Camerún 2020
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Camerún 2020

Las fuerzas de seguridad y los grupos armados seguían cometiendo violaciones y abusos contra los derechos humanos. Cientos de miles de personas se vieron desplazadas debido a la violencia, y la violencia de género contra las mujeres estaba muy extendida. Continuó la represión gubernamental de la disidencia pacífica y las voces críticas. Se tuvo noticia de casos de tortura y otros malos tratos bajo custodia.

Información general

En febrero, el partido gobernante, Movimiento Democrático del Pueblo Camerunés, ganó las elecciones legislativas y locales. Antes de los comicios, el Movimiento por el Renacimiento de Camerún, liderado por Maurice Kamto, hizo un llamamiento a boicotearlos y reclamó reformas electorales. El presidente Paul Biya ejercía el poder desde 1982.

El 17 de marzo, las autoridades adoptaron medidas para controlar la propagación de la COVID-19, entre ellas el cierre de fronteras. El 31 de marzo, el presidente apeló a la solidaridad pública para ayudar a financiar el sector de la salud. Muchas voces críticas plantearon su inquietud por la falta de transparencia en la gestión de los fondos y por la aplicación de políticas públicas que no abordaban las dificultades derivadas de la pérdida de ingresos. En abril se excarceló a cientos de personas presas, pero persistió el grave hacinamiento que ponía a la población reclusa en peligro de contraer la COVID-19.

Abusos cometidos por grupos armados

Los grupos armados separatistas anglófonos siguieron cometiendo graves abusos contra los derechos humanos y atacaron en especial a personas presuntamente partidarias del gobierno en las regiones del Noroeste y el Suroeste.

En la región del Noroeste, un hombre murió y su padre resultó herido el 15 de enero cerca de la ciudad de Bamenda, cuando intentaban eludir un puesto de control instalado por separatistas armados. Un grupo separatista secuestró el 30 de enero a cuatro cooperantes, a quienes acusaba de trabajar para el gobierno, que quedaron en libertad al día siguiente. La organización para la que trabajaban afirmó que tres de ellos habían sido golpeados y sometidos a tortura psicológica. El 7 de agosto, unos atacantes no identificados secuestraron a un cooperante en su domicilio, en el distrito de Batibo, y después lo mataron. Tres días más tarde, unos hombres armados mataron a un profesor en la zona de Nkwen de Bamenda y arrojaron el cadáver a un río.

El 11 de agosto se encontró el cuerpo sin vida de una mujer de 35 años, Confort Tumassang, en una carretera de Muyuka (región del Suroeste). Había sido decapitada por sus agresores, unos presuntos separatistas que publicaron en las redes sociales un vídeo de su ejecución en el que la acusaban de complicidad con las fuerzas de seguridad.

Al menos ocho estudiantes perdieron la vida y otros resultaron heridos en un ataque perpetrado el 24 de octubre contra una escuela de Kumba, ciudad del departamento de Mémé (región del Suroeste). Las autoridades acusaron de ello a separatistas armados.

Mientras tanto, en el conflicto de la región del Extremo Norte, los grupos armados relacionados con Boko Haram llevaron a cabo cientos de ataques y cometieron graves abusos contra los derechos humanos. Algunos de estos actos constituyeron crímenes de guerra. Entre enero y diciembre, al menos 312 civiles (entre los que había niños y niñas de tan sólo 10 años) perdieron la vida en al menos 412 ataques, según datos recopilados por organismos de la ONU, medios de comunicación y otras organizaciones.

La población internamente desplazada fue víctima de ataques. En agosto, al menos 18 personas murieron y 11 resultaron heridas cuando unos atacantes arrojaron un artefacto explosivo contra el campamento improvisado en el que dormían, cerca de la localidad de Nguetchewe. Había 800 personas internamente desplazadas en la zona. En septiembre, según el ACNUR (la Agencia de la ONU para los Refugiados), un atentado suicida con bomba causó la muerte de 7 personas y heridas a otras 14 en Koyapé, población que albergaba a personas internamente desplazadas.

También en la región del Extremo Norte, en diciembre habían sido víctimas de secuestro a manos de grupos armados relacionados con Boko Haram al menos 124 personas, principalmente mujeres, niños y niñas.

Homicidios ilegítimos

En el conflicto armado con los grupos armados separatistas, las fuerzas del gobierno llevaron a cabo ataques contra núcleos de población en los que se cometieron homicidios ilegítimos y se destruyeron las viviendas de las víctimas. La violencia registró un repunte en el periodo previo a las elecciones, en enero y febrero.

En enero, unos soldados abrieron fuego contra la población en un mercado de la localidad de Ndoh (región del Suroeste) en un ataque de represalia cometido tras conocerse la noticia del homicidio de un soldado en la zona. Al menos 16 personas perdieron la vida y 5 resultaron heridas, incluidos 2 niños de 14 y 17 años.

El 14 de febrero, al menos 21 personas —entre ellas menores de edad y 2 mujeres embarazadas— murieron violentamente en el barrio de Ngarbuh (región del Noroeste). Tras las investigaciones que algunas ONG efectuaron sobre el incidente, el gobierno estableció una comisión de investigación conjunta que, el 21 de abril, concluyó que 10 niños y niñas y 3 mujeres habían muerto en un “intercambio de disparos” entre las fuerzas del gobierno —apoyadas por miembros de un “comité de vigilancia local”— y un grupo armado. Las autoridades afirmaron que se adoptarían medidas disciplinarias contra todos los soldados que habían participado en la operación, y que otros serían arrestados. Al terminar el año no se disponía de información oficial al respecto.

Personas internamente desplazadas

En noviembre, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCAH), había más de 700.000 cameruneses internamente desplazados dentro o fuera de las regiones del Noroeste y del Suroeste como consecuencia de la violencia. Otras 60.000 personas habían buscado refugio en la vecina Nigeria. Más de 320.000 personas estaban internamente desplazadas en la región del Extremo Norte.

Violencia por motivos de género

La OCAH registró 676 incidentes de violencia de género en las regiones del Noroeste y del Suroeste en septiembre (frente a los 567 de agosto). La organización afirmó que era posible que sus datos no reflejasen el número total de casos debido a las limitaciones que encontraba para acceder a las comunidades afectadas. La violencia sexual representaba el 39% de todos los casos comunicados. Las personas supervivientes de delitos de violencia de género eran en su mayoría mujeres (64%).

Libertad de expresión y de reunión

Las autoridades seguían reprimiendo la disidencia pacífica, prohibiendo manifestaciones y deteniendo arbitrariamente a quienes ejercían su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. El 18 de septiembre, la gendarmería detuvo en la ciudad de Duala a cuatro miembros de Defiende Camerún (un movimiento impulsado por una coalición de partidos políticos, ONG y otros actores) tras su asistencia a una reunión en la sede del Partido Popular de Camerún. Los cuatro comparecieron ante un tribunal militar por cargos falsos de tentativa de conspiración, revolución e insurrección. El juez ordenó su detención en espera de juicio en la prisión de New Bell, donde permanecían al terminar el año.

Maurice Kamto convocó manifestaciones pacíficas el 22 de septiembre para exigir la dimisión del presidente. Los gobernadores de las regiones del Norte y del Centro respondieron prohibiendo todas las manifestaciones por tiempo indefinido. Las fuerzas de seguridad rodearon la casa de Maurice Kamto entre el 22 de septiembre y el 8 de diciembre. Al menos 500 manifestantes, en su mayoría miembros o simpatizantes del Movimiento por el Renacimiento de Camerún, fueron detenidos el 22 de septiembre. Según algunos de sus abogados, 160 quedaron recluidos en las ciudades de Duala, Yaundé, Bafoussam y Nkongsamba y, a fecha de 9 de diciembre, 13 habían sido condenados a prisión por tribunales civiles y 14 habían comparecido ante un tribunal militar.

Tortura y otros malos tratos

La muerte bajo custodia del periodista Samuel Ebuwe Ajiekia fue desvelada el 2 de junio por los medios de comunicación independientes, y más tarde por el Sindicato Nacional de Periodistas Cameruneses. El periodista llevaba casi un año en paradero desconocido, y las autoridades habían mantenido en secreto su fallecimiento. El 5 de junio, el Ministerio de Defensa confirmó la muerte y sostuvo que se había producido por septicemia el 17 de agosto de 2019 en el Hospital Militar de Camerún, en Yaundé, aunque fotografías del cadáver mostraban señales de tortura física y otros malos tratos. Samuel Ebuwe Ajiekia había sido detenido en Buea, capital de la región del Suroeste, el 2 de agosto de 2019, tras criticar al gobierno por su gestión de la crisis anglófona. Al principio estuvo detenido en la comisaría de policía de Buea, y después fue trasladado a un lugar desconocido.

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