tortura, especialmente en los de personas sospechosas de pertenecer al Estado Islámico.

La Alta Comisión de Derechos Humanos de Irak denunció el hacinamiento y el deterioro de las condiciones de reclusión en las prisiones de Irak consecuencia del aumento en ellas del número de personas sospechosas de vinculación con el Estado Islámico.

Pena de muerte

Se impusieron condenas a muerte por actividades de terrorismo, delitos de drogas, asesinato y secuestro.

Se condenó a muerte a personas iraquíes y extranjeras detenidas por su presunta vinculación con el Estado Islámico tras juicios con graves irregularidades, a menudo sin que hubieran tenido acceso a una defensa adecuada y sobre la base de “confesiones” obtenidas mediante tortura.

Abusos cometidos por grupos armados

El Estado Islámico continuó atacando a la población civil con asesinatos y atentados con explosivos. El grupo armado reivindicó un atentado con explosivos perpetrado en la ciudad de Kerbala el 20 de septiembre, que mató al menos a 12 civiles e hirió a 5 más. Asimismo, asesinó a dirigentes de comunidades en las gobernaciones de Diyala y Nínive en un intento evidente de disuadir a la población de cooperar con las fuerzas de seguridad y permitir a sus combatientes circular libremente por la zona.

Se determinó que unos cadáveres exhumados en una fosa común en la región de Sinyar, gobernación de Nínive, bajo la supervisión del Equipo de Investigaciones de la ONU para Promover la Rendición de Cuentas por los Crímenes del Estado Islámico, eran de hombres y niños yazidíes asesinados por el grupo armado en agosto de 2014. Seguía sin conocerse la suerte de más de 3.000 mujeres y niñas yazidíes secuestradas por el Estado Islámico.

Más de 400 hectáreas de tierras agrícolas fueron incendiadas, presuntamente por el Estado Islámico, en las gobernaciones del centro del país. Las autoridades iraquíes ordenaron una investigación, pero no se hizo pública ninguna conclusión.


[1] Irak: Intimidación y ataques mortales de francotiradores mientras se intensifica la represión de manifestantes (noticia, 9 de octubre)

[2] Iranian tear gas grenades among those causing gruesome protester deaths in Iraq (noticia, 31 de octubre)

<[3] Irak: Las fuerzas de seguridad dan lugar a terribles escenas al usar medios letales para dispersar protestas en Karbala (noticia, 29 de octubre)

[4] Irak: Rein in security forces to prevent a bloodbath (noticia, 9 de noviembre)

[5] Irak: Stop security forces from threatening, forcibly disappearing and abusing activists (noticia, 18 de octubre)

[6] Irak: Fist around freedom of expression tightens (MDE 14/9962/2019)

[7] Irak: Detengan las devoluciones de cientos de personas internamente desplazadas (noticia, 28 de agosto)