Argelia 2019
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Argelia 2019

Las fuerzas de seguridad respondieron al masivo movimiento de protesta Hirak con medidas como uso excesivo o innecesario de la fuerza para dispersar algunas manifestaciones, detención arbitraria de cientos de manifestantes y enjuiciamiento e imposición de penas de prisión a decenas de personas en virtud de disposiciones del Código Penal tales como “atentado a la integridad del territorio nacional” e “incitación a una concentración no armada”. Las autoridades prohibieron las actividades de varias asociaciones, a menudo en relación con las protestas del Hirak. Las fuerzas de seguridad sometieron a activistas a tortura y malos tratos, sobre todo palizas. Las autoridades ordenaron el cierre de nueve iglesias cristianas. Las fuerzas de seguridad detuvieron a miles de personas migrantes subsaharianas, algunas de las cuales fueron trasladadas a la fuerza al extremo sur de Argelia, mientras que otras fueron expulsadas del país. Los grupos de defensa de los derechos de las mujeres participaron activamente en el movimiento Hirak para pedir que se pusiera fin a todas las formas de violencia por motivos de género y se derogara el Código de Familia, que discriminaba a las mujeres en relación con la herencia, el matrimonio, el divorcio y la custodia y tutela de los hijos e hijas. Se seguían penalizando las relaciones homosexuales. Se restringió indebidamente el derecho a crear sindicatos. Se dictaron sentencias de muerte, pero no hubo ejecuciones.

Información general

En febrero comenzó el movimiento de protesta conocido como Hirak (“movimiento” en árabe) y millones de argelinos y argelinas participaron en manifestaciones mayoritariamente pacíficas en ciudades de todo el país para pedir “la destitución de todas las personas” vinculadas al poder establecido. El 2 de abril, Abdelaziz Buteflika dimitió como presidente tras 20 años en el poder. En mayo, la policía detuvo a decenas de figuras del ámbito político y empresarial por delitos de corrupción, y en septiembre los tribunales comenzaron a imponerles penas de prisión.

Pese a la fuerte oposición del movimiento de protesta, el presidente en funciones Abdelkader Bensala creó en julio un comité de seis miembros para supervisar un diálogo nacional, y en septiembre anunció elecciones presidenciales, que se celebraron el 12 de diciembre.

En noviembre, el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre las libertades en Argelia en la que se pedía al Servicio Europeo de Acción Exterior, la Comisión Europea y los Estados miembros que apoyaran a grupos de la sociedad civil, defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y manifestantes, con medidas que incluían la organización de visitas a prisiones y la observación de juicios.

Libertad de expresión, de asociación y de reunión

En general, las autoridades permitieron que las protestas del Hirak se celebraran todos los viernes en la capital, Argel, lo que supuso un cambio con respecto a la prohibición de las manifestaciones en la ciudad, vigente de facto desde 2001. Sin embargo, a partir de finales de febrero, las fuerzas de seguridad usaron fuerza excesiva o innecesaria —con balas de goma, gas lacrimógeno, cañones de agua y porras— para dispersar varias protestas pacíficas en Argel y otras ciudades. El 19 de abril, Ramzi Yettou murió en el hospital tras haber sido golpeado con porras por la policía cuando regresaba a su domicilio después de haber asistido a una manifestación una semana antes. Las fuerzas de seguridad solían limitar el acceso a Argel los viernes, sobre todo estableciendo puestos especiales de control de la gendarmería y la policía y amenazando con confiscar los automóviles y autobuses que entraran en la ciudad e imponer multas a quienes los condujeran.

Agentes de la policía y la gendarmería, a menudo vestidos de civil, detuvieron de forma arbitraria a cientos de participantes en manifestaciones pacíficas, y en muchos casos les confiscaron el teléfono para limitar la cobertura de las protestas. A partir de junio, los tribunales enjuiciaron a más de una centena de manifestantes por cargos relacionados con opiniones que habían expresado de manera pacífica sobre las protestas del Hirak o en el curso de ellas. Decenas de estas personas fueron condenadas a prisión.

Entre junio y julio, los fiscales acusaron al menos a 34 personas de “atentado a la integridad del territorio nacional” sólo por sostener o llevar la bandera amazigh en una manifestación.[1] En octubre y noviembre, los tribunales impusieron penas de hasta 18 años de prisión al menos a 28 de ellas.

