Hungría 2025
Se aprobó legislación que prohibía las reuniones relacionadas con personas LGBTI. Se presentó un anteproyecto de ley que permitiría al gobierno incluir en una lista negra a organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación y bloquear su financiación basándose en criterios arbitrarios. La Comisión Europea concluyó que Hungría aún no había abordado las deficiencias sistémicas en materia de independencia judicial, libertad de los medios de comunicación y marco anticorrupción del país. Continuaban las violaciones de los derechos de las personas solicitantes de asilo. Se permitió que los municipios aprobaran decretos discriminatorios que restringían el acceso a vivienda local.
Libertad de reunión pacífica
En octubre, la policía no impidió que se celebrara una reunión de solidaridad con Palestina en la capital, Budapest, cuando en años anteriores había prohibido este tipo de actos.
En marzo, el Parlamento aprobó una ley que establecía una base jurídica para prohibir las reuniones relacionadas con personas LGBTI. La nueva ley establecía sanciones penales de hasta un año de prisión para quienes organizaran eventos prohibidos y multas de hasta 500 euros (200.000 forintos) para quienes participaran en ellos.1 Asimismo, ampliaba las circunstancias en que la policía podía disolver cualquier tipo de reunión y modificaba las normas sobre notificación, reduciendo de tres meses a un mes el plazo máximo para notificar la reunión, lo que dificultaba a la entidad organizadora la gestión y promoción efectivas de su evento.
La policía utilizó la nueva ley para prohibir múltiples reuniones, y el Tribunal Supremo confirmó todas las prohibiciones cuando fueron impugnadas por las entidades organizadoras. Entre otras reuniones, se prohibió una manifestación en favor de los derechos de las personas transgénero y otra para protestar contra esa prohibición. También se prohibieron las marchas del Orgullo en Budapest y Pécs y un acto de celebración de los derechos humanos. Pese a las prohibiciones, el Orgullo de Budapest y el Orgullo de Pécs finalmente se celebraron en junio y octubre, respectivamente, con cifras récord de participantes y sin intromisión policial.
Libertad de expresión y de asociación
Los ataques a organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación independientes se intensificaron en 2025. El 15 de marzo, el primer ministro, Viktor Orbán, comparó públicamente a “políticos, jueces, periodistas, falsas organizaciones de la sociedad civil y activistas políticos” con “chinches apestosas”.
En mayo, la coalición gobernante presentó un anteproyecto de ley que permitiría al gobierno incluir en una lista negra a una gran diversidad de organizaciones cívicas y medios de comunicación independientes, así como a empresas comerciales, basándose en criterios arbitrarios. Si se consideraba que esas organizaciones “ponían en peligro la soberanía de Hungría”, sus fondos serían bloqueados, incluidos los ingresos procedentes del extranjero.
En septiembre, el gobierno creó la primera “lista nacional antiterrorista” de Hungría, en la que se calificaba de terrorista al movimiento antifascista (“Antifa”) en general y al grupo alemán Antifa Ost (también llamado Hammerbande, “banda del martillo”) en particular. Toda persona vinculada a una organización incluida en la lista se exponía a sanciones económicas y, si no tenía la nacionalidad húngara, a la expulsión del país y a la denegación de entrada en él.
Derecho a un juicio justo
Según la Comisión Europea, Hungría no había avanzado en siete de las ocho recomendaciones incluidas en su Informe sobre el Estado de Derecho en 2024. La Comisión concluyó que Hungría no había abordado las deficiencias sistémicas en materia de independencia judicial, libertad de los medios de comunicación y marco anticorrupción del país.
En enero se subió un 15% la remuneración de jueces y juezas tras varios años de pérdida de poder adquisitivo de sus salarios y la consiguiente preocupación por el peligro que esto representaba para la independencia judicial. Sin embargo, la subida fue precedida de un conjunto de reformas judiciales aprobadas por el Parlamento que suscitaban nuevos motivos de preocupación, ya que incluían disposiciones polémicas sobre los criterios para el nombramiento de nuevos miembros de la judicatura, no establecían mecanismos para mantener el valor de los salarios en el tiempo y dejaban las decisiones en materia salarial a discreción de los poderes ejecutivo y legislativo. Por tanto, con estas reformas, el poder judicial continuaba expuesto a influencias políticas.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
El gobierno negó ayudas para la vivienda a la mayoría de las personas refugiadas de habla húngara procedentes de la región ucraniana occidental de Transcarpacia, en la que era sabido que vivía una importante minoría húngara. La negación de ayuda vino precedida de la eliminación de Transcarpacia de una lista oficial de regiones de Ucrania afectadas por la guerra.
