República Checa 2025
Personas refugiadas de nacionalidad ucraniana se enfrentaron a actitudes xenófobas y dificultades económicas. En enero entró en vigor una definición jurídica de la violación basada en el consentimiento. Las mujeres romaníes sometidas a esterilización forzada vieron ampliada la posