Resumen

Las fuerzas de seguridad hondureñas reprimieron con brutalidad las manifestaciones que tuvieron lugar entre abril y junio. Los defensores y defensoras de los derechos humanos seguían sufriendo ataques, que incluían asesinatos y el uso indebido de procedimientos penales contra ellos. Esta situación agravó el temor por la progresiva reducción del espacio para la sociedad civil en el país. Los niveles persistentemente altos de criminalidad y violencia, impunidad, desigualdad y pobreza hicieron que miles de personas huyeran de Honduras, de forma individual o como parte de varias “caravanas” que buscaban refugio en Estados Unidos y México. No obstante, en septiembre los gobiernos de Honduras y Estados Unidos firmaron un Acuerdo de Cooperación de Asilo, conocido también como acuerdo de “tercer país seguro”, lo que suscitó preocupación bien fundamentada respecto a la capacidad de Honduras de garantizar la protección de las personas obligadas a pedir asilo allí en lugar de en Estados Unidos.

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