Burundi 2020
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Burundi 2020

Se llevaron a cabo homicidios ilegítimos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y actos de violencia sexual, dirigidos principalmente contra personas que se consideraba que ejercían oposición política. Continuaron las restricciones de la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica, y se tomaron represalias contra periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos por su trabajo. Continuó el discurso de odio por motivos étnicos, y el presidente hizo comentarios homófobos en sus alocuciones.

Información general

La situación de los derechos humanos no mejoró tras las elecciones generales de mayo, en las que resultó elegido el candidato presidencial del partido gobernante —Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia – Fuerzas para la Defensa de la Democracia (CNDD-FDD)—, que tomó posesión del cargo en junio tras la muerte repentina del presidente Nkurunziza el 8 de junio. A finales de ese mes juraron sus cargos los integrantes del Consejo de Ministros, que incluía el puesto de primer ministro, de nueva creación en virtud de la Constitución de 2018. En mayo se celebraron las elecciones comunales y legislativas, a las que siguieron las elecciones al Senado y las de nivel local o de colline (colina) en julio y agosto, respectivamente.

No estuvo presente en los comicios ninguna misión internacional de observación electoral, en parte por las restricciones impuestas para responder a la pandemia de COVID-19. La Conferencia Episcopal de Burundi planteó su preocupación por las “numerosas irregularidades” denunciadas por sus observadores. El 4 de junio, el Tribunal Constitucional falló que las elecciones se habían celebrado de forma regular.

En octubre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó la renovación del mandato de la Comisión de Investigación sobre Burundi.

Derecho a la salud

Los representantes del gobierno afirmaron inicialmente que Burundi tenía firmado un “pacto especial con Dios” que había librado al país de los efectos de la COVID-19. A finales de marzo, un portavoz del gobierno amenazó con sancionar a escuelas y otras instituciones por tomar medidas de contención proactivas antes que el gobierno y por tratar de “manipular o desorientar a la opinión pública”. Entre las primeras medidas tomadas por el gobierno figuraban la cuarentena para quienes viajaban y el consejo de lavarse las manos y evitar los saludos físicos. El aeropuerto internacional estuvo cerrado desde finales de marzo hasta principios de noviembre. Los actos multitudinarios continuaron durante las campañas electorales y después de los comicios. En mayo, algunos profesionales de la medicina declararon a los medios de comunicación que las pruebas eran insuficientes y que las cifras oficiales sobre la COVID-19 no reflejaban en toda su magnitud la verdadera tasa de mortalidad. El ministro de Asuntos Exteriores expulsó al representante de la Organización Mundial de la Salud y a tres expertos médicos a mediados de mayo. La muerte del expresidente Nkurunziza resultó un punto de inflexión en el enfoque de la pandemia por parte las autoridades. El 30 de junio, el presidente entrante declaró que la COVID-19 era el “enemigo público número uno”, y el gobierno comenzó a organizar la realización de pruebas de detección a gran escala.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

El gobierno siguió alentando a las personas refugiadas a regresar a Burundi. Continuaron los retornos organizados de personas refugiadas desde Tanzania, y en agosto comenzaron desde Ruanda, facilitados por los gobiernos y el ACNUR (la Agencia de la ONU para los Refugiados). Las autoridades de Tanzania arrestaron, sometieron a desaparición forzada, torturaron y detuvieron arbitrariamente a varios refugiados, y posteriormente devolvieron a algunos de ellos a Burundi. Las personas retornadas seguían teniendo dificultades para reintegrarse y recibían un apoyo insuficiente. Algunas fueron acusadas de apoyar a la oposición y recibieron amenazas o sufrieron ataques físicos de miembros de Imbonerakure, la sección juvenil del partido gobernante.

Las restricciones asociadas a la COVID-19 dificultaron la búsqueda de asilo fuera de Burundi. Entre enero y mediados de marzo, 3.242 personas buscaron refugio en países vecinos antes de las elecciones de mayo. Entre mediados de marzo cuando se impusieron restricciones en las fronteras y el final de septiembre, en la región sólo se había registrado la llegada de 24 personas procedentes de Burundi.

