Argentina 2019
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Argentina 2019

Las mujeres y las niñas afrontaban obstáculos generalizados para acceder a sus derechos sexuales y reproductivos. Los derechos de los pueblos indígenas a las tierras ancestrales estaban amenazados porque no se aplicaba legislación que los garantizara y por proyectos extractivos sobre los que no se efectuaban las consultas debidas. El gobierno adoptó un conjunto de medidas regresivas que amenazaban los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo.

Información general

Argentina seguía inmersa en una profunda crisis económica y social. El aumento de la pobreza, la caída de los salarios reales, el crecimiento del desempleo y la pérdida de poder adquisitivo a causa de la inflación y la aplicación de medidas de austeridad afectaron al acceso a los derechos humanos fundamentales —como a alimentos, salud, educación y vivienda— de amplios sectores de la población.

Escrutinio internacional

El Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares, de la ONU, revisó el historial de derechos humanos de Argentina. El Grupo de Trabajo de Expertos sobre las Personas de Ascendencia Africana, el relator especial sobre el derecho a la privacidad —ambos de la ONU— y la Corte Interamericana de Derechos Humanos visitaron el país durante el año.

Derechos sexuales y reproductivos

Las mujeres y las niñas seguían afrontando obstáculos generalizados para acceder a un aborto legal cuando el embarazo ponía en peligro su vida o su salud o cuando era consecuencia de una violación. Cada cuatro horas, una niña menor de 15 años daba a luz en Argentina; la mayoría tenían embarazos forzados que eran consecuencia de violencia sexual, lo que afectaba gravemente a su salud física y mental.[1]

A una niña de 11 años sobreviviente de violación de la provincia de Tucumán se le negó un aborto legal durante casi cinco semanas, pese a que tanto ella como su madre habían manifestado su voluntad de interrumpir el embarazo. Dos médicos que finalmente llevaron a cabo el aborto de conformidad con la legislación afrontaban cargos penales al finalizar el año.[2]

Violencia contra mujeres y niñas

Según cifras publicadas por la sociedad civil, entre enero y diciembre se cometieron al menos 327 feminicidios.

Una de cada tres mujeres sufría violencia en las redes sociales en Argentina. Según investigaciones, el 23% de las mujeres que participaban en debates públicos en las redes sociales relativos a la legalización del aborto fueron objeto de maltrato en Internet en forma de amenazas directas o indirectas de violencia física o sexual, insultos machistas o misóginos, acoso y doxing (la difusión con intención maliciosa de información privada en una plataforma pública).

Derechos de los pueblos indígenas

La mayoría de las comunidades indígenas aún no contaban con un reconocimiento legal de sus derechos sobre el territorio, pese a que la Constitución reconocía su derecho a sus tierras ancestrales y a los recursos naturales.

La Ley núm. 26.160 de Emergencia Territorial, que establecía la suspensión de los desalojos de pueblos indígenas de sus tierras ancestrales hasta que se realizara un estudio de todas las tierras indígenas, continuaba sin aplicarse plenamente 13 años después de su aprobación. Al concluir 2019, sólo se había iniciado un estudio en el 38% de las comunidades indígenas.[3]

En la provincia de Jujuy se iniciaron proyectos para la posible extracción de litio en tierras indígenas sin que se llevara a cabo un estudio exhaustivo de su posible impacto en los recursos naturales y sin garantizar el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas afectadas. Por ejemplo, en Salinas Grandes se concedieron licencias para la exploración de litio sin consultar debidamente a las comunidades indígenas afectadas, que seguían exigiendo información sobre los posibles impactos de la minería en sus fuentes de agua.

Impunidad

Seguían celebrándose ante tribunales civiles ordinarios juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen militar de 1976-1983. Entre 2006 y diciembre de 2019 se dictaron 238 sentencias, con lo que el total de personas declaradas culpables se elevó a 962, y el de absoluciones ascendió a 157.

