Bahréin 2016/2017

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Bahréin 2016/2017

Las autoridades restringieron aún más el derecho a la libertad de expresión y de asociación, y continuaron limitando el derecho de reunión pacífica. Detuvieron y acusaron formalmente a varios defensores y defensoras de los derechos humanos y prohibieron viajar al extranjero a otros; disolvieron el principal grupo de oposición, y retiraron la nacionalidad a más de 80 personas, a 4 de las cuales expulsaron. Continuaban en prisión líderes de la oposición que eran presos y presas de conciencia. Se recibieron nuevos informes sobre tortura y otros malos tratos, y sobre juicios injustos. Las mujeres continuaban estando discriminadas en la legislación y en la práctica. Los trabajadores y trabajadoras migrantes y las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales sufrían discriminación. No hubo nuevas condenas a muerte ni ejecuciones.

Información general

En marzo Bahréin se convirtió en Estado Parte en la Convención de la ONU sobre Ciertas Armas Convencionales.

En mayo, la institución nacional de derechos humanos de Bahréin recibió la acreditación de la categoría “B” del Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos por no cumplir plenamente los Principios de París. Una de las razones que esgrimió el Comité fue que en la junta encargada de tomar decisiones de la institución había representantes del gobierno, lo que menoscababa su independencia.

También en mayo, el gobierno firmó un acuerdo comercial y económico con Suiza que contenía dos memorandos no vinculantes legalmente sobre el trato dispensado a los reclusos y los derechos de las mujeres en Bahréin. En septiembre, el gobierno de Estados Unidos bloqueó la venta de aviones de combate y equipo conexo a Bahréin en espera de mejoras en la situación de los derechos humanos.

Bahréin seguía formando parte de la coalición dirigida por Arabia Saudí que participaba en el conflicto armado de Yemen (véase el apartado sobre Yemen).

El gobierno no permitió en todo el año el acceso al país de representantes de organizaciones internacionales de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional.

Libertad de expresión

Las autoridades continuaban restringiendo severamente la libertad de expresión, y detuvieron y enjuiciaron a defensores y defensoras de los derechos humanos y a activistas religiosos por valerse de reuniones públicas o de las redes sociales para criticar al gobierno y a las autoridades saudíes, así como los ataques aéreos de la coalición dirigida por Arabia Saudí en Yemen. Continuaban en prisión líderes de oposición que cumplían condenas impuestas en años anteriores por su oposición pacífica al gobierno y que eran presos y presas de conciencia.

En febrero, un tribunal condenó a Ebrahim Sharif, ex secretario general de la Sociedad de Acción Democrática Nacional (Waad), a un año de prisión tras declararlo culpable de “incitación al odio y al desacato al régimen”. Quedó en libertad en julio, tras haber cumplido su condena; la pena de un año de prisión se confirmó en noviembre. Ese mismo mes las autoridades lo acusaron de “incitar al odio al régimen” por unos comentarios que había hecho en una entrevista para los medios de comunicación sobre la visita a Bahréin del príncipe Carlos de Inglaterra. Ese mismo mes se retiraron los cargos.

En marzo, las autoridades detuvieron a la activista Zainab al Khawaja para que cumpliera varias condenas que sumaban en total 37 meses, tras ser declarada culpable de varios cargos, incluido el de romper fotografías del rey. Su encarcelamiento suscitó críticas generalizadas. Tras ser puesta en libertad en mayo por “motivos humanitarios”, salió de Bahréin.

En abril, un tribunal penal condenó a un año de prisión al activista Saeed Mothaher Habib al Samahiji por criticar a las autoridades saudíes en Twitter.

En mayo, un tribunal de apelación elevó de cuatro a nueve años la pena de prisión impuesta en 2015 a Sheikh Ali Salman, líder de la Sociedad Nacional Islámica Al Wefaq, el principal grupo de oposición. El tribunal había anulado su absolución del cargo de incitar al cambio del sistema político “por la fuerza, amenazas y otros medios ilegales”. En octubre, el Tribunal de Casación rechazó esta decisión y devolvió la causa al tribunal de apelación, que en diciembre confirmó la condena de nueve años de prisión.

