Burkina Faso 2017/2018
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Burkina Faso 2017/2018

El proyecto de Constitución incluía disposiciones que, de aplicarse, reforzarían la protección de los derechos humanos. Se tuvo noticia de tortura y otros malos tratos, y las condiciones de reclusión continuaban siendo deficientes. Las tasas de mortalidad materna y de matrimonio forzado y a edad temprana continuaban siendo elevadas. Hubo grupos armados que cometieron abusos contra los derechos humanos.

Novedades jurídicas, constitucionales e institucionales

El proyecto de Constitución se sometió en diciembre a la aprobación del presidente, para su posterior aprobación en referéndum o por el Parlamento. Contenía disposiciones que reforzaban la protección de los derechos humanos —incluidos los derechos económicos, sociales y culturales—, la igualdad de género y la protección de las mujeres y las niñas frente a la violencia; abolían la pena de muerte, y aumentaban la independencia del poder judicial.

En junio, la Asamblea Nacional adoptó una ley para proteger a los defensores y defensoras de los derechos humanos.

En julio se aprobó legislación que otorgaba al Tribunal Superior de Justicia competencias para enjuiciar a miembros del gobierno por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones o en relación con ellas. Ese mismo mes, el gobierno aprobó una ley que permitía a la fiscalía militar iniciar acciones judiciales contra civiles en procedimientos que funcionarían con independencia del Consejo Superior de la Magistratura, una de cuyas responsabilidades era supervisar la independencia del poder judicial.

Tortura y otros malos tratos

Hubo detenidos en la prisión principal de la capital del país, el Centro de Detención y Corrección de Uagadugú (MACO, por sus siglas en francés), que denunciaron haber sido sometidos a tortura y otros malos tratos —fundamentalmente en el momento de la detención o bajo custodia policial—, a menudo para obtener “confesiones”. Varios reclusos dijeron que habían pasado más de dos semanas bajo custodia sin cargos. Cuatro presos dijeron que los tribunales no habían tomado medidas cuando denunciaron que habían sido torturados.

Varios soldados que habían sido enjuiciados en abril por conspiración para asaltar un depósito de armas situado en Yimdi en enero denunciaron ante un tribunal militar de Uagadugú haber sido torturados bajo custodia en la gendarmería o en la prisión MACO.

Reclusión

Continuaban las condiciones de hacinamiento en muchas cárceles. La prisión MACO albergaba a 1.900 reclusos, pese a que su capacidad era de 600. Las condiciones de reclusión seguían siendo deficientes; la población reclusa carecía de alimentos y servicios médicos adecuados. A pesar de ello, representantes del Ministerio de Justicia afirmaron en junio que estaban elaborando un plan estratégico para mejorar las condiciones de reclusión.

Impunidad

El juicio del expresidente Blaise Compaoré y 32 exministros ante el Tribunal Superior de Justicia se aplazó en reiteradas ocasiones y el Consejo Constitucional lo suspendió temporalmente en junio. Blaise Compaoré estaba acusado de agresiones voluntarias, complicidad en agresiones, asesinatos y complicidad en asesinato en relación con el levantamiento de octubre de 2014. La orden de detención internacional dictada contra él y su ex jefe de seguridad, Hyacinthe Kafando, continuaba vigente.

En mayo se emitió una orden de detención internacional contra François Compaoré, hermano del expresidente, en relación con el asesinato del periodista de investigación Norbert Zongo en diciembre de 1998. François Compaoré fue sometido a supervisión judicial en Francia, donde residía, en espera de la decisión sobre su extradición a Burkina Faso.

Un total de 14 personas estaban en espera de juicio, tres de ellas detenidas, en relación con el asesinato del expresidente Thomas Sankara.

En octubre, se sometieron a la decisión de la sala de acusación las conclusiones de una investigación sobre el intento de golpe de Estado de septiembre de 2015. Al menos 106 personas —entre ellas 40 civiles, una de ellas extranjera— fueron acusadas de amenazar la seguridad del Estado y de cometer crímenes de lesa humanidad y asesinatos durante el intento de golpe. Al concluir el año, más de 20 de ellas continuaban detenidas mientras que otra, el general Djibril Bassolé, permanecía bajo arresto domiciliario tras haber sido transferido en octubre. En diciembre, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria pidió que lo pusieran en libertad.

Derechos de las mujeres y de las niñas

La falta de equipos médicos, medicamentos y personal en los hospitales dejaba a las mujeres y los recién nacidos expuestos a sufrir complicaciones e infecciones y morir en el parto. Durante la primera mitad del año se produjeron al menos 100 defunciones maternas en uno de los dos principales hospitales públicos de Uagadugú. En un hospital, las matronas estaban sobrecargadas de trabajo y atendían hasta 25 cesáreas diarias; el desabastecimiento obligaba a las pacientes a dormir en el suelo, a veces sin ropa de cama.

No se registraron avances en la implementación del compromiso adquirido por el gobierno en 2016 de elevar la edad legal de las mujeres y las niñas para contraer matrimonio. En la región del Sahel, en el norte del país, más del 50% de las niñas de entre 15 y 17 años estaban casadas. Aunque la tasa de mutilación genital femenina seguía disminuyendo, esta práctica continuaba siendo generalizada a pesar de ser ilegal.

Abusos cometidos por grupos armados

Las milicias de autodefensa denominadas “kogleweogo”, compuestas principalmente por agricultores y ganaderos, seguían cometiendo abusos contra los derechos humanos, entre ellos palizas y secuestros, pese a que el ministro de Justicia se había comprometido en diciembre de 2016 a regular las actividades de las milicias.

Representantes del Ministerio de Justicia dijeron que, en enero, miembros de las kogleweogo habían matado a golpes a un hombre en la ciudad de Tapoa por el presunto robo de un pollo. En mayo murieron violentamente seis personas, entre ellas cuatro miembros de las kogleweogo, en enfrentamientos entre estas milicias y la población local en Goundi. Ese mismo mes, el gobernador regional prohibió los “grupos de autodefensa” de Boulkiemdé y Sanguié.

Se tuvo noticia de que se habían aplazado juicios a raíz de las manifestaciones organizadas por las kogleweogo en Fada N’Gourma y Koupéla para proteger a sus miembros del enjuiciamiento.

Hubo grupos armados que efectuaron ataques cerca de las fronteras con Malí y Níger y mataron a decenas de civiles. También atacaron a personal de la policía y el ejército. Los ataques reiterados efectuados en la región del Sahel provocaron que empleados públicos la abandonaran temporalmente.

A finales de enero, hombres armados entraron en varios colegios en el norte del país y amenazaron al profesorado para obligarlo a adoptar las enseñanzas islámicas. Esto provocó el cierre de cientos de colegios, especialmente en Soum, Oudalan y Loroum.

El grupo Ansarul Islam reivindicó la autoría de los ataques a las comisarías de policía de Baraoulé y Tongomaël efectuados el 27 y 28 de febrero.

El 3 de marzo, un grupo armado mató a un director de colegio y a un vecino del pueblo de Kourfayel (Soum).

En agosto, al menos 19 personas murieron y más de 22 resultaron heridas en un atentado contra un restaurante de Uagadugú. Ningún grupo reivindicó la autoría del atentado.

En dos ocasiones, en septiembre y noviembre, grupos armados efectuaron ataques en Soum que mataron al menos a nueve personas.

Descarga el Informe 2017/18 de Amnistía Internacional