Burkina Faso 2020
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Burkina Faso 2020

Los grupos armados cometieron abusos contra los derechos humanos, como homicidios y secuestros, en el contexto del conflicto armado. Las fuerzas de seguridad también perpetraron ejecuciones extrajudiciales y tortura. La impunidad seguía siendo generalizada. Se obstaculizó el derecho a la educación. La libertad de expresión y de reunión era objeto de restricciones.

Información general

Continuó el conflicto armado, especialmente en las regiones del norte y el este del país. En enero se aprobó la Ley sobre Voluntarios para la Defensa de la Patria, que permitía el reclutamiento de “voluntarios” locales para apoyar operaciones militares.

Un total de 7 de las 13 regiones continuaron bajo el estado de emergencia, que concedía a las autoridades amplios poderes para detener y recluir a las personas y limitar sus movimientos.

En marzo se impuso en todo el país el toque de queda para controlar la propagación de la COVID-19. El gobierno también liberó a 1.207 personas presas para reducir el hacinamiento en las instituciones penitenciarias y mitigar el riesgo de contagio.

En septiembre, antes de las elecciones presidenciales, se modificó el Código Electoral para establecer que, cuando los colegios electorales se cerrasen por motivos de seguridad excepcionales, los resultados de las elecciones se basarían en los votos emitidos en los colegios que permanecieran abiertos. En noviembre, el presidente Kaboré fue reelegido para un segundo mandato.

Abusos cometidos por grupos armados

Los enfrentamientos entre grupos armados fueron frecuentes, y se cometieron ataques contra la población civil —a menudo por motivos étnicos— que podrían ser constitutivos de crímenes de guerra.

Desde el comienzo del año, el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes bloqueaba la ciudad de Djibo, en la provincia de Soum (región Centro-Norte), y restringía el acceso y la circulación de personas en un tramo de 37 kilómetros.

En marzo, el grupo de “autodefensa” armado Koglweogo atacó tres localidades del departamento de Barga (región Norte), mató al menos a 43 habitantes y destruyó edificaciones. Ese mismo mes, según información de los medios de comunicación, unos hombres armados no identificados se llevaron al menos a 10 civiles de una mezquita en la localidad de Cissé (región del Sahel) y los mataron.

En mayo y agosto, al menos 45 personas murieron cuando unos asaltantes no identificados dispararon de forma indiscriminada en mercados de ganado de la ciudad de Kompienbiga y la localidad de Namoungou (región Este).

En julio, el alcalde de Pensa y otros 10 hombres perdieron la vida en una emboscada tendida contra su convoy entre las ciudades de Barsalogho y Pensa (región Centro-Norte), al parecer obra de miembros del Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes. Un mes más tarde, Souhaib Cissé, líder de la comunidad islámica de la provincia de Soum, fue secuestrado por hombres armados cuando viajaba hacia su domicilio en Djibo. Su cuerpo sin vida fue encontrado cuatro días después a las afueras de la ciudad.

Derecho a la educación

El derecho a la educación se vio gravemente menoscabado por efecto de los ataques armados de miembros del Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes y del Estado Islámico en el Gran Sáhara contra centros de enseñanza primaria y secundaria, y también hubo frecuentes amenazas de violencia contra estudiantes y docentes. Según el Ministerio de Educación, 222 profesionales de la enseñanza fueron “víctimas de ataques terroristas” entre enero y abril. En abril, según UNICEF, unas 3.000 escuelas estaban cerradas debido a la inseguridad.

Ejecuciones extrajudiciales

El 9 de abril, 31 personas fueron detenidas y ejecutadas en Djibo por miembros de la fuerza de unidades especiales durante una operación. Aunque el gobierno anunció una investigación sobre los homicidios, que podrían ser constitutivos de crímenes de guerra, no se hizo pública más información sobre la investigación.

