Pakistán 2019
Volver a Pakistán

Pakistán 2019

Las autoridades intensificaron la represión del derecho a la libertad de expresión. Las desapariciones forzadas siguieron siendo habituales, y nadie rendía cuentas por ellas. El gobierno incumplió su compromiso de aprobar leyes contra la tortura y las desapariciones forzadas. La violencia contra las mujeres y las niñas continuaba siendo generalizada. El Parlamento bloqueó intentos de restringir el matrimonio precoz. Se continuó utilizando la legislación sobre la blasfemia para perseguir a las minorías religiosas, que también fueron atacadas por agentes no estatales. La lucha por la justicia climática salió a la calle, con movilizaciones populares en las principales ciudades, en las que se pidió al gobierno que mostrara su liderazgo tanto fuera como dentro de Pakistán, uno de los países más vulnerables al cambio climático. La contaminación del aire alcanzó niveles peligrosos en las ciudades más importantes, y puso en riesgo los derechos a la salud y a la vida y, en el caso de los niños y niñas, también el derecho a la educación.

Información general

El ejercitó reforzó su control sobre la economía, las relaciones exteriores y la seguridad nacional, limitando el espacio de la sociedad civil para defender y promover los derechos humanos. Se encarceló a integrantes de la oposición, presuntamente por cargos de motivación política, y preocupó que sus juicios no fueran imparciales.

El cambio climático y sus repercusiones en Pakistán ocuparon un lugar más relevante en el discurso público. En mayo, unos 1.500 agricultores recorrieron a pie los 140 kilómetros que separan la región del delta del Indo de la ciudad de Thatta (provincia de Sind) para pedir al gobierno la declaración del estado de emergencia por sequía, así como medidas para atajar la erosión de los suelos. La economía del sector agrícola seguía siendo vulnerable a la crisis climática, y esa vulnerabilidad afectaba directamente a los derechos al agua y a la alimentación de millones de personas en todo el país.

A lo largo del año se celebraron grandes manifestaciones pacíficas de apoyo a los derechos de las mujeres, de los estudiantes y de la población cachemir, y contra las desapariciones forzadas.

Desapariciones forzadas

Entre las víctimas de las desapariciones forzadas figuraban activistas políticos, estudiantes, periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y fieles del islam chií, sobre todo en las provincias de Sind y Baluchistán. En enero desapareció de su domicilio el activista Ahmad Mustafa Kanju, natural de Rahim Yar Khan (provincia de Punyab). En marzo, dos periodistas de Karachi permanecieron desaparecidos durante un mes. En octubre, el ingeniero electrónico Suleman Farooq Chaudhry desapareció en las proximidades de Islamabad. En noviembre desapareció cerca de Swabi (provincia de Jyber Pajtunjwa) Idris Khattak, defensor de los derechos humanos y ex asesor de Amnistía Internacional. En diciembre, el abogado Shafiq Ahmed estuvo desaparecido 17 días, durante los cuales fue torturado. A lo largo del año recuperaron la libertad cientos de personas desaparecidas, dos de las cuales fueron posteriormente acusadas de posesión de armas y enjuiciadas.

En la provincia de Jyber Pajtunjwa aumentó el peligro de desaparición forzada con la promulgación del Decreto de Medidas (de Ayuda al Poder Civil) de Jyber Pajtunjwa (2019), que concedía a las agencias de seguridad facultades abusivas, como la de detener a personas sin cargos ni juicio por motivos imprecisos. Además, las personas detenidas debían ser recluidas en centros de internamiento de la provincia por los que habían pasado ya víctimas de desapariciones en anteriores ocasiones. El decreto fue impugnado ante el Tribunal Supremo de Pakistán.

Libertad de expresión, de reunión y de asociación

Se persiguió a periodistas y activistas de carácter político, contra quienes se presentaron cargos en aplicación de leyes draconianas, como la Ley de Prevención de Delitos Electrónicos, la Ley Antiterrorista y los apartados del Código Penal sobre sedición y difamación. El gobierno recortó la libertad de los medios de comunicación, cuyos profesionales afirmaron sufrir, cada vez más, censura, coacciones y actos de hostigamiento por parte de las autoridades.

En febrero, la Agencia Federal de Investigaciones abrió una investigación contra periodistas y miembros de partidos políticos que habían cambiado en las redes sociales la foto de sus perfiles por la del periodista saudí asesinado Jamal Khashoggi, en protesta por la visita a Pakistán del príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salmán.

Asimismo, en abril, la Agencia Federal de Investigaciones acusó de “ciberterrorismo” y discurso de odio al periodista Shahzeb Jillani por unos comentarios, presuntamente difamatorios, que había publicado en las redes sociales. En mayo, un tribunal de Karachi anuló los cargos por falta de pruebas.

También en abril, en aplicación de la Ley de Prevención de Delitos Electrónicos, se presentaron cargos de difamación contra el abogado Shafique Ahmed, natural de Okara, por “difusión de información falsa y ofensiva” y publicación de “comentarios difamatorios contra organismos de Pakistán”.

Las autoridades intensificaron la represión contra el Movimiento para la Protección de la Etnia Pastún, que denunciaba abusos contra los derechos humanos y decenas de cuyos simpatizantes fueron víctimas de arrestos y detenciones arbitrarias, vigilancia, intimidación, procesamiento y amenazas de violencia.

En enero, Alamzaib Khan, activista del Movimiento, fue detenido a punta de pistola por la policía en Karachi y acusado de “participación en disturbios” e “incitación al odio” por haberse sumado pacíficamente a una manifestación. En septiembre, el Tribunal Supremo le concedió la libertad bajo fianza. En febrero murió el activista del Movimiento para la Protección de la Etnia Pastún Arman Luni, natural de Baluchistán, tras haber recibido una paliza a manos de agentes de policía después de participar en una protesta pacífica en el distrito de Lorelai.

En mayo fue detenido en la ciudad de Bannu (provincia de Jyber Pajtunjwa) el periodista Gohar Wazir, de la cadena de televisión Khyber News, por haber entrevistado al parlamentario Mohsin Dawar, vinculado al Movimiento para la Protección de la Etnia Pastún.

Ese mismo mes fueron detenidos Mohsin Dawar y Ali Wazir —este último también parlamentario y afín al Movimiento para la Protección de la Etnia Pastún— tras haber liderado una marcha a la zona de Khar Kamar (perteneciente al distrito de Waziristán Septentrional, provincia de Jyber Pajtunjwa). En esta marcha, contra la que se abrió fuego, murieron al menos 13 personas, tres de ellas vinculadas al Movimiento para la Protección de la Etnia Pastún. Después del incidente, las autoridades cortaron durante días las líneas telefónicas y la conexión a Internet en la zona. En septiembre, los dos hombres quedaron en libertad bajo fianza.

La defensora de los derechos humanos Gulalai Ismail, que combatía la violencia contra las mujeres y las desapariciones forzadas, fue acusada de sedición, terrorismo y difamación en mayo. En agosto huyó a Estados Unidos, pero su familia siguió siendo intimidada por las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. En julio se presentó una denuncia policial por terrorismo contra Gulalai y sus progenitores, Muhammad y Uzlifat Ismail. En octubre, en aplicación de la Ley de Prevención de Delitos Electrónicos, se interpuso una causa judicial por discurso de odio y ciberterrorismo contra Muhammad Ismail, que fue detenido.

En noviembre se presentó una denuncia policial por sedición contra 17 estudiantes de la minoría étnica sindi que habían protestado pacíficamente por la escasez de agua en Jamshoro (provincia de Sind).

Violencia contra mujeres, niñas y personas transgénero

Continuó la violencia contra las mujeres y las niñas, que se plasmó en secuestros, agresiones físicas, violaciones y asesinatos, entre otros actos. En junio, el presidente del Tribunal Supremo anunció la creación de 1.016 tribunales de violencia de género intrafamiliar.

En junio, en Naushehra (provincia de Jyber Pajtunjwa), murió abatida a tiros por su padre la joven transgénero Maya, de 19 años. A lo largo del año 2019, al menos otras cuatro mujeres transgénero fueron víctimas de homicidio. En junio, en la provincia de Jyber Pajtunjwa dos mujeres transgénero resultaron gravemente heridas por disparos.

En septiembre, en aplicación de una ley de 2016 que prohibía perdonar delitos a cambio de “dinero de sangre”, un tribunal negó autorización a los progenitores de Qandeel Baloch para perdonar a su hijo por el asesinato de la joven. Qandeel Baloch había muerto en 2016 a manos de su hermano, quien afirmaba que la joven había traído la “deshonra” a la familia. El hermano fue condenado a muerte.

Derechos de la infancia

Eran generalizadas las noticias sobre abusos sexuales y violencia contra niños y niñas. En julio, el Ministerio de Derechos Humanos lanzó una campaña de sensibilización en todo el país para “prevenir los abusos sexuales contra niños y niñas”.

En octubre, el británico Sohail Ayaz, depredador sexual convicto, fue detenido en Peshawar por abusos sexuales a 30 menores. Llevaba tres años, desde su regreso a Pakistán, trabajando como asesor del gobierno provincial de Jyber Pajtunjwa.

En mayo, la cámara baja bloqueó un proyecto de ley para incrementar a 18 años la edad mínima de las mujeres para contraer matrimonio, en igualdad con la de los hombres.

El gobierno provincial de Punyab aprobó en enero una ley de protección de los trabajadores y trabajadoras del servicio doméstico que prohibía emplear a menores de 15 años en los hogares. No obstante, en todo Pakistán se siguió contratando a niños y niñas para el servicio doméstico.

Libertad de religión

Se siguieron utilizando las leyes sobre blasfemia para perseguir a personas y facilitar abusos contra los derechos humanos. Hubo ataques lanzados por grupos armados contra comunidades religiosas, y hubo organizaciones sectarias que incitaron impunemente al odio contra grupos religiosos minoritarios. En septiembre fue acusado de blasfemia Nautan Lal, director de una escuela de Ghotki, después de que una multitud, soliviantada por un líder religioso, hubiera vandalizado un templo hindú local y atacado propiedades de la comunidad hindú.

En mayo se permitió por fin salir del país con su familia a Asia Bibi, mujer cristiana que llevaba ocho años condenada a muerte por cargos falsos de blasfemia. En enero, el Tribunal Supremo confirmó su absolución, lo que provocó manifestaciones de grupos armados. En diciembre, un tribunal de Multan condenó a muerte al profesor universitario Junaid Hafeez, acusado de blasfemia. Junaid Hafeez llevaba en la cárcel desde 2013, y gran parte de ese tiempo había permanecido en régimen de aislamiento.

Continuaron los ataques de agentes no estatales contra personas pertenecientes a grupos religiosos minoritarios. En abril murieron al menos 20 personas en un atentado suicida con explosivos contra la comunidad hazara chií de Quetta (Baluchistán), que fue reivindicado por el grupo armado autodenominado Estado Islámico. Las mujeres y las niñas de comunidades cristianas, hindúes y sijs fueron víctimas de diversos abusos, entre ellos la conversión forzada, sobre todo en la provincia de Sind.

Derecho a la salud

En noviembre y diciembre, la contaminación del aire alcanzó niveles peligrosos en las principales ciudades de Pakistán, y en particular en Lahore. Las escuelas tuvieron que cerrar durante al menos tres días, y aumentaron marcadamente las enfermedades respiratorias. El gobierno anunció medidas especiales para abordar la crisis, entre ellas mejorar la calidad del combustible e implantar de manera gradual los vehículos eléctricos.

Derechos laborales

Continuó la preocupación de los activistas de los derechos laborales y sindicatos de varios sectores, incluido el informal, por la adecuada protección de los trabajadores y trabajadoras y por la aprobación y aplicación de la legislación correspondiente en las provincias.

La Asociación de Mineros del Carbón denunció que en las minas de carbón decenas de trabajadores habían perdido la vida en accidentes laborales por carecer del equipo de protección necesario, por utilizar técnicas laborales obsoletas y por los hundimientos. En agosto, un informe de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán concluyó que los mineros se enfrentaban a una serie de problemas, como las trabas que encontraban a la hora de sindicarse, las enfermedades potencialmente letales y las condiciones laborales peligrosas.

En todo el país persistió el trabajo cautivo en los sectores agrícola y de la fabricación de ladrillos, pese a que esa cruel práctica estaba prohibida por ley desde 1992.

En la provincia de Punyab se aprobó en enero la Ley del Servicio Doméstico, que regularizaba legalmente el trabajo doméstico, perteneciente al sector informal.