En junio fue detenido el defensor de los derechos humanos Nabeel Rajab, acusado de “difundir información y rumores falsos con el fin de desacreditar el Estado” durante entrevistas en televisión. En julio dio comienzo su juicio por unos comentarios que había hecho en Twitter en 2015 para denunciar torturas en la prisión de Yaw y criticar los bombardeos aéreos dirigidos por Arabia Saudí en Yemen. En diciembre, el tribunal ordenó que fuera puesto en libertad con fianza mientras se celebraba el juicio, pero volvió a ser detenido de inmediato para someterlo a investigación en relación con el cargo principal por el que lo habían detenido en junio. También se enfrentaba a procesamiento en otras causas por unos comentarios que había hecho en un artículo del New York Times titulado “Carta desde una cárcel bahreiní” y en una carta publicada en el periódico Le Monde.

Las autoridades continuaban imponiendo restricciones a los medios de comunicación. En febrero, el ministro de Información prohibió a los medios que empleasen a periodistas que “insultaran” a Bahréin o a otros Estados árabes o del Golfo.

Libertad de asociación

Las autoridades restringieron aún más la libertad de asociación y siguieron manteniendo encarcelados a algunos líderes de Al Wefaq y de otros partidos de la oposición, y hostigando a otros con reiteradas citaciones para ser interrogados.

Tras suspender a Al Wefaq, confiscaron sus bienes en junio y obtuvieron una orden judicial para su disolución en julio por presuntas infracciones de la Ley de Asociaciones Políticas.

Libertad de reunión

Las autoridades mantuvieron la prohibición de todas las reuniones públicas en la capital, Manama. Continuó habiendo protestas frecuentes, algunas de las cuales desembocaron en actos violentos, en los pueblos chiíes, sobre todo después de la disolución forzada de Al Wefaq. Las fuerzas de seguridad usaron fuerza excesiva para dispersar algunas protestas, disparando perdigones y gas lacrimógeno, y detuvieron a decenas de activistas religiosos y otros manifestantes, menores de edad incluidos. Al menos un agente de policía y una transeúnte murieron en actos violentos relacionados con protestas.

En enero, las fuerzas de seguridad dispersaron por la fuerza a las personas que protestaban por la ejecución de Sheikh Nimr al Nimr en Arabia Saudí. La policía empleó gas lacrimógeno y perdigones y detuvo a manifestantes.

En junio, las fuerzas de seguridad bloquearon el acceso al pueblo de Duraz totalmente, salvo para sus habitantes, después de que un grupo de personas se concentrara y empezara una sentada de protesta frente al domicilio de Sheikh Issa Qassem, líder espiritual chií a quien las autoridades habían retirado la nacionalidad. Durante la sentada, las autoridades detuvieron o citaron para interrogarlos a decenas de manifestantes, entre los que había al menos 70 clérigos chiíes y varios defensores y defensoras de los derechos humanos, y acusaron a algunos de “reunión ilegal”. Los tribunales condenaron a 11 clérigos chiíes a penas de uno o dos años de prisión por este cargo.

Libertad de circulación

Las autoridades impusieron prohibiciones administrativas que impidieron al menos a 30 defensores y defensoras de los derechos humanos y a otras personas críticas viajar al extranjero, en concreto asistir a reuniones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra (Suiza). Posteriormente se presentaron cargos contra 12 de estas personas, especialmente de “reunión ilegal”.

Privación de la nacionalidad y expulsiones

Las autoridades obtuvieron órdenes judiciales que privaron de la nacionalidad al menos a 80 personas declaradas culpables de delitos de terrorismo, lo que convirtió a muchas de ellas en apátridas. En junio, el Ministerio del Interior retiró también la nacionalidad a Sheikh Issa Qassem, líder espiritual de Al Wefaq, que no había sido declarado culpable de ningún delito. Las autoridades expulsaron a cuatro de las personas a quienes habían retirado la nacionalidad, cuatro hombres entre los que figuraba el abogado defensor de los derechos humanos Taimoor Karimi. Un tribunal de apelación decidió en marzo que el preso de conciencia Ibrahim Karimi fuera expulsado de Bahréin cuando cumpliera su condena a 25 meses de prisión en 2018.

Tortura y otros malos tratos

Continuaron recibiéndose informes de tortura y otros malos tratos, sobre todo de personas sospechosas de terrorismo y otros delitos sometidas a interrogatorio por la Dirección de Investigaciones Criminales de la policía. Seguían celebrándose juicios sin garantías, y los tribunales continuaban basándose en “confesiones” supuestamente obtenidas mediante coacción para dictar sentencias condenatorias por delitos de terrorismo.

Internos de las prisiones de Dry Dock y Yaw denunciaron malos tratos, como reclusión en régimen de aislamiento y atención médica insuficiente.

Impunidad

Prevalecía en gran medida un clima de impunidad, aunque el defensor del Pueblo del Ministerio del Interior y la Unidad de Investigaciones Especiales de la Fiscalía continuaron investigando presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad. Se procesó a varios miembros de baja graduación de las fuerzas de seguridad, pero a ningún mando.

La Unidad de Investigaciones Especiales afirmó que durante el año había recibido 225 denuncias y había remitido a los tribunales a 11 miembros de las fuerzas de seguridad por cargos de agresión. Durante 2016 se dictaron sentencias condenatorias al menos contra 4 miembros de las fuerzas de seguridad, y al menos 12 fueron absueltos. En enero, el Tribunal de Apelación elevó de dos a siete años las penas de prisión impuestas a dos agentes de policía por causar la muerte bajo custodia de Ali Issa Ibrahim al Saqer en 2011. En marzo, el Tribunal condenó a un policía a tres años de prisión por el homicidio ilegítimo de Fadhel Abbas Muslim Marhoon en 2014, anulando así la decisión anterior de absolverlo.

En febrero, el Tribunal de Apelación confirmó la absolución de un agente de policía que había sido grabado en vídeo cuando disparaba a quemarropa a un manifestante pacífico en enero de 2015, al resolver que no había pruebas que confirmasen la presencia de la víctima ni de lesiones, a pesar de las imágenes. En marzo, el Tribunal anuló las sentencias condenatorias dictadas contra tres policías en 2015 por haber causado la muerte bajo custodia de Hassan Majeed al Shaikh en noviembre de 2014 y redujo la condena de otros tres agentes de cinco a dos años.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

Las autoridades continuaban aplicando las disposiciones del Código Penal sobre “actos licenciosos” y “obscenidad” para enjuiciar y encarcelar a personas por mantener relaciones homosexuales.

En enero y febrero, los tribunales rechazaron las solicitudes de cambio de género en los documentos oficiales presentadas por tres bahreiníes que se habían sometido a operaciones de cambio de sexo en el extranjero.

En septiembre, un tribunal condenó a 28 hombres a entre seis meses y dos años de prisión tras declararlos culpables de “actos licenciosos” y “obscenidad” por haber asistido a una fiesta privada en la que algunos vistieron ropa de mujer. En noviembre, un tribunal de apelación les redujo las condenas a entre uno y tres meses.

Derechos de las mujeres

Las mujeres estaban discriminadas en la legislación y en la práctica. En mayo, el Parlamento decidió abolir el artículo 353 del Código Penal, que permitía que los violadores eludieran la pena de prisión si la víctima consentía en casarse con ellos.

Derechos de trabajadores y trabajadoras migrantes

Los trabajadores y las trabajadoras migrantes continuaban sufriendo explotación y abusos a manos de los empleadores. En julio, más de 2.000 participaron en una marcha pacífica para protestar por el impago de sus salarios por sus empleadores.

Pena de muerte

La pena de muerte continuó en vigor. Los tribunales no impusieron nuevas condenas a muerte, pero el Tribunal de Casación confirmó dos impuestas en años anteriores y revocó cuatro, tres de las cuales el Tribunal de Apelación volvió a imponer posteriormente. No se llevaron a cabo ejecuciones.

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