Bosnia y Herzegovina 2025
Defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas de la sociedad civil y periodistas independientes se enfrentaban a un entorno muy hostil en la República Srpska. La población romaní y miembros de otras comunidades “no constituyentes” continuaron sufriendo discriminación. La Federación de Bosnia y Herzegovina aprobó leyes que reconocían el feminicidio y endurecían las penas para los perpetradores de violencia de género en el ámbito familiar. La protección legal de las víctimas seguía siendo desigual en todo el país. Persistieron la negación del genocidio y el enaltecimiento de criminales de guerra convictos.
Información general
Bosnia y Herzegovina seguía sufriendo inestabilidad política.
En febrero, las autoridades de la República Srpska aprobaron leyes que impedían actuar en su territorio a instituciones del Estado como la policía y la judicatura; el Tribunal de Bosnia y Herzegovina suspendió temporalmente algunas de ellas y resolvió que otras eran inconstitucionales.
En agosto, el Tribunal de Bosnia y Herzegovina condenó al presidente de la República Srpska, Milorad Dodik, a un año de prisión y seis de inhabilitación para ocupar cargos públicos por desobedecer decisiones dictadas por el alto representante de la ONU en Bosnia y Herzegovina. Su mandato fue revocado oficialmente en agosto, y en noviembre se celebraron en la República Srpska elecciones presidenciales extraordinarias.
La Asamblea Nacional de la República Srpska rechazó el fallo del tribunal y pidió un referéndum para preguntar a su ciudadanía si aceptaba la sentencia y el fin del mandato de Milorad Dodik. La Unión Europea (UE) dijo que un referéndum sobre decisiones judiciales era “contrario al Estado de derecho”. Las autoridades decidieron posponer el referéndum a 2026.
En septiembre, el Consejo de Ministros de Bosnia y Herzegovina aprobó finalmente el Programa de Reforma de la UE 2024-2027, y así evitó otro recorte importante de fondos del Plan de Crecimiento de la UE para los Balcanes Occidentales.
Libertad de expresión y de asociación
Defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas de la sociedad civil y periodistas independientes sufrieron con frecuencia amenazas verbales, insultos dentro y fuera de Internet, y campañas difamatorias agresivas y sostenidas, incluso por parte de altos cargos públicos, especialmente en la República Srpska.
En marzo, la Asamblea Nacional de la República Srpska aprobó la Ley sobre la Inscripción Especial y la Publicidad del Trabajo de las ONG, que imponía a las organizaciones sin ánimo de lucro la obligación de inscribirse en un registro especial, las sometía a mayor supervisión legal y podía clasificarlas como “agentes de influencia extranjera”. Asimismo, aprobó cambios en el Código Penal de la República Srpska, como la introducción del nuevo delito de “no respetar o no aplicar decisiones de instituciones y organismos” de la República Srpska, que, en opinión de grupos de la sociedad civil, representaba una grave amenaza para la libertad de expresión. En mayo, el Tribunal Constitucional de Bosnia y Herzegovina anuló ambas leyes por ser inconstitucionales. La relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos afirmó que las medidas formaban parte de una “política deliberada” para deslegitimar las críticas hacia el partido gobernante y “socavar y demonizar aún más a la sociedad civil”.
En agosto fue arrestada y detenida brevemente la periodista Nataša Miljanović Zubac por “revelación de información secreta” a raíz de publicaciones en redes sociales que denunciaban corrupción y delincuencia entre miembros de la policía y la judicatura. No obstante, el Tribunal de Bosnia y Herzegovina resolvió que no había motivos para sospechar que Nataša Miljanović Zubac hubiera cometido el delito.
Discriminación
En marzo, la Asamblea Nacional de la República Srpska aprobó reformas de su Código Penal que suprimían la “identidad de género” como característica protegida en los artículos que penalizaban los delitos de odio y el discurso de odio. Grupos de la sociedad civil advirtieron de que las reformas debilitarían las protecciones legales existentes.
En septiembre, una delegación del Consejo de Europa visitó Bosnia y Herzegovina en relación con la ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que habían declarado discriminatorios los acuerdos sobre el reparto de poder en el país. Seguía negándose representación política adecuada a las personas pertenecientes a comunidades distintas de los “pueblos constituyentes” del país, principalmente las bosniacas, las croatas y las serbias.
En abril, las autoridades y grupos de la sociedad civil pusieron en marcha una consulta sobre el plan de medidas para la inclusión social de la comunidad romaní 2026-2030, pero no hubo avances concretos antes de concluir el año.
Violencia contra mujeres y niñas
En marzo, el Parlamento de la Federación de Bosnia y Herzegovina aprobó la Ley de Protección contra la Violencia en el Ámbito Familiar y la Violencia contra las Mujeres, dirigida a fortalecer la prevención, introducir medidas más sólidas de protección y mejorar el apoyo a las víctimas de violencia. Las organizaciones de derechos de las mujeres consideraron positiva su aprobación, pero señalaron que su aplicación integral requería educación y formación adicionales del funcionariado encargado de hacer cumplir la ley.
En junio, tras meses de campaña de estas organizaciones, el Parlamento de la Federación reformó el Código Penal para reconocer formalmente el feminicidio como delito específico e introducir penas más duras para los perpetradores.
A pesar de los avances señalados, la protección legal de las víctimas y su acceso a los derechos seguían siendo desiguales en todo el país.
Hubo un incremento notable de la violencia contra las mujeres en Internet. El Consejo de Europa pidió a las autoridades que pusieran más empeño en reformar el marco legal e institucional para combatir la violencia digital.
Derecho a verdad, justicia y reparación
Mientras Bosnia y Herzegovina conmemoraba el 30 aniversario del genocidio de Srebrenica, perpetrado en 1995, figuras políticas de la República Srpska continuaban negando públicamente el genocidio y los crímenes de guerra, y enalteciendo a criminales de guerra convictos.1
En mayo, el Tribunal de Bosnia y Herzegovina condenó a Vojin Pavlović, director de una ONG con sede en la República Srpska, a dos años y medio de cárcel por incitación al odio al negar el genocidio de Srebrenica y enaltecer a criminales de guerra convictos. Era la primera condena por negación del genocidio desde que el alto representante de la ONU en Bosnia y Herzegovina impuso la legislación sobre la negación del genocidio en 2021.
Más de 7.500 personas continuaban en paradero desconocido desde la guerra de Bosnia de 1992-1995.