Discriminación

En el periodo previo a las elecciones, los miembros del CNDD-FDD usaron con creciente frecuencia una retórica que incitaba a la violencia contra la oposición política y justificaba los ataques contra miembros de la oposición. El gobierno no hizo rendir cuentas a los presuntos responsables del discurso de odio por motivos étnicos. Esta retórica continuó después de las elecciones.

Los grupos de mujeres criticaron el discurso pronunciado en septiembre por la primera dama Angeline Ndayishimiye Ndayubaha en el Foro de Lideresas, en el que afirmó que la igualdad de género no existiría nunca en el país y citó la Biblia para apoyar su argumentación. El Código de Familia reconocía a los esposos como jefes de la “comunidad conyugal”.

El presidente Ndayishimiye hizo varios comentarios homófobos en sus alocuciones. En su discurso de toma de posesión calificó de “desviación social” el matrimonio entre personas del mismo sexo, y en agosto sugirió una correlación entre los países que aceptaban la homosexualidad y las tasas elevadas de COVID-19.

Libertad de expresión

En enero se declaró culpables a Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi, Egide Harerimana y Térence Mpozenzi, periodistas del Grupo de Prensa Iwacu que habían sido detenidos en octubre de 2019 cuando se dirigían a informar sobre enfrentamientos en la provincia de Bubanza, de “tentativa imposible” de atentar contra la seguridad interior del Estado. Se les impusieron sendas condenas de dos años y medio de prisión y multas de un millón de francos burundeses (525 dólares estadounidenses). Su conductor, Adolphe Masabarakiza, fue absuelto. En junio, el Tribunal de Apelación de Ntahangwa confirmó su sentencia condenatoria en apelación, pero en diciembre recibieron un indulto presidencial y quedaron en libertad.1

En octubre, Fabien Banciryanino, exparlamentario de la oposición, fue detenido por cargos de rebelión, difamación y atentado contra la seguridad del Estado e interrogado en relación con discursos pronunciados en la Asamblea Nacional en los que había criticado al gobierno, algo que normalmente estaba amparado por la inmunidad parlamentaria.2

Defensores y defensoras de los derechos humanos

En junio, el Tribunal Supremo de Burundi anuló el fallo por el que el Tribunal de Apelación de Ntahangwa había confirmado en 2019 la sentencia condenatoria y la condena a 32 años de prisión del defensor de los derechos humanos Germain Rukuki. El caso se devolvió al Tribunal de Apelación para que se viera de nuevo ante un tribunal integrado por jueces distintos.

Continuó ante el Tribunal Supremo el juicio por “insurrección” de 12 defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas exiliados a quienes se acusaba de implicación en el fallido intento de golpe de Estado de mayo de 2015, en relación con su participación en protestas contra el tercer mandato del presidente. Sus abogados no estuvieron presentes en una vista celebrada en febrero.

Libertad de asociación

Los miembros del Congreso Nacional por la Libertad (CNL), principal partido de oposición, encontraron numerosos obstáculos para desarrollar sus actividades políticas. En algunos lugares no se concedió permiso para abrir oficinas del partido, mientras que en otros sus oficinas sufrieron actos vandálicos o fueron destruidas. Durante el periodo de campaña electoral, los funcionarios de la administración local les impidieron celebrar algunos actos de campaña.3

Las autoridades continuaron promoviendo un control más estricto de las actividades de las ONG internacionales, entre otras cosas exigiendo que las organizaciones aportaran datos individualizados sobre las etnias de su personal nacional. En mayo se establecieron por decreto presidencial comités de contratación para las ONG internacionales, incluidos comités gubernamentales en cada provincia con la función de supervisar y aprobar todas las contrataciones de personal nacional.4

Desapariciones forzadas

Continuaron los informes frecuentes de desapariciones forzadas, y seguían sin resolverse los casos anteriores. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias presentó a las autoridades 81 nuevos casos, sobre todo de 2015 y 2016. Al terminar el año, el gobierno no había dado respuesta a ninguno de los 156 casos planteados por el Grupo de Trabajo desde 2016. A pesar de haber firmado la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas en 2007, Burundi no la había ratificado ni aplicado todavía.

Detención y reclusión arbitrarias

El CNL informó de la detención de más de 600 miembros del partido, entre ellos integrantes de las candidaturas, antes de las elecciones y durante la jornada electoral. Algunas detenciones tuvieron lugar después de enfrentamientos con integrantes de Imbonerakure. Varios miembros del CNL fueron declarados culpables en juicios sumarísimos antes de las elecciones. Los informes de detenciones y desapariciones de miembros del partido continuaron durante todo el año.

Dos días antes de las elecciones, el fiscal general escribió al presidente de la Comisión Electoral Nacional para solicitar la inhabilitación de 59 candidaturas del CNL en las elecciones legislativas y comunales, aduciendo que eran objeto de investigaciones en curso. El Tribunal Constitucional anuló más tarde la decisión de inhabilitar tres candidaturas a la Asamblea Nacional.

Homicidios ilegítimos

Continuaron durante todo el año las ejecuciones extrajudiciales y otros homicidios ilegítimos. Tras los combates librados en febrero entre un grupo armado no identificado y la policía y el ejército en la provincia de Buyumbura Rural, circularon en las redes sociales fotografías y vídeos en los que aparecían al menos 12 jóvenes que habían sido capturados y atados, así como fotografías de los cuerpos sin vida de varios hombres. La Comisión de Investigación de la ONU sobre Burundi analizó los datos y concluyó que a los hombres los habían capturado y matado mientras estaban bajo la responsabilidad de la policía, las fuerzas armadas e Imbonerakure, que también aparecían en las imágenes.

Imbonerakure mató a varios miembros de partidos opositores durante el periodo electoral. Algunos miembros del CNL y de CNDD-FDD también murieron como consecuencia de enfrentamientos violentos entre partidos. Richard Havyarimana, miembro del CNL, fue secuestrado en mayo en la provincia de Mwaro y su cuerpo sin vida se encontró tres días después. En un raro ejemplo de rendición de cuentas, dos miembros de Imbonerakure fueron declarados culpables de su asesinato y en agosto fueron condenados a 15 años de prisión y a pagar a su familia una indemnización de 10 millones de francos burundeses (5.200 dólares estadounidenses).

Violencia por motivos de género

Imbonerakure y otros actores utilizaron la violencia sexual como forma de intimidación y castigo contra personas a las que consideraba adversarias políticas. En su informe de 2020, la Comisión de Investigación de la ONU resaltó los actos de violencia sexual cometidos contra hombres y niños, además de contra mujeres y niñas, detenidos en el Servicio Nacional de Inteligencia desde 2015. Los agentes del Servicio Nacional de Inteligencia sometían a detenidos varones a tortura y otros malos tratos dirigidos a sus genitales y que incluían la violación. También les obligaban a mantener relaciones sexuales con otras personas detenidas, hombres y mujeres, y los sometían a desnudez forzada y otras humillaciones. Las mujeres eran objeto de violación y otras formas de violencia sexual.

Derecho a verdad, justicia y reparación

A lo largo del año, la Comisión de la Verdad y Reconciliación llevó a cabo exhumaciones de fosas comunes relacionadas con atrocidades perpetradas en el pasado. Las exhumaciones, a las que se dio gran difusión, se centraron principalmente en fosas vinculadas con las matanzas de 1972, de las que habían sido víctimas sobre todo miembros de la etnia hutu. La elección de las fosas, en combinación con los comentarios realizados por representantes públicos, alimentó la polarización y fue vista como un intento de imponer un discurso único. Las exhumaciones se llevaban a cabo de una manera que ponía en peligro la conservación de datos valiosos y no garantizaba la conservación respetuosa de los restos humanos.5


  1. Burundi: Upholding journalists’ conviction further undermines media freedom (noticia, 5 de junio)
  2. Burundi: Release outspoken opposition politician (AFR 16/3230/2020)
  3. Burundi: Prioritise human rights in election season (AFR 16/2214/2020)
  4. Burundi: Drop demand on international NGOs to disclose ethnic identity of employees (noticia, 27 de febrero)
  5. Burundi: Human rights priorities for new government (AFR 16/2777/2020)

Descarga el Informe 2020/21 de Amnistía Internacional