Resumen

Persistió el uso del delito de “enaltecimiento del terrorismo” para procesar a personas que ejercían de manera pacífica su derecho a la libertad de expresión. Se denunciaron nuevos casos de tortura y otros malos tratos, uso excesivo de la fuerza y expulsión colectiva por parte de agentes de policía contra personas, entre ellas las que intentaban entrar irregularmente en los enclaves españoles de Ceuta y Melilla desde Marruecos. En algunos casos no se investigaron eficazmente las denuncias de tortura y otros malos tratos. Las autoridades sólo aceptaron reasentar y reubicar a unos pocos cientos de personas refugiadas, una cantidad muy inferior a la declarada en los compromisos contraídos. Las autoridades continuaron negándose a cooperar con la justicia argentina en la investigación de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo.

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