Zimbabue 2016/2017

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Zimbabue 2016/2017

Activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos se movilizaron para hacer rendir cuentas al gobierno por el aumento de la corrupción, el desempleo, la pobreza y la desigualdad. Ante el aumento del activismo, las autoridades intensificaron la represión contra quienes criticaban al gobierno, impusieron prohibiciones generales de las protestas en el centro de la capital, Harare, y recluyeron a periodistas y activistas, que en algunos casos fueron torturados.

Información general

Según un informe del Comité de Evaluación de la Vulnerabilidad de Zimbabue hecho público en julio, aproximadamente 4,1 millones de personas sufrirían inseguridad alimentaria entre enero y marzo de 2017 debido a una sequía causada por El Niño.

El déficit de efectivo imponía dificultades al gobierno para pagar a los funcionarios públicos sus salarios mensuales, lo que dio lugar a propuestas gubernamentales de emitir bonos como papel moneda. El temor a que los bonos se convirtieran en una moneda sin valor y retrotrajeran al país a una hiperinflación semejante a la del impopular periodo de 2008 desencadenó continuas protestas hasta diciembre.

En junio, el gobierno introdujo el Instrumento Legislativo SI64 en un intento desesperado de frenar las importaciones baratas y promover la producción nacional, lo que desencadenó protestas de quienes se oponían a esta medida.

Las tensiones en el partido gobernante, Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF), seguían afectando al funcionamiento del gobierno.

Libertad de expresión

El gobierno intentó acallar la publicación de informaciones críticas en los medios de comunicación de titularidad privada.

En enero, el secretario permanente del Ministerio de Medios de Comunicación, Información y Servicios de Radiodifusión, George Charamba, amenazó a los medios de comunicación privados con llevar a cabo detenciones si informaban sobre la lucha entre facciones en el seno de ZANU-PF. Estos comentarios se hicieron después de la detención en enero de tres miembros de la plantilla de Newsday: Nqaba Matshazi, director adjunto, Xolisani Ncube, periodista, y Sifikile Thabete, asistente jurídica. Los dos periodistas fueron acusados de publicar falsedades. Al terminar el año, su juicio se hallaba en espera de un fallo del Tribunal Constitucional sobre la validez de la ley utilizada para detenerlos.

En febrero, mientras asistía a las conmemoraciones del Día Mundial de la Radio, Anywhere Mutambudzi, director de Comunicaciones Urbanas del Ministerio de Medios de Comunicación, Información y Servicios de Radiodifusión, amenazó con tomar medidas drásticas contra las iniciativas de radio comunitaria, a las que acusó de operar ilegalmente. El gobierno no había concedido licencia a ninguna emisora de radio comunitaria desde la promulgación de la Ley sobre Servicios de Radiodifusión de 2001.

Periodistas

Hubo actos de hostigamiento, detenciones y agresiones contra periodistas mientras cubrían protestas. El Instituto para los Medios de Comunicación del África Austral (MISA) tuvo constancia de agresiones a 32 periodistas entre enero y septiembre.

Paidamoyo Muzulu, periodista de Newsday, fue detenido y recluido en junio, junto con otros 15 activistas que llevaban a cabo una vigilia de protesta en la plaza de la Unidad de África de Harare. Fue acusado de robo y de obstruir u obstaculizar la acción de la justicia. Los activistas fueron acusados de robo y resistencia a la detención. Todos quedaron en libertad bajo fianza y al terminar el año estaban en espera de juicio.

Cinco periodistas fueron detenidos mientras cubrían manifestaciones contra la prolongada estancia del vicepresidente en el hotel de cinco estrellas Rainbow Towers. Estuvieron detenidos durante seis horas antes de quedar en libertad sin cargos.

El periodista freelance Godwin Mangudya y tres periodistas de Alpha Media Holdings —Elias Mambo, Tafadzwa Ufumeli y Richard Chidza— estuvieron detenidos durante un breve periodo en la comisaría de policía de Marimba por cubrir protestas en el suburbio de Mufakose el 6 de julio. La policía los dejó en libertad tras ordenarles que borraran las imágenes de las protestas.

Mugove Tafirenyika, periodista de Daily News, fue agredido en la sede de ZANU-PF por simpatizantes del partido el 27 de julio mientras cubría la información de una reunión de veteranos de guerra.

El 3 de agosto, siete periodistas —Lawrence Chimunhu y Haru Mutasa, de Al Yazira, y Tsvangirayi Mukwazhi, Christopher Mahove, Tendayi Musiya, Bridget Mananavire e Imelda Mhetu— fueron agredidos por la policía mientras cubrían manifestaciones contra el plan gubernamental de emitir bonos. Los siete quedaron en libertad sin cargos.

El 24 de agosto, la periodista freelance Lucy Yasin fue agredida por la policía antidisturbios mientras cubría una marcha del opositor Movimiento por el Cambio Democrático (MDC-T), y Tendai Mandimika, periodista freelance, fue detenido y acusado de violencia pública.

El 31 de agosto, Crispen Ndlovu, reportero gráfico freelance radicado en Bulawayo, fue detenido y agredido por la policía antidisturbios por tomar fotografías de la policía mientras agredía a Alfred Dzirutwe en la propia Bilawayo. Fue acusado de alteración criminal del orden público y golpeado en un camión, y hubo de ser ingresado más tarde en un hospital privado para recibir tratamiento por las lesiones que había sufrido.

En agosto, agentes de seguridad y de inteligencia, vestidos con prendas militares, hicieron varias visitas a Trevor Ncube, editor de Alpha Media Holdings, en un claro intento de intimidarlo.

Redes sociales

Las autoridades intentaron acallar las redes sociales.

En abril, el presidente Mugabe amenazó con introducir leyes para restringir el acceso a Internet.

En agosto, como respuesta al creciente descontento que se expresaba en las redes sociales, las autoridades introdujeron un Proyecto de Ley sobre Delitos Informáticos y Cibernéticos para frenar las críticas contra el gobierno. El Proyecto no se había convertido en ley al concluir el año.

El 6 de julio, durante una jornada de huelga general para protestar contra la corrupción, liderada por el movimiento de redes sociales #ThisFlag, el gobierno cerró aplicaciones de redes sociales como WhatsApp.

Represión de la disidencia

Activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos fueron impunemente objeto de intimidación, hostigamiento y detención por parte de las autoridades y de la sección juvenil del partido ZANU-PF.

Sólo en julio, 332 personas fueron detenidas en relación con las protestas contra el gobierno. Cientos de personas fueron detenidas en todo el país por participar en las manifestaciones organizadas por la Agenda Nacional de Reforma Electoral, coalición de 18 partidos políticos que hacían campaña por la reforma electoral. Los organizadores de las protestas sufrieron agresiones la noche anterior a las manifestaciones.

Durante las celebraciones del Día de la Independencia, en abril, agentes de la seguridad del Estado agredieron brutalmente y detuvieron a Patson Dzamara por llevar a cabo una manifestación unipersonal en la que exhibió un cartel en presencia del presidente Mugabe. Protestaba por el secuestro y desaparición de su hermano, Itai Dzamara, en marzo de 2015. Patson Dzamara quedó en libertad sin cargos más tarde. Sin embargo, en noviembre fue secuestrado por hombres armados poco antes de una protesta contra el gobierno, y fue brutalmente golpeado.

Unas 105 personas fueron detenidas y acusadas de violencia pública cuando los trabajadores de omnibuses de transporte local fueron a la huelga el 4 de julio en Bulawayo y Harare y levantaron barricadas en las vías públicas con piedras y neumáticos ardiendo. Más tarde quedaron en libertad bajo fianza.

Evan Mawarire, líder del movimiento #ThisFlag, fue detenido por la policía el 12 de julio y acusado de incitar a la violencia pública. Cuando estaba en el tribunal, la fiscalía cambió los cargos que se le imputaban por socavar la acción de un gobierno elegido constitucionalmente. Quedó en libertad después de que el magistrado declarara ilegal e inconstitucional la modificación de los cargos. Sin embargo, Evan Mawarire salió del país en julio tras la persistente persecución de la fiscalía.

En agosto se difundieron imágenes en las que la policía antidisturbios golpeaba brutalmente a una mujer de 62 años, Lillian Chinyerere Shumba, en el exterior del Tribunal de Primera Instancia de Harare. Las autoridades detuvieron también a Sten Zvorwadza, presidente del Sindicato Nacional de Vendedores Ambulantes de Zimbabue, y a Promise Mkwananzi, portavoz de la campaña Tajamuka/Sesjikile (“Basta Ya”), y los acusaron formalmente de incitar a la violencia pública.

La represión sin precedentes de antiguos aliados de ZANU-PF se intensificó tras la publicación de un comunicado de la Asociación de Veteranos de la Guerra de Liberación Nacional de Zimbabue en el que rechazaban el liderazgo del presidente Mugabe y lo culpaban del deterioro de la situación económica. La policía detuvo a cinco veteranos de guerra y los acusó de menoscabar la autoridad o insultar al presidente vulnerando el artículo 33.2 de la Ley del Código Penal. Los cinco quedaron en libertad bajo fianza y al terminar el año sus juicios habían sido aplazados indefinidamente.

Libertad de asociación

El presidente Mugabe lanzó un ataque contra el poder judicial después de que importantes sentencias confirmasen el derecho a protestar. El presidente criticó a los jueces del país, a quienes calificó de “irresponsables”, y les conminó a no ser negligentes.

En septiembre, como respuesta al aumento del número de manifestaciones, la policía prohibió por dos semanas las protestas en el distrito de Harare Central en virtud del Instrumento Legislativo 101 A. Sin embargo, un juez del Tribunal Superior levantó la prohibición, que declaró inconstitucional.1

El 16 de septiembre, la policía prohibió por un mes las protestas en el centro de Harare en virtud del Aviso Gubernamental Núm. 239 A de 2016. Los tribunales desestimaron un recurso que solicitaba la anulación de esta prohibición.2

El 29 de septiembre, tres estudiantes de la Universidad de Zimbabue —Tonderai Dombo, Andile Mqenqele y Zibusiso Tshuma— fueron detenidos por exhibir en presencia del presidente Mugabe carteles en los que reclamaban empleos durante la ceremonia anual de graduación de la universidad. Fueron acusados de alteración del orden público y multados con 10 dólares estadounidenses.

Tortura y otros malos tratos

Los activistas denunciaron casos de intentos de secuestro por grupos armados no identificados, a menudo vinculados a las fuerzas de seguridad del Estado. Estos incidentes tenían lugar durante la noche o poco antes del comienzo previsto de una manifestación. Algunas de las personas secuestradas y llevadas a sedes de ZANU-PF sufrieron tortura, incluida violencia sexual.

El 13 de septiembre, Silvanos Mudzvova, conocido actor, director y activista y miembro de Tajamuka/Sesjikile, fue secuestrado en su domicilio, durante la noche, por seis hombres armados, presuntamente agentes de la seguridad del Estado. Sus captores le vendaron los ojos y lo llevaron a una zona cercana al lago Chivero, donde lo torturaron. Le inyectaron una sustancia desconocida y lo dejaron por muerto. Necesitó tratamiento hospitalario para las graves lesiones que sufrió, entre ellas traumatismo abdominal, y al terminar el año seguía recuperándose.

El 27 de septiembre, unos hombres no identificados que viajaban en cinco vehículos secuestraron en Harare a Kudakwashe Kambakunje, presidente del Sindicato Nacional de Vendedores Ambulantes de Zimbabue para el Distrito Comercial Central. Fue hallado más tarde a 22 kilómetros de la ciudad, gravemente herido. Lo habían golpeado brutalmente y le habían inyectado una sustancia desconocida.

En septiembre se difundieron imágenes de las graves laceraciones sufridas por Esther Mutsiru y Gladys Musingo mientras estaban bajo custodia policial en Harare. A ambas las habían recluido y torturado después de participar en una manifestación de Agenda Nacional de Reforma Electoral.

Ostallos Siziba, activista y responsable de relaciones públicas del Sindicato de Docentes Rurales de Zimbabue, fue secuestrado el 26 de agosto, en el periodo previo a las manifestaciones de Agenda Nacional de Reforma Electoral. Lo llevaron a la sede de ZANU-PF, donde fue brutalmente golpeado. Ostallos Siziba afirmó que sus secuestradores intentaron obligarlo a mantener relaciones sexuales con una mujer de edad avanzada, pero él se negó. Más tarde lo llevaron a la comisaría de policía de Harare Central, lo acusaron de violencia pública y lo pusieron en libertad bajo fianza.

Novedades jurídicas y constitucionales

En enero, el Tribunal Constitucional declaró ilegal el matrimonio precoz al establecer en 18 años la edad mínima para contraer matrimonio.

En febrero, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional y sin validez la ley sobre difamación criminal.

Pena de muerte

En su informe para el examen periódico universal de la ONU, el gobierno reveló que 10 reclusos condenados a muerte habían sido indultados durante el año tras haber solicitado dicha medida.

Derecho a la salud

En enero, tras examinar el segundo informe periódico de Zimbabue, el Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, señaló las repercusiones negativas del grave declive económico en la prestación de servicios a la infancia. El Comité expresó grave preocupación por los altos índices de mortalidad materna, neonatal e infantil, la malnutrición entre niños y niñas menores de 5 años, y el considerable número de muertes de menores de 5 años debido a saneamiento inadecuado y falta de agua potable.

En el contexto de la persistente inseguridad alimentaria generalizada, en particular entre las familias pobres del sur del país, la Comisión de Derechos Humanos de Zimbabue criticó al gobierno por la distribución partidista de la ayuda alimentaria y de las subvenciones agrícolas en cinco distritos.

Derechos de la infancia

El Comité de los Derechos del Niño expresó extrema preocupación por los elevados índices de violencia sexual que sufrían las adolescentes, y por el embarazo precoz y el matrimonio precoz y su correlación con la tasa de abandono escolar de niñas adolescentes.

Derecho a la vivienda

El 21 de enero, el Consejo Municipal de Harare demolió en Arlington Estate más de 100 casas pertenecientes a miembros de la Cooperativa de Vivienda Nyikavanhu sin seguir el debido proceso, que debía incluir consulta previa y aviso adecuado. Las demoliciones tuvieron lugar tras ordenar el presidente Mugabe la reubicación de sus habitantes.

  1. Zimbabwe: Allow public demonstrations as per court ruling (noticia, 7 de septiembre)
  2. Zimbabwe: Court ruling upholding police ban on protests must be rescinded (noticia, 5 de octubre)

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