Bulgaria 2020
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Bulgaria 2020

Continuó el deterioro de la libertad de los medios de comunicación y de la libertad de asociación debido a que las autoridades atacaban a periodistas y personas críticas y reprimían las protestas contra el gobierno. Las autoridades pusieron a algunas comunidades romaníes bajo cuarentena obligatoria por la COVID-19 y restringieron severamente su libertad de circulación; algunos altos cargos emplearon una retórica abiertamente racista contra las personas romaníes. La violencia en el ámbito familiar seguía siendo generalizada, y los recursos para apoyar a las víctimas eran insuficientes. La situación de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales era de discriminación y exclusión social.

Libertad de expresión

Como parte de las medidas de emergencia por la COVID-19, en marzo el gobierno propuso modificaciones del Código Penal que impondrían fuertes multas y penas de prisión por la difusión de información falsa. No obstante, el presidente vetó la propuesta antes de que se convirtiera en ley, señalando su impacto negativo en la libertad de expresión.

Continuó deteriorándose la libertad de los medios de comunicación, y los periodistas que investigaban la delincuencia organizada y la corrupción afrontaban una intensa presión política y procesal en forma de amenazas e intimidación.

En julio, la fiscalía interrogó al periodista de investigación Nikolay Staykov y lo amenazó con enjuiciarlo después de que publicara un documental que implicaba a la fiscalía en un delito económico.

En septiembre, varios periodistas que cubrían las protestas contra el gobierno en Sofía, la capital, fueron agredidos por la policía, y uno de ellos permaneció detenido durante horas. La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa calificó estas acciones de “inaceptables” e instó a las autoridades a investigar las agresiones.

En su informe de septiembre sobre el Estado de derecho, la Comisión Europea expresó honda preocupación por la falta de transparencia en cuanto a la propiedad de los medios de comunicación y señaló que éstos estaban sometidos a un control político sistemático. De los 180 países que constaban en el índice de libertad de prensa en el mundo, Bulgaria ocupaba el puesto 111 y continuaba siendo el Estado miembro de la Unión Europea con el nivel más bajo de libertad de los medios de comunicación.

Libertad de asociación

En julio, Patriotas Unidos, miembro minoritario del gobierno de coalición, propuso modificaciones a la Ley sobre Entidades Jurídicas sin Ánimo de Lucro que impondrían un escrutinio desproporcionado y estrictos requisitos sobre presentación de informes a las organizaciones receptoras de financiación extranjera. Una coalición de ONG advirtió de que las modificaciones incumplían el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la legislación de la Unión Europea, y crearían un entorno hostil para las organizaciones de la sociedad civil.

En septiembre, decenas de personas, entre las que figuraban periodistas y policías, resultaron heridas y centenares fueron arrestadas cuando las fuerzas antidisturbios dispersaron con violencia las protestas contra el gobierno que llevaban meses teniendo lugar en Sofía. La policía usó pulverizadores de pimienta, gas lacrimógeno y cañones de agua contra los manifestantes que pedían la dimisión del primer ministro y del fiscal jefe y que se reformara la gobernanza del Estado. El Parlamento Europeo criticó duramente la “violenta y desproporcionada intervención policial” e instó a las autoridades a investigar las denuncias de uso excesivo de la fuerza.

Las autoridades actuaron contra empresas y personas vinculadas con las protestas, al parecer sometiéndolas a procesamientos y auditorías financieras por motivos políticos. Las protestas contra el gobierno continuaron en diciembre.

Violencia contra mujeres y niñas

La violencia de género en el ámbito familiar seguía siendo generalizada, y la cifra de casos que se denunciaban era considerablemente inferior a la real. Según las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, la pandemia de COVID-19 había exacerbado esta situación; al menos ocho mujeres perdieron la vida a manos de sus parejas durante los dos meses de confinamiento nacional, entre marzo y mayo.

Para que la violencia de género en el ámbito familiar se considerase un delito grave punible, el Código Penal establecía que tenía que haberse perpetrado en el contexto de una “violencia sistémica” o haber estado precedida de tres actos distintos de violencia realizados por la misma persona. Esto exponía a las víctimas a riesgos prolongados y limitaba su acceso a la justicia. Las víctimas de violencia afrontaban obstáculos a la hora de acceder a servicios de apoyo y asistencia letrada, mientras que la capacidad de los albergues existentes seguía siendo insuficiente. En mayo, el gobierno adoptó un programa nacional de prevención de la violencia de género en el ámbito familiar destinado a mejorar la coordinación entre las instituciones y las organizaciones pertinentes.

La definición de violación en el Código Penal no incluía la violación conyugal y requería que la víctima aportara pruebas de haber ofrecido resistencia, lo cual contravenía las normas internacionales. La relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer instó a Bulgaria a reformar el Código Penal para incluir una disposición sobre la violación basada en la falta de consentimiento y que abarcara de manera explícita la violación conyugal. Una sentencia de 2018 del Tribunal Constitucional en la que se había resuelto que el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul) era incompatible con la Constitución búlgara continuó impidiendo la ratificación del Convenio.

Discriminación

La pandemia de COVID-19 y el confinamiento en todo el país exacerbaron la discriminación ya de por sí generalizada contra la población romaní.

Entre marzo y mayo, las autoridades locales de Sofía, Nova Zagora, Kazanlak, Yambol y Sliven impusieron un régimen especial que incluía la cuarentena obligatoria de todos los habitantes y que se aplicó de manera desproporcionada sólo en los barrios de mayoría romaní.1 De la aplicación de las cuarentenas se encargaron policías armados, que establecieron controles de carretera para impedir que nadie saliera de los asentamientos. Al mismo tiempo, las autoridades no proporcionaron acceso seguro ni suficiente a agua, saneamiento, suministros médicos y alimentos durante las cuarentenas, lo que puso a muchas familias en mayor riesgo de sufrir pobreza y de contraer la COVID-19.

En el municipio de Burgas, las autoridades emplearon drones con sensores térmicos para tomar a distancia la temperatura de la población residente en asentamientos romaníes y controlar sus movimientos. En la localidad de Yambol, las autoridades emplearon aviones para “desinfectar” el barrio romaní, que había registrado brotes de COVID-19. Dichas medidas sólo se aplicaron en comunidades romaníes.2

Se recrudeció el discurso hostil contra la población romaní durante la pandemia, y algunas autoridades emplearon abiertamente un discurso de odio. El partido Movimiento Nacional Búlgaro (VMRO) calificó a la población romaní de amenaza colectiva para la población general, mientras que algunos ministros del gobierno amenazaron con medidas más estrictas contra la COVID-19 para las personas romaníes, insinuando que éstas incumplían deliberadamente las normas de distanciamiento físico.

En mayo, la relatora especial de la ONU sobre el racismo y el relator especial de la ONU sobre cuestiones de las minorías instaron a las autoridades a poner fin al discurso de odio y a las restricciones dirigidas a los barrios romaníes, declarando que vulneraban el derecho de los residentes a la igualdad y a la libertad de circulación.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

En un ataque homófobo ocurrido en Plovdiv en septiembre, un grupo de jóvenes aficionados al fútbol agredieron físicamente e hirieron a varios adolescentes, algunos de tan sólo 14 años, por considerar que eran LGBTI. Según la información recibida, los agresores querían “limpiar” el centro de la ciudad de personas LGBTI. El fiscal de Plovdiv inició una investigación penal que aún continuaba al finalizar el año.

Según una encuesta de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, más del 70% de las personas LGBTI de Bulgaria se sentían obligadas a ocultar su orientación sexual, y el 40% evitaba determinados lugares por miedo a sufrir agresiones o amenazas.


  1. Stigmatizing quarantines of Roma settlements in Slovakia and Bulgaria (EUR 01/2156/2020)
  2. Actuación policial durante la pandemia: Violaciones de derechos humanos en Europa durante la aplicación de medidas contra la COVID-19 (EUR 01/2511/2020)

Descarga el Informe 2020/21 de Amnistía Internacional