La policía siguió utilizando fuerza excesiva contra manifestantes. Un proyecto de ley sobre ciberdelincuencia amenazaba con restringir el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión y el derecho a la privacidad. Persistía la práctica del matrimonio a edad temprana. Los resultados de una encuesta mostraban que la mayoría de la población de Namibia creía que la violencia de género era una práctica habitual en sus comunidades. El Parlamento celebró consultas públicas sobre peticiones de despenalización del aborto. Los derechos de las personas LGBTI eran objeto de restricciones. Las actividades de empresas mineras amenazaban con dañar el medioambiente y menoscabar los derechos de los pueblos indígenas.
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