Burkina Faso 2016/2017

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Burkina Faso 2016/2017

La agitación política de los dos años anteriores disminuyó considerablemente. Hubo grupos armados que cometieron abusos. Las tasas de mortalidad materna y de matrimonios forzados y a edad temprana seguían siendo elevadas, aunque el gobierno comenzó a abordar estas cuestiones.

Información general

En septiembre, el gobierno creó una comisión encargada de redactar una nueva Constitución que marcara el comienzo de la “Quinta República”.

Tribunal militar

En junio, el tribunal militar dictó acta de acusación formal contra 14 personas, incluido el ex presidente Blaise Compaoré, presuntamente implicadas en el asesinato del presidente Thomas Sankara, cometido en 1987. Siete personas, incluidos el coronel Alidou Guebré y el cabo Wampasba Nacouma, fueron detenidas en octubre y formalmente acusadas. En mayo, Burkina Faso dictó una orden de detención internacional contra el ex presidente y otra de las personas inculpadas que vivían en el exilio.

Entre julio y octubre, 38 de las 85 personas acusadas de amenazar la seguridad del Estado y de cometer crímenes de lesa humanidad y asesinatos tras un intento de golpe de Estado llevado a cabo en septiembre de 2015 quedaron en libertad provisional. Entre ellas figuraban las periodistas Caroline Yoda y Adama Ouédraogo. El ex ministro de Asuntos Exteriores, Djibril Bassolé, y el general Gilbert Diendéré permanecían bajo custodia en espera de ser juzgados por el tribunal militar. En abril, las autoridades retiraron la orden de detención internacional contra Guillaume Soro, presidente de la Asamblea Nacional de Costa de Marfil, que había sido investigado por su presunta participación en el intento de golpe de Estado.

Abusos cometidos por grupos armados

Durante todo el año hubo grupos armados que atacaban a civiles y a miembros de las fuerzas de seguridad en la capital, Uagadugú, y en el norte del país, cerca de la frontera con Malí.

En enero, un grupo armado mató e hirió a civiles de manera deliberada e indiscriminada en un ataque perpetrado en Uagadugú. Al Mourabitoun, grupo afín a Al Qaeda en el Magreb Islámico, reivindicó la autoría del atentado, en el que murieron al menos 30 personas, entre ellas una fotógrafa y un chófer que trabajaban en nombre de Amnistía Internacional.

En mayo, junio, octubre y diciembre, las autoridades anunciaron que algunos grupos armados habían atacado comisarías de policía cerca de la frontera de Malí, matando a 21 personas e hiriendo a otras.

Las milicias de autodefensa denominadas “kogleweogo”, compuestas principalmente por agricultores y ganaderos, cometieron abusos tales como palizas y secuestros. Las organizaciones de la sociedad civil criticaron a las autoridades por su inacción a la hora de evitar o remediar tales abusos. El ministro de Justicia se comprometió a poner fin a las actividades de las milicias. En octubre se adoptó un decreto que regulaba sus actividades.

En septiembre, 4 miembros de las kogleweogo acusados en relación con una reunión armada fueron condenados a 6 meses de cárcel, mientras que a otros 26 les impusieron condenas condicionales de entre 10 y 12 meses.

Impunidad

En julio, el Comité de Derechos Humanos de la ONU subrayó que el gobierno debía redoblar sus esfuerzos para investigar de manera exhaustiva e imparcial todas las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas, incluida la Guardia Presidencial, imponer sanciones a quienes fueran declarados culpables y ofrecer reparación a las víctimas.

La Comisión de Investigación creada en 2015 para indagar el homicidio de al menos 10 personas y las heridas sufridas por cientos más a manos de las fuerzas de seguridad en octubre de 2014 entregó su informe al primer ministro. Sus conclusiones no se hicieron públicas.

Derechos de las mujeres

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU declaró que las mujeres de las zonas rurales estaban en una posición especialmente desfavorecida en relación con estos derechos. El Comité recomendó que Burkina Faso revisara su legislación sobre la prevención y el castigo de la violencia contra las mujeres y las niñas, y que ofreciera más apoyo a las supervivientes. También recomendó que se castigaran todos los actos de violación marital y que se alentara la denuncia de tales delitos.

En julio, el Comité de Derechos Humanos de la ONU señaló que debía haber más mujeres ocupando cargos públicos.

Derechos sexuales y reproductivos

Sólo el 16% de las mujeres de Burkina Faso utilizaban un método anticonceptivo moderno, y casi el 30% de las niñas y jóvenes de entre 15 y 19 años de las zonas rurales estaban embarazadas o ya habían tenido un bebé. Algunas mujeres y niñas declaraban que no sabían que las relaciones sexuales podían dar lugar a embarazos. Muchas afirmaban que el coste de los anticonceptivos impedía su uso o les impedía utilizarlos de manera habitual. Estos factores provocaban embarazos no deseados y de alto riesgo, que a veces daban lugar a abortos clandestinos y peligrosos.1

Al menos 2.800 mujeres morían cada año durante el parto en Burkina Faso. En marzo, las autoridades eliminaron algunos obstáculos económicos sustanciales que encontraban las mujeres embarazadas, entre ellos los gastos relacionados con la cesárea y el parto.

Matrimonio precoz y forzado

Burkina Faso tenía una de las tasas de matrimonios forzados y a edad temprana más altas del mundo. Las mujeres y las niñas afirmaban que estaban obligadas a casarse como consecuencia de la violencia, la coacción y la presión vinculada al dinero y a los bienes que recibían sus familias como parte del matrimonio. En la región del Sahel, más de la mitad de las niñas de entre 15 y 17 años estaban casadas.

Las autoridades aprobaron una estrategia nacional para poner fin al matrimonio precoz en 2025. El plan definía como “niño o niña” a las personas menores de 18 años, y consideraba que el término “matrimonio” incluía todas las formas de unión entre un hombre y una mujer, ya fueran celebradas por un funcionario público o por un líder tradicional o religioso. Sin embargo, persistía una profunda preocupación por el marco jurídico y las deficiencias en la aplicación de la ley.

  1. Coerced and denied: Forced marriages and barriers to contraception in Burkina Faso (AFR 60/3851/2016)

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