Guatemala 2020
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Guatemala 2020

Miles de personas fueron detenidas por incumplir el toque de queda ordenado por el gobierno en marzo para contener la propagación de la COVID-19. El personal de la salud tuvo que trabajar en duras condiciones laborales durante la pandemia, con frecuencia sin equipo de protección individual y a veces sin contrato laboral o salario. Los ataques contra los defensores y defensoras de los derechos humanos aumentaron, y el Congreso aprobó una ley que constituía una amenaza para el derecho a defender los derechos humanos.

Libertad de circulación

En respuesta a la pandemia de COVID-19, el gobierno declaró el “estado de calamidad” el 4 de marzo, y el cierre de las fronteras y un toque de queda obligatorio el 16 del mismo mes. Según las autoridades, más de 40.000 personas fueron detenidas por incumplimiento del toque de queda durante los 6 primeros meses en que éste estuvo vigente. Los medios de comunicación informaron de que las personas que no tenían más remedio que seguir trabajando en la economía informal eran detenidas. También se tuvo noticia de una posible ejecución extrajudicial a manos de la policía en la capital, la ciudad de Guatemala, el 17 de junio, durante el toque de queda.

Derecho a la salud: personal sanitario

El personal sanitario trabajó en condiciones precarias durante la pandemia, y denunció reiteradamente la falta de equipos de protección individual en los hospitales. A principio de mayo, un grupo de médicos del hospital temporal que se había instalado en el Parque de la Industria de la ciudad de Guatemala para atender a pacientes de COVID-19 denunciaron que llevaban trabajando sin contrato ni salario desde el comienzo de la pandemia.

Derecho a la alimentación y al agua

Las medidas de confinamiento agravaron la precaria situación económica de muchos hogares de Guatemala, que ya presentaba una de las tasas más elevadas de desnutrición crónica infantil de la región. Se colocaban banderas blancas en las ventanas de las viviendas como señal de que sus habitantes no tenían alimentos y la gente esperaba en largas filas para recibir alimentos de iniciativas solidarias tales como la Olla Comunitaria de la ciudad de Guatemala. El Procurador de los Derechos Humanos y los medios de comunicación denunciaron que varios barrios y comunidades carecían de acceso a agua, lo que impedía a la gente adoptar prácticas adecuadas de higiene durante la pandemia de COVID-19. El devastador impacto de los huracanes Iota y Eta, que afectaron a más de dos millones de personas en noviembre, hizo temer un agravamiento de las crisis humanitaria y sanitaria.

Derechos de las personas migrantes

Hasta noviembre, más de 41.000 guatemaltecos y guatemaltecas que habían huido de la violencia, la pobreza y la desigualdad fueron devueltos al país desde México y Estados Unidos. Los primeros albergues temporales que se instalaron para recibir a las personas retornadas y realizarles pruebas de COVID-19 no siempre cumplían los requisitos mínimos para alojar a personas.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Según la organización local de derechos humanos Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), los ataques contra quienes defendían los derechos humanos aumentaron en 2020 con respecto a años anteriores y ascendieron a un total de 1.004 ataques registrados hasta el 15 de diciembre. Las personas que defendían la tierra, el territorio y el medioambiente corrían especial peligro.

Este colectivo, las mujeres defensoras de los derechos sexuales y reproductivos y quienes luchaban contra la impunidad y la corrupción también fueron objeto de acciones y procedimientos penales infundados como parte del uso indebido del sistema de justicia penal para hostigar y castigar a estas personas por su labor. El Procurador de los Derechos Humanos se enfrentó, como represalia por su gestión, a varias denuncias penales y solicitudes de destitución.

En septiembre, un tribunal de apelaciones endureció la condena impuesta al preso de conciencia Bernardo Caal Xol, que llevaba privado de libertad desde enero de 2018 por defender los derechos de los pueblos indígenas afectados por el proyecto de construcción de la represa hidroeléctrica OXEC.

En general, la gran mayoría de los ataques contra quienes defendían los derechos humanos permanecieron impunes. Al finalizar el año, Guatemala todavía no había adoptado la política pública para la protección de las personas defensoras de los derechos humanos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había ordenado en 2014.

A pesar de los múltiples motivos de preocupación expresados por los órganos de derechos humanos de la ONU y las organizaciones locales e internacionales, en febrero el Congreso reformó la ley de ONG. El Decreto 4-2020 incrementaba los requisitos para el funcionamiento de las ONG, lo que podría derivar en su cierre arbitrario. Sin embargo, la implementación se suspendió por un recurso de apelación pendiente ante la Corte de Constitucionalidad.

Uso excesivo de la fuerza

El 21 de noviembre, la Policía Nacional Civil hizo uso de fuerza excesiva para reprimir protestas en la ciudad de Guatemala. Los agentes utilizaron de forma innecesaria e indiscriminada gas lacrimógeno y un cañón de agua contra manifestantes y transeúntes, y detuvieron con violencia a decenas de personas, incluidos periodistas.

Impunidad

El futuro de la lucha contra la impunidad en los casos de corrupción y violaciones de derechos humanos continuaba en peligro. En varias ocasiones, fiscales, jueces y magistrados que habían trabajado en casos emblemáticos de la lucha contra la impunidad fueron objeto de acciones penales y de intensas campaña difamatorias en los medios de comunicación que tenían también como objetivo desacreditarlos.

Esta lucha contra la impunidad ocupaba un lugar fundamental en la batalla por elegir a los nuevos miembros de la magistratura de la Corte Suprema de Justicia y de las Salas de Apelaciones. El proceso, que llevaba pendiente desde 2019, volvió a retrasarse por un nuevo escándalo de corrupción y por dilaciones en la votación por parte del Congreso.

Violencia contra mujeres y niñas

A pesar de los elevados índices de violencia de género contra las mujeres y las niñas, algunas organizaciones denunciaron la falta de financiación para los albergues temporales conocidos como “CAIMUS” (Centro de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia) y se movilizaron contra el plan del gobierno de cerrar la Secretaría Presidencial de la Mujer y sustituirla por una comisión de menor rango.

Seguía pendiente la investigación sobre la muerte, en marzo de 2017, de 41 niñas durante un incendio en el hogar Virgen de la Asunción, gestionado por el Estado. Ninguna de las personas acusadas o presuntamente responsables había sido declarada culpable al concluir el año.

Descarga el Informe 2020/21 de Amnistía Internacional