Seguía sin prohibirse legalmente la discriminación por motivos de religión, edad, orientación sexual o identidad de género. Seguía habiendo lagunas en los derechos de las personas con discapacidad, así como en la protección de las mujeres frente a la violencia. La Oficina de la Policía y Guardia de Fronteras no seguía el debido proceso cuando valoraba las solicitudes de asilo. Las parejas homosexuales continuaban teniendo dificultades para hacer efectivos sus derechos con arreglo a la Ley de Uniones Civiles de 2016.
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