La legislación de Hungría seguía permitiendo las devoluciones de solicitantes de asilo en las fronteras, que en muchos casos se llevaban a cabo con violencia. En 2025 hubo 4.100 casos de estas características en la frontera con Serbia. En junio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que las devoluciones masivas llevadas a cabo por Hungría eran ilícitas y ordenó el pago de indemnizaciones y un cambio sistémico. Además, criticó que el procedimiento de asilo en embajadas de Hungría no era funcional, ya que disponía que las solicitudes sólo podían presentarse en dos embajadas designadas al efecto. El fallo reafirmaba la determinación del Tribunal Europeo de que Hungría debía poner fin a las devoluciones masivas, que excluían cualquier evaluación de las circunstancias personales.
Discriminación
En julio entró en vigor una ley que facultaba a los municipios para imponer requisitos locales a toda persona que deseara comprar una propiedad o registrar un domicilio en sus respectivos ámbitos territoriales. A pesar de las protestas de organizaciones romaníes, unos 180 municipios establecieron requisitos discriminatorios —como carecer de antecedentes penales, tener un nivel mínimo de educación y estar libre de deudas con el Estado— que iban dirigidos principalmente a las personas romaníes.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales
En marzo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló que quienes vivían en Hungría tenían derecho a rectificar sin dilaciones indebidas los datos personales inexactos almacenados en registros públicos, incluida la información relativa a la identidad de género.
En abril, el Parlamento reformó la Constitución para establecer que “los seres humanos son hombres o mujeres”. La reforma debilitó aún más la protección ofrecida a las personas de género diverso al eliminar la “identidad de género” como motivo de discriminación y acoso expresamente prohibido.
En junio, el Tribunal Constitucional falló que era inconstitucional que el poder legislativo no garantizara el reconocimiento legal de los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en el extranjero al no permitir su registro como unión civil.
Vigilancia ilícita
La nueva ley que prohibía las reuniones relacionadas con personas LGBTI permitía el uso generalizado de tecnologías de reconocimiento facial por los organismos encargados de hacer cumplir la ley para identificar a autores de delitos, incluso de los más leves.
La organización global de investigación Insikt Group informó del presunto uso en Hungría de un programa espía altamente invasivo, conocido como “Lengua del Diablo” por el personal investigador especializado en tecnologías.
Derechos de las mujeres y de las niñas
El Índice de Igualdad de Género de 2025, publicado por el Instituto Europeo para la Igualdad de Género, clasificó a Hungría en el puesto 26 de los 27 Estados miembros de la Unión Europea y en el último lugar en el ámbito de la igualdad de género en cargos de responsabilidad política y económica.
Impunidad
En abril, Hungría anunció su decisión de retirarse del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional durante la visita al país del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y se negó a detenerlo y entregarlo a las autoridades judiciales a pesar de la orden de la Corte. En junio, Hungría inició formalmente el proceso de retirada.
Privación arbitraria de la nacionalidad
En junio se aprobó una ley que permitía suspender la nacionalidad húngara en relación con algunas categorías de ciudadanos y ciudadanas con doble nacionalidad, lo que podía facilitar las expulsiones. La ley incluía una lista de motivos para la suspensión que no era exhaustiva, creaba incertidumbre y podía allanar el camino a las decisiones arbitrarias.
Derecho a la educación
En marzo, la relatora especial de la ONU sobre el derecho a la educación expresó su profunda preocupación por “las crecientes desigualdades, la rigidez de los planes de estudio, la marginación del alumnado romaní y la erosión de la libertad académica”.
En un informe publicado en noviembre, la defensora adjunta de los derechos de las minorías en Hungría puso de relieve la segregación de los niños y niñas romaníes en las escuelas gestionadas por la iglesia, mantenida y reforzada por la legislación en materia de educación pública.
Derecho a un medioambiente saludable
En junio, el Tribunal Constitucional anuló el objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 establecido en la legislación nacional sobre el clima, al resolver que era insuficiente, y ordenó al Parlamento que redactara antes del 30 de junio de 2026 un reglamento integral que abarcara todas las áreas de protección climática.
Según las conclusiones de la Revisión de la aplicación de la política medioambiental 2025 de la Comisión Europea, publicada en julio, Hungría debía adoptar medidas sobre varios aspectos de la conservación y restauración de la naturaleza y, en concreto, actuar para mejorar la biodiversidad, el reciclaje, el vertido de residuos, la innovación ecológica, el tratamiento de las aguas residuales, la calidad del aire y la adaptación al clima.