En septiembre se acusó al menos a 24 activistas de “incitación a una concentración no armada” y “atentado a la integridad del territorio nacional” sólo por participar pacíficamente en manifestaciones, llevar carteles o publicar fotos de los carteles o mensajes en Internet.[2]

En noviembre, coincidiendo con el comienzo de la campaña de las elecciones presidenciales, las fuerzas de seguridad intensificaron su espiral de detenciones. Según los cálculos de organizaciones de derechos humanos sobre el terreno, sólo entre el 17 y el 24 de noviembre fueron detenidas al menos 300 personas.[3] En diciembre, las autoridades dejaron en libertad al menos a 13 manifestantes pacíficos.

Las autoridades prohibieron las actividades de varias asociaciones, a menudo en relación con las protestas del Hirak. En agosto, las autoridades locales de Tichy, en el norte de Argelia, prohibieron la celebración de una “universidad de verano” de la Agrupación Acción Juvenil, organización activa desde 1993 y que había estado coordinando actividades relacionadas con las protestas del Hirak. También en agosto, las autoridades prohibieron una reunión prevista en Argel por grupos políticos integrantes del “Pacto por una alternativa democrática” para debatir la situación política del país.

Durante el año se detuvo durante unas horas y se interrogó sobre su trabajo al menos a 10 periodistas de Argelia que informaban sobre las protestas del Hirak, y también se detuvo y se expulsó posteriormente a cuatro periodistas extranjeros que realizaban la misma labor. Ahmed Benchemsi, director de Trabajo de Incidencia y Comunicación de Human Rights Watch para Oriente Medio y el Norte de África, fue detenido el 9 de agosto mientras daba seguimiento a una manifestación en Argel; estuvo recluido durante 10 horas y fue expulsado del país 10 días después.

A partir de junio, las autoridades interrumpieron con frecuencia el acceso a los sitios web de noticias independientes Tout sur l’Algérie y Algérie Part, al parecer para censurar la información que daban sobre las manifestaciones.

Los defensores y defensoras de los derechos humanos y quienes se dedicaban a la política también fueron objeto de ataques en otros contextos.

El activista de los derechos de las minorías Kamel Eddine Fekhar, ex presidente de la sección de la Liga Argelina para la Defensa de los Derechos Humanos de la ciudad de Gardaya, fue detenido el 31 de marzo junto con otro activista por unos comentarios publicados en Internet en los que se criticaba a las autoridades judiciales locales. Comenzó inmediatamente una huelga de hambre, a causa de la cual murió bajo custodia el 28 de mayo. El Ministerio de Justicia anunció una investigación sobre su muerte, pero no dio a conocer públicamente las conclusiones.

Un tribunal militar condenó en septiembre a Louisa Hanoune, jefa del Partido de los Trabajadores, a 15 años de prisión por “conspirar” contra el ejército tras haberse reunido a finales de marzo con dos ex jefes de los servicios de inteligencia y el hermano del ex presidente Buteflika para debatir la situación política del país.

Las autoridades siguieron dejando a numerosas asociaciones, entre ellas Amnistía Internacional Argelia, en una situación jurídica incierta al no aceptar las solicitudes de inscripción en el registro presentadas conforme a la sumamente restrictiva Ley de Asociaciones.

Tortura y otros malos tratos

Las fuerzas de seguridad sometieron a activistas a tortura y otros malos tratos, especialmente palizas y reclusión en régimen de aislamiento. En enero, el periodista Adlène Mellah dijo a Amnistía Internacional que, tras haber sido detenido, unos gendarmes lo habían golpeado, sometido a simulacros de ahogamiento e introducido en la boca un trapo mojado en lejía. Las autoridades no ordenaron una investigación sobre sus denuncias de tortura.

Según fuentes creíbles, los activistas del Hirak detenidos Chems Eddine Brahim Lalami, Sofiane Babaci y Younes Rejal fueron golpeados bajo custodia en noviembre. Karim Tabbou, líder del partido Unión Democrática y Social, estaba recluido en régimen de aislamiento prolongado al concluir el año, tras haber sido detenido en septiembre por criticar públicamente al jefe de ejército.

Libertad de religión o de creencias

Las autoridades de varias regiones del país ordenaron el cierre de nueve iglesias cristianas por considerar que no cumplían un decreto de 2006 sobre “cultos no musulmanes” ni las normas de seguridad.

En junio, un tribunal de la ciudad portuaria de Mostaganem, en el noroeste del país, impuso a un cristiano una condena de prisión condicional y una multa de 100.000 dinares argelinos (unos 840 dólares estadounidenses) por celebrar una reunión de oración en su domicilio. En otro caso, se impuso una multa de 50.000 dinares (unos 420 dólares) a Amar Ait Ouali por celebrar un servicio religioso en terrenos de su propiedad en un pueblo cercano a Akbou, localidad de la región de la Cabilia, al este de Argel, tras el cierre forzoso de la iglesia local en octubre de 2018.

En octubre, la policía irrumpió en el mayor templo protestante de Argelia, la Iglesia del Evangelio Completo, situada en Tizi Uzu, una ciudad de la Cabilia, y lo cerró. Los agentes agredieron a las personas que se encontraban en el templo y obligaron a marcharse a unas 15. Al día siguiente, la policía precintó dos iglesias más en la provincia de Tizi Uzu. El 17 de octubre, la policía detuvo y posteriormente dejó en libertad a decenas de manifestantes que protestaban contra la represión.

Personas migrantes

Las fuerzas de seguridad detuvieron a miles de personas migrantes subsaharianas. Algunas fueron trasladadas a la fuerza al extremo sur de Argelia y otras fueron expulsadas del país. Según una organización internacional que vigilaba la situación sobre el terreno en Argelia y en Níger, entre enero y noviembre fueron expulsadas casi 11.000 personas, la mayoría procedentes de Níger.

Derechos de las mujeres

Los grupos feministas y de defensa de los derechos de las mujeres participaron activamente en el movimiento Hirak para pedir el fin de todas las formas de violencia por motivos de género y mayor igualdad de género. Pedían la derogación del Código de Familia, que discriminaba a las mujeres en relación con la herencia, el matrimonio, el divorcio y la custodia y tutela de los hijos e hijas, así como la aplicación efectiva de la legislación aprobada en los últimos años, como por ejemplo la ley de 2015 que había modificado el Código Penal para penalizar la violencia contra las mujeres.

El Código Penal seguía conteniendo una “cláusula de perdón”, que permitía a los violadores evitar la condena si eran perdonados por su víctima, y no reconocía explícitamente la violación conyugal como delito.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

El Código Penal seguía tipificando las relaciones homosexuales como delito, penado con entre dos meses y dos años de prisión o entre seis meses y tres años en algunos casos. Un activista perteneciente a un grupo LGBTI argelino dijo a Amnistía Internacional que esas disposiciones, aunque apenas se utilizaban, hacían que las personas LGBTI se sintieran vulnerables y servían para presionar a las que eran víctimas de delitos a fin de que retiraran sus denuncias.

En diciembre, el entonces ministro de Interior, Salahedine Dahmoune, llamó “traidores, mercenarios y homosexuales” a quienes participaban en las manifestaciones contra la celebración de las elecciones presidenciales, lo que causó indignación.

Derechos laborales

El Código de Trabajo seguía restringiendo indebidamente el derecho a crear sindicatos, al limitar las federaciones y confederaciones sindicales a un único sector laboral, permitir crear sindicatos sólo a personas nacidas en Argelia o que tuvieran la nacionalidad argelina como mínimo desde hacía 10 años y restringir la financiación extranjera de los sindicatos. Las autoridades continuaron negando la inscripción en el registro de la Confederación Autónoma General de Trabajadores Argelinos, organización de carácter independiente y multisectorial que había presentado su solicitud por primera vez en 2013.

Pena de muerte

Los tribunales siguieron imponiendo condenas a muerte. No se llevaban a cabo ejecuciones desde 1993.

[1] Algeria: 41 arrested for carrying the Amazigh flag as authorities crack down on freedom of expression (noticia, 5 de julio)

[2] Argelia: La restricción de las protestas en medio de una oleada de detenciones de manifestantes debe acabar (noticia, 19 de septiembre)

[3] Argelia: Las autoridades intensifican la represión antes de las elecciones presidenciales (noticia, 5 de diciembre)