Resumen

Se restringió desproporcionadamente el derecho a la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica de personas que apoyaban la independencia catalana. Decenas de personas fueron procesadas por “enaltecimiento del terrorismo” y “humillación a las víctimas” en redes sociales. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley emplearon fuerza excesiva contra manifestantes que opusieron resistencia pacífica a la operación policial que daba cumplimiento a la orden judicial del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que impedía la celebración del referéndum sobre la independencia de esa comunidad autónoma. España reubicó a un número de solicitantes de asilo menor del que se había comprometido a acoger en el marco del programa de reubicación de la UE, y también reasentó a menos personas refugiadas de las previstas en su compromiso. Continuaron los desalojos forzosos, que afectaron a miles de personas. Las autoridades continuaron cerrando investigaciones sobre crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo.

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