Kenia 2023
Las fuerzas de seguridad seguían gozando de impunidad por ejecuciones extrajudiciales, homicidios ilegítimos y desapariciones forzadas. Se violaba el derecho de reunión pacífica; las autoridades mataron al menos a 57 manifestantes en un intento de reprimir la disidencia. Las autoridades no tomaron medidas para proteger el derecho a la vida. Se aplazaron en repetidas ocasiones los juicios de agentes de policía acusados de homicidios ilegítimos. Los derechos de las personas LGBTI estaban amenazados por un proyecto de ley homófobo. Las reformas fiscales de carácter radical y el alza del costo de la vida amenazaban la capacidad de la población keniana para subsistir. La propuesta de aumento de las contribuciones individuales al seguro sanitario menoscababa el derecho a la salud de quienes no podían costearlas. Un total de 5 millones de personas estaban en riesgo de inseguridad alimentaria debido a la prolongada sequía. El gobierno no propició el derecho a la privacidad de miles de ciudadanos y ciudadanas kenianos que, sin ser conscientes de ello, habían vendido información privada a la empresa WorldCoin. El Parlamento dio pasos para abolir la pena de muerte.
Información general
El primer año en el cargo del presidente William Ruto estuvo marcado por un fuerte incremento del costo de la vida, que dio lugar a manifestaciones en todo el país.
El 9 de octubre, el Tribunal Superior bloqueó temporalmente el despliegue de 1.000 agentes de policía para ayudar a la Policía Nacional de Haití a combatir la violencia generalizada de bandas, en espera de la resolución de una petición presentada por el partido Alianza Tercera Vía. Las organizaciones de la sociedad civil también pusieron objeciones al despliegue, alegando el persistente uso de fuerza ilegítima por la policía keniana, especialmente contra manifestantes. Unos días después se aprobó una resolución del gabinete para desplegar agentes en Haití, pero el 24 de octubre el Tribunal Superior prorrogó el bloqueo. El despliegue previsto, que contaba con el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU y el gobierno de Estados Unidos, fue aprobado por el Parlamento en noviembre, pero al terminar el año aún no se había implementado.
Ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas
Durante el año hubo 136 ejecuciones extrajudiciales. La mayoría de las víctimas murieron cuando estaban bajo custodia policial o habían sido vistas por última vez bajo custodia policial. Sólo 28 casos, incluidos algunos de años anteriores, fueron objeto de procedimientos judiciales.
Los avances para lograr la rendición de cuentas de agentes de policía por las ejecuciones extrajudiciales fueron insignificantes, incluyendo los relativos a los casos de al menos 37 cadáveres hallados en el río Yala y otros más hallados en diversos lugares en 2022. El gobierno no implementó la Ley del Servicio Nacional de Pesquisidores, que incluía una disposición por la que se establecía la creación de una Oficina del Pesquisidor General para coordinar las investigaciones sobre homicidios no explicados.
En febrero, Lilian Waithera murió a manos de un atacante no identificado cuando prestaba asistencia en un caso anticorrupción contra altos cargos gubernamentales. Se detuvo a un sospechoso, pero las autoridades no facilitaron más información sobre la investigación de este homicidio.
Diez hombres fueron víctimas de desaparición forzada. El gobierno no facilitó la realización de investigaciones inmediatas, exhaustivas, imparciales, independientes, transparentes y efectivas sobre las desapariciones forzadas o las ejecuciones extrajudiciales, ni ratificó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Libertad de expresión y de reunión
Entre marzo y julio, la policía hizo uso de fuerza excesiva para interrumpir e impedir protestas contra el aumento del costo de la vida y las presuntas irregularidades electorales de 2022. Según la Autoridad Independiente de Control de la Policía, 57 personas perdieron la vida durante las manifestaciones. Amnistía Internacional verificó 30 de estos casos y atribuyó las muertes a heridas de munición real, a traumatismos causados por un objeto contundente y a inhalación de humo como consecuencia del gas lacrimógeno. Los agentes de policía también agredieron a los manifestantes y usaron cañones de agua contra ellos. Durante este periodo hubo proveedores de atención de la salud de emergencia, periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas que no pudieron acceder a sus lugares de trabajo debido a cierres de carreteras y alteraciones de sus rutas habituales. En consecuencia, los profesionales sanitarios no podían prestar servicios de emergencia.
El Servicio de Policía Nacional se regó a admitir varias notificaciones de protestas y declaró ilegales las manifestaciones previstas. El gobierno intentó restringir aún más el derecho de reunión pacífica mediante la adición de disposiciones a la Ley de Orden Público que menoscababan la protección constitucional.
En octubre, la policía interrumpió al menos una reunión privada organizada contra los ataques en curso de Israel contra Gaza. El gobierno había expresado su apoyo a Israel.
Derecho a la vida
Las autoridades llevaban 6 años sin investigar los informes de los abusos contra cientos de personas cometidos presuntamente por la Iglesia Internacional de la Buena Nueva en el condado de Kilifi. En marzo se descubrieron fosas comunes que contenían los cuerpos de un mínimo de 428 personas, incluidos al menos 9 niños y niñas, según un informe de un comité del Senado. Fuentes de medios de comunicación atribuyeron las muertes a dirigentes de la Iglesia Internacional de la Buena Nueva. Las autopsias revelaron que las personas fallecidas habían sufrido inanición, traumatismo causado por un objeto contundente y estrangulamiento. Algunos de los presuntos autores fueron detenidos en abril y se enfrentaban a juicio por cargos de terrorismo. Entre ellos se encontraba el líder de la Iglesia Internacional de la Buena Nueva, que también fue condenado a 12 meses de prisión por gestionar un estudio cinematográfico y producir películas sin licencia.
Derecho a verdad, justicia y reparación
No se observaron progresos en las causas judiciales seguidas contra agentes de policía acusados de homicidios ilegítimos. No se había visto aún la causa seguida contra un agente de policía acusado de matar a 2 niños desarmados en Eastleigh, Nairobi, en 2017. La causa contra el agente de policía acusado del homicidio del chico de 14 años Yassin Moyo, cometido en 2020 durante el toque de queda impuesto a causa de la COVID-19, aún no se había visto, tras haber sido objeto de varios aplazamientos. La causa contra el agente acusado del homicidio de Carilton Maina, cometido en 2018 en la zona de Laini Saba, en Kibera, fue aplazada en más de 10 ocasiones. Evans Njoroge, estudiante de la Universidad de Meru, recibió un disparo a corta distancia durante una protesta pacífica en 2018; la causa contra el agente de policía acusado de haberlo seguido y haber disparado contra él aún no había concluido.
El Comité del Diálogo Nacional, que se constituyó para escuchar las opiniones de la población y para asesorar al gobierno sobre asuntos nacionales, incluidas las protestas “antigubernamentales” (véase, supra, “Libertad de expresión y de reunión”), no abordó de manera efectiva la brutalidad policial ni las reparaciones para las 57 personas que murieron y otras muchas que resultaron heridas durante las protestas.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)
En febrero, el Tribunal Supremo reafirmó el derecho a la libertad de asociación de las personas LGBTI, y ordenó a la Junta de Coordinación de Organizaciones No Gubernamentales la inscripción en registro de las asociaciones que representaban los derechos de las personas LGBTI, sin discriminación. La sentencia provocó una reacción adversa, que incluyó amenazas de muerte contra personas LGBTI. En abril, Peter Kaluma, parlamentario por la ciudad de Homa Bay, propuso al Parlamento el Proyecto de Ley de Protección de la Familia que, en caso de ser aprobado, criminalizaría aún más las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo y prescribiría la pena de muerte por “homosexualidad agravada”.
En enero, un hombre gay, Edwin Chiloba, perdió la vida en lo que las autoridades calificaron de violencia de género en la pareja. Ningún organismo gubernamental investigó las denuncias de que el homicidio había estado motivado por su sexualidad.
Derechos económicos y sociales
El gobierno no cumplió su promesa de aplicar una fiscalidad progresiva. En junio, el Parlamento aprobó la Ley de Finanzas de 2023, que introducía nuevos impuestos y aumentaba el costo de las contribuciones al seguro de salud y a las pensiones para las personas asalariadas. Esta ley también introducía un gravamen a la vivienda e imponía un impuesto sobre el valor añadido para ciertos artículos que duplicó el precio del combustible y de bienes esenciales.
También en junio se impugnó la Ley de Finanzas ante la sala de Asuntos Constitucionales y Derechos Humanos del Tribunal Superior, lo que impidió que el erario público aplicara los nuevos incrementos. Sin embargo, el secretario del gabinete de Hacienda y Planificación Económica recurrió el fallo por entender que daría lugar a la pérdida de 500 millones de chelines kenianos (unos 3,25 millones de dólares estadounidenses) al día. En julio, el Tribunal de Apelación levantó la congelación de la aplicación, lo que preparó el terreno para la imposición de los aumentos de impuestos.
Derecho a la salud
El gobierno propuso un aumento del 2,75% de las contribuciones para atención de la salud de todas las personas asalariadas, lo que podía tener consecuencias económicas negativas para muchas personas en el país.
El 20 de octubre, el gobierno puso en marcha el programa de cobertura sanitaria universal para garantizar el acceso de todas las personas a atención de la salud, de conformidad con su manifiesto de 2022.
El informe de 2023 de la Comisión de Ética y Anticorrupción detallaba casos de corrupción en los procesos de adquisición de productos sanitarios.
Derecho a un medioambiente saludable
En julio, el gobierno levantó la prohibición —que llevaba en vigor cinco años— de talar árboles con fines comerciales, con lo que se ponía en peligro los árboles y bosques autóctonos.
En septiembre se celebraron en Kenia la Semana Africana del Clima y la Cumbre Africana del Clima, que culminaron en la Declaración de Nairobi, que pedía la adopción de modelos económicos para financiar iniciativas aparentemente destinadas a hacer frente al cambio climático, pero que en muchos aspectos no concedían prioridad de hecho a los derechos humanos y la justicia climática para África.
Persistió por cuarto año consecutivo la sequía en el norte del país, lo que ponía a 5 millones de personas, incluidas personas refugiadas, en riesgo de inseguridad alimentaria aguda.
Las personas refugiadas en los campos de refugiados de Dadaab y Kakuma seguían siendo vulnerables a los fenómenos meteorológicos extremos. Los campos están situados en zonas climáticas áridas y semiáridas, por lo que las personas que residían en ellos estaban expuestas a altas temperaturas y escasez de lluvias en espacios cerrados y sumamente atestados. El acceso de las personas refugiadas a saneamiento, agua, alimentos y otros elementos básicos estaba extremadamente limitado.
Derecho a la privacidad
En junio, el gobierno keniano había digitalizado 5.000 servicios gubernamentales, lo que suscitó preocupación entre la población en relación con el derecho a la privacidad. En julio, la plataforma digital del gobierno sufrió un ciberataque de denegación de servicio (ataque dirigido a cerrar una máquina o red), lo que suscitó dudas adicionales con respecto a la capacidad del Estado para garantizar la privacidad.
En septiembre, más de 350.000 personas de Kenia “vendieron” la lectura de su iris a WorldCoin, empresa de Estados Unidos, a cambio de obsequios de criptomonedas por valor de 7.000 chelines kenianos (unos 45 dólares estadounidenses). En octubre, una orden judicial puso fin a esta práctica, y la Oficina del Comisionado para la Protección de Datos anuló la situación registral de WorldCoin, alegando infracciones de la Ley de Protección de Datos de 2019.
Pena de muerte
Los tribunales kenianos seguían imponiendo condenas a muerte. En septiembre, un parlamentario presentó proyectos de ley para eliminar la pena de muerte de la legislación. No se propuso la modificación del artículo 26.3 de la Constitución, que permitía el uso de la pena de muerte, ni de la Ley de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el Comité de Asuntos Jurídicos y Judiciales del Parlamento inició una revisión de la ley para asegurar la modificación en la legislación de todas las leyes que prescribían la pena de muerte.