Tortura y otros malos tratos

El 11 de mayo, unos gendarmes acompañados de voluntarios detuvieron y recluyeron a un mínimo de 25 hombres en un mercado de la ciudad de Kpentchangou (región Este). A la mañana siguiente, 12 de ellos fueron hallados sin vida en sus celdas del puesto de la gendarmería en Tanwalbougou. La gendarmería negó toda responsabilidad, pero los supervivientes —que quedaron en libertad en junio— declararon que los 12 hombres habían muerto como consecuencia de las graves palizas propinadas por los gendarmes. Las autoridades declararon que investigarían el incidente, pero al terminar el año no se disponía de información pública sobre la investigación.

Violencia por motivos de género

Según el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, la incidencia de la violencia de género —que incluía la violación, el matrimonio precoz y forzado, la prostitución y otros abusos y explotación sexuales— se agravó debido al conflicto. Las víctimas de este tipo de violencia encontraban dificultades para obtener ayuda, ya que los servicios de atención de la salud sexual y reproductiva escaseaban o se veían alterados por el conflicto.

Personas refugiadas y desplazadas internamente

En agosto, según el ACNUR, había un millón de personas internamente desplazadas por el conflicto. La población internamente desplazada y los campos de refugiados fueron blanco de ataques de todas las partes en el conflicto.

En mayo, unos efectivos militares golpearon a 32 residentes en el campo de refugiados de Mentao (región del Sahel) cuando buscaban a los autores de un ataque contra el ejército, ocurrido el mismo día y en el que había muerto un soldado. El ACNUR pidió a las autoridades que investigaran el incidente, pero éstas respondieron alegando que el campo albergaba a hombres armados.

En octubre, 25 desplazados internos murieron en una emboscada tendida por un grupo armado cerca de la ciudad de Pissila (región Centro-Norte). Los supervivientes de los hechos afirmaron que los asaltantes habían ejecutado a los hombres tras separarlos de las mujeres y los niños y niñas, a quienes después dejaron en libertad.

Derecho a verdad, justicia y reparación

En febrero, Boureima Nadbanka, jefe militar de Koglweogo en la provincia de Namentenga (región Centro-Norte), fue puesto en libertad provisional por el Tribunal Superior de Kaya. Había sido detenido en diciembre de 2019 en relación con una investigación sobre el homicidio ilegítimo de 50 personas y la desaparición forzada de otras 66 en la localidad de Yirgou (provincia de Sanmatenga) en enero de 2019. Al terminar el año no se habían observado avances dignos de mención en las actuaciones en su contra.

Libertad de expresión y de reunión

En enero, un automóvil perteneciente a Yacouba Ladji Bama, periodista de investigación y redactor jefe de Courrier Confidentiel, fue incendiado delante de su domicilio. Según afirmaron los sindicatos de periodistas, el ataque pretendía intimidar a Yacouba Ladji Bama por su trabajo de revelación del fraude y la corrupción.

En el mismo mes, el Consejo Municipal de Uagadugú prohibió arbitrariamente una sentada ante el Tribunal de Uagadugú organizada por el Colectivo contra la Impunidad y la Estigmatización de las Comunidades (CISC). El Colectivo protestaba por que las autoridades no habían impartido justicia para las 50 personas asesinadas por Koglweogo en Yirgou en enero de 2019 (véase supra, “Derecho a verdad, justicia y reparación”).

En agosto, las autoridades impidieron el desarrollo de una manifestación de partidarios del depuesto presidente Compaoré, a quienes negaron el acceso al lugar conocido como Casa del Pueblo, en Uagadugú, sin explicar los motivos oficiales.

Derecho a la salud

Derechos laborales

En marzo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud Humana y Animal (SYNTSHA) planteó su preocupación por la escasa preparación del país para hacer frente a la pandemia de COVID-19 y reclamó mayor protección para el personal sanitario que trabajaba en primera línea. SYNTSHA denunció reiteradamente la falta de infraestructuras e inversiones y el incumplimiento por parte del gobierno del acuerdo de 2017 que pretendía mejorar las condiciones de empleo del personal sanitario.

Descarga el Informe 2020/21 de Amnistía Internacional