Unos 25 años después del peor ataque terrorista de la historia de Argentina, no se había condenado a nadie por el atentado con bomba en el centro de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en el que murieron 85 personas y centenares resultaron heridas. Tras un juicio oral de casi cuatro años de duración relativo a una operación de encubrimiento, ocho personas fueron declaradas culpables y cinco absueltas por el papel desempeñado en la obstrucción de la investigación del atentado de 1994.

En septiembre, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia decidió reabrir la investigación sobre la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Su cadáver había sido hallado en 2017 en un río en territorio mapuche en la provincia de Chubut, 78 días después de que las fuerzas de seguridad realizaran un operativo en la zona.

Policía y fuerzas de seguridad

En enero, en el contexto de unas medidas de seguridad cada vez más duras, el Ministerio de Seguridad autorizó el uso de armas de electrochoque por parte de las fuerzas de seguridad nacionales en situaciones que no respetaban las normas internacionales sobre el uso de dichas armas (Resolución 395).

En septiembre, el Ministerio publicó la Resolución 845/2019, que autorizaba a la policía y las fuerzas de seguridad a comprobar —con la aparente finalidad de prevenir delitos— la identidad de las personas que utilizaban el servicio nacional de ferrocarril, sin una razón previa que justificara la medida y en clara vulneración de las normas de derechos humanos.

Ambas resoluciones fueron derogadas en diciembre de 2019 (Resolución 1231). Continuó la preocupación por el anuncio de nuevas normas relativas al uso de armas de electrochoque.

Detención y reclusión arbitrarias

En octubre, Jorge González Nieva, que había permanecido más de 12 años detenido en espera de juicio, fue puesto bajo arresto domiciliario. Al terminar el año seguía esperando la sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia en el proceso contra él.

Derechos de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes

El gobierno adoptó un conjunto de medidas regresivas, a través de reglamentos y prácticas, que restringían los derechos de las personas migrantes y facilitaban la discriminación y la xenofobia. Continuó aplicándose el Decreto 70/2017, que modificaba la Ley de Migraciones, pese a que había sido declarado inconstitucional y era criticado por varios mecanismos de derechos humanos. En virtud de este decreto se llevaba a cabo un número cada vez mayor de expulsiones de personas migrantes en situación irregular o con antecedentes penales sin ofrecerles garantías procesales y vulnerando su derecho a la unidad familiar y al interés superior del niño o niña. Vanessa Gómez Cueva, ciudadana peruana madre de tres hijos, fue expulsada de Argentina con su hijo de dos años y obligada a dejar atrás a sus otros dos hijos. Recibió permiso para volver siete meses después.

El Comité de Derechos de los Trabajadores Migrantes, de la ONU, pidió a Argentina que derogara el Decreto 70/2017, que se abstuviera de realizar expulsiones que separaran a familias, que redoblara los esfuerzos para prevenir la violencia contra grupos vulnerables de migrantes y que adoptara medidas para prevenir las declaraciones xenófobas que menoscababan la dignidad de las personas migrantes.

Al concluir el año habían llegado a Argentina más de 180.000 personas venezolanas. La mayoría huían de la crisis humanitaria en su país.

Mediante un innovador programa de patrocinio comunitario —el Programa Siria—, más de 445 personas refugiadas sirias habían llegado a Argentina al terminar 2019.

Cambio climático

Argentina seguía sin ratificar el Acuerdo de Escazú sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, que había firmado en 2018.

En 2019, el Congreso de la Nación aprobó la Ley núm. 27.520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global. Argentina desperdició la oportunidad de actualizar sus compromisos sobre contribuciones determinadas a nivel nacional en la Conferencia de las Partes (COP25).


[1] América Latina debe dejar de someter a las niñas embarazadas a situaciones mortales (noticia, 5 de marzo)

[2] Argentina: Las autoridades niegan a una niña de 11 años su derecho a interrumpir su embarazo forzado (noticia, 28 de febrero)

[3] Argentina: Estado de situación de la ley de emergencia territorial indígena 26.160 (informe, 9 de agosto)