Grecia 2020
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Grecia 2020

Las medidas de austeridad adoptadas en la última década continuaron mermando la accesibilidad y asequibilidad de la asistencia médica. Persistieron las denuncias de tortura y otros malos tratos y de uso excesivo de la fuerza por la policía. Hubo informes sobre más devoluciones ilegales de personas refugiadas y migrantes por tierra y por mar. Un tribunal de Atenas dictó en octubre una sentencia histórica en la que declaraba al partido ultraderechista Amanecer Dorado culpable de dirigir una organización criminal. El campo para personas refugiadas de Moria, en la isla de Lesbos, quedó destruido por varios incendios.

Información general

En octubre, el Fondo Monetario Internacional subrayó que la pandemia de COVID-19 había interrumpido la modesta recuperación económica de Grecia, con una contracción del PIB del 7,9% en la primera mitad del año.

Derecho a la salud

Según una investigación publicada en abril, las medidas de austeridad adoptadas en los 10 últimos años habían seguido mermando la accesibilidad y asequibilidad de la asistencia médica en Grecia.1 Como consecuencia, muchas personas tuvieron más dificultades para permitirse esa asistencia y para acceder al sistema de salud público. El impacto regresivo de estas medidas, que afectaron desproporcionadamente a los sectores más pobres y marginados, combinado con la manera de aplicarlas, vulneró el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. Muchas de las dificultades que atravesaban los trabajadores y trabajadoras sanitarios, como las debidas a la escasez de personal, se agravaron a causa de la COVID-19.

Tortura y otros malos tratos

Continuaron los informes sobre casos de malos tratos y de fuerza excesiva u otro uso ilegítimo de la fuerza por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Las víctimas eran personas que protestaban en solidaridad con la población refugiada o que se habían congregado en lugares públicos cuando las autoridades empezaron a relajar las restricciones por la COVID-19, así como personas refugiadas y migrantes.

En mayo, un tribunal de Atenas, la capital, declaró al Estado responsable de las graves lesiones que una granada paralizante lanzada por un policía había causado al periodista Manolis Kypreos en 2011, y concedió a éste una indemnización. La decisión de las autoridades de recurrir la sentencia en octubre y sus posibles repercusiones sobre el derecho a un remedio efectivo de Manolis Kypreos suscitaron preocupación.

En octubre, un tribunal mixto con jurado de Atenas empezó a ver la causa contra dos civiles y cuatro agentes de policía acusados de la muerte del activista LGBTI Zak Kostopoulos, ocurrida en Atenas en septiembre de 2018.

Derechos de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes

Las llegadas por tierra y mar disminuyeron bruscamente durante el año, con un total de 15.669 registradas hasta el 31 de diciembre, frente a las 74.613 de 2019.

Aunque el gobierno afirmó que esta disminución se debía a unas políticas eficaces, también influyeron en ella la COVID-19 y un enfoque más estricto del control de fronteras, que en muchos casos fue acompañado de informes sobre expulsiones ilegales y violencia.

En mayo se introdujeron reformas en las leyes de asilo y migración que reducían aún más las garantías procedimentales y sustantivas de los individuos. Los cambios introducidos ampliaban el uso de la detención en los procedimientos de asilo y devolución y disponían la creación de nuevas instalaciones con un sistema controlado de entrada y salida para sustituir los campos abiertos.

A pesar del nuevo sistema implementado formalmente en abril para garantizar a las personas solicitantes de asilo el acceso a los servicios de salud pública, algunas seguían teniendo dificultades para acceder.

Expulsiones ilegales

Tras anunciar Turquía el 27 de febrero que ya no impediría el paso de migrantes y solicitantes de asilo hacia la UE, decenas de miles de personas intentaron cruzar la frontera terrestre de Grecia en la región de Evros. Grecia reaccionó enviando fuerzas fronterizas que usaron gas lacrimógeno, cañones de agua y balas de plástico contra quienes intentaban cruzar. Según testimonios, estas fuerzas cometieron múltiples abusos, como uso excesivo de la fuerza, palizas, uso de munición real, detención ilegítima y devoluciones ilegales sistemáticas a Turquía, que desembocaron en la muerte de al menos dos hombres y la desaparición de una mujer. Las autoridades negaron sistemáticamente estas prácticas.

Entre las medidas adoptadas para abordar la situación en sus fronteras, Grecia suspendió las solicitudes de asilo el 2 de marzo durante un mes, y la mayoría de las personas refugiadas y migrantes que llegaron por mar fueron detenidas arbitrariamente.2

Ese mismo mes, la Comisión Europea elogió a Grecia calificándola de “escudo” de Europa y movilizó fondos adicionales para apoyar su sistema de migración; por su parte, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) envió más activos.

Las ONG y otros actores también denunciaron numerosos casos de devolución ilegal y prácticas peligrosas en el mar contra personas refugiadas y migrantes, presuntamente por parte de las fuerzas de seguridad griegas.

A raíz de las acusaciones se pusieron en marcha investigaciones internas sobre la implicación de Frontex en devoluciones ilegales en el mar Egeo.

Situación en las islas del Egeo

A pesar de la reducción en el número de llegadas, el hacinamiento en los cinco puntos de acceso patrocinados por la UE en las islas del Egeo alcanzó niveles máximos en torno a marzo. En aquel momento, el campo para refugiados de Moria, en Lesbos, albergaba a más de 20.000 personas a pesar de que su capacidad era de 3.000. Sus residentes seguían soportando condiciones insalubres, asistencia médica insuficiente, inseguridad y violencia, incluida violencia de género.

Del 8 al 10 de septiembre, varios incendios consecutivos destruyeron el campo de Moria y dejaron a sus 12.000 residentes, o más, durmiendo a la intemperie varios días en una carretera acordonada por la policía, sin acceso adecuado a refugio, saneamiento y comida. El 17 de diciembre, 553 niños y niñas no acompañados fueron reubicados en otros países europeos desde Grecia, 406 de ellos desde Lesbos. Otras personas residentes en Moria fueron trasladadas a un nuevo campo provisional de tiendas de campaña, cuyas condiciones fueron criticadas por ONG y por el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados. La Comisión Europea formó un grupo de trabajo para gestionar la situación en Lesbos en cooperación con las autoridades griegas.

Respuesta a la COVID-19 en los centros de recepción

En respuesta a la COVID-19, Grecia restringió la circulación de las personas solicitantes de asilo dentro y fuera de los campos. En muchos centros, estas medidas se prorrogaron de forma reiterada y discriminatoria durante todo el año. En los campos superpoblados de Lesbos y Samos, entre otros lugares, estallaron brotes de COVID-19 y se impusieron cuarentenas a individuos. Las inadecuadas condiciones de vida en ellos impidieron aplicar las cuarentenas respetando plenamente los derechos fundamentales de las personas.

Situación en el territorio continental

Aumentaron los traslados de personas refugiadas y solicitantes de asilo al territorio continental, con 13.500 registrados hasta el 30 de noviembre.

Desde junio, miles de personas que poseían el estatuto de protección internacional fueron obligadas a abandonar centros de recepción de toda Grecia a raíz de una enmienda legislativa que reducía la ayuda para alojamiento. Según documentaron medios de comunicación y ONG, muchas tenían dificultades para acceder a servicios básicos en territorio continental y estaban durmiendo a la intemperie en Atenas.

Criminalización de la solidaridad

En abril y septiembre se aprobaron nuevas normas que limitaban seriamente la capacidad de las ONG para trabajar en asuntos de migración y asilo. En octubre se anunció la presentación de cargos contra 33 miembros de ONG, cuando aún estaban pendientes las actuaciones penales contra Sarah Mardini y Séan Binder, dos jóvenes que participaban en el salvamento de personas; además, se clausuró el albergue independiente PIKPA para personas refugiadas y se trasladó a sus residentes a otro centro de Lesbos.

Discriminación

En una sentencia histórica dictada en octubre, un tribunal de Atenas declaró a los máximos dirigentes del partido ultraderechista Amanecer Dorado culpables de dirigir una organización criminal. Algunos miembros de este partido habían cometido una serie de delitos violentos, incluidos ataques a personas refugiadas y migrantes, a sindicalistas y a defensores y defensoras de los derechos humanos; 43 de los miembros del partido, incluidos 11 exparlamentarios, fueron declarados culpables de participar en una organización criminal. Giorgos Roupakias, militante del partido, fue declarado culpable de asesinar al rapero antifascista Pavlos Fyssas en 2013, y 15 personas más fueron declaradas culpables de complicidad. El tribunal declaró a cinco personas culpables del intento de asesinato de un pescador egipcio y a otras cuatro, culpables del ataque contra sindicalistas del Partido Comunista griego.

Libertad de reunión

En julio, partidos políticos, sindicatos y ONG expresaron su profunda preocupación por un controvertido proyecto de ley que regulaba las reuniones públicas. El proyecto se convirtió en ley el 11 de julio, e incluyó una disposición según la cual podían exigirse responsabilidades a quienes organizaran una reunión.3

Objetores y objetoras de conciencia

Persistieron las violaciones graves de los derechos de objetores y objetoras de conciencia, como los reiterados procesamientos, las multas y los juicios ante tribunales militares. En octubre, un tribunal militar absolvió por razones de procedimiento a un objetor de conciencia de 45 años cuya solicitud de objeción de conciencia había sido rechazada por el ministro de Defensa Nacional en 2004.

En julio reanudó su funcionamiento el comité encargado de examinar las solicitudes de reconocimiento de la condición de objetor de conciencia, tras ser reformado; los procedimientos llevaban suspendidos casi 15 meses. Al final del año estaba pendiente un recurso de apelación ante el Tribunal Administrativo Supremo contra la decisión adoptada en 2019 de aumentar la duración del servicio alternativo.

Derecho a la educación

Vasilis Dimakis, estudiante universitario encarcelado, estuvo en huelga de hambre y sed durante abril y mayo para protestar porque sus traslados sucesivos, primero a la prisión de Grevená y después a una celda de aislamiento de la sección de mujeres de la cárcel de Korydallos, le impedían continuar sus estudios universitarios. Vasilis Dimakis puso fin a su huelga a finales de mayo. Tras las presiones de la sociedad civil, fue devuelto a su celda original de la cárcel de Korydallos, donde pudo proseguir sus estudios.

Penas crueles, inhumanas o degradantes

En un informe publicado el 9 de abril, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura subrayaba deficiencias sistémicas en las prisiones de Grecia. Ese mismo día, una reclusa murió en la cárcel de Eleonas tras ser privada de asistencia médica adecuada, según denunciaron otras internas. Según contaron reclusos de todo el país a la Iniciativa por los Derechos de los Detenidos, no les proporcionaban equipos de protección individual contra la COVID-19.


  1. Grecia: La crisis de COVID-19 pone de manifiesto la necesidad urgente de reforzar un sistema de salud mermado por la austeridad (artículo, 27 de abril)
  2. Europe: Caught in a political game: Asylum-seekers and migrants on the Greece/Turkey border pay the price for Europe’s failures (EUR 01/2077/2020)
  3. Greece: Blanket ban on public assemblies must be urgently revoked (EUR 25/3346/2020)

Descarga el Informe 2020/21 de Amnistía Internacional