Trinidad y Tobago
© Joe Raedle/Getty Images
Resumen
Las autoridades inscribieron en el registro a más de 16.500 personas venezolanas a las que proporcionaron visados temporales. No obstante, tras el proceso de inscripción, el gobierno continuó penalizando la entrada irregular de personas migrantes y refugiadas, en contravención de las normas internacionales; además, no promulgó legislación nacional sobre personas refugiadas, y continuó expulsando a personas venezolanas en circunstancias que podían constituir devolución (refoulement). Seguía sin haber ningún tipo de protección jurídica frente a la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. Trinidad y Tobago conservaba la pena de muerte preceptiva para los casos de asesinato.
Situación de la pena de muerte
Retencionista
Retiene la pena de muerte en la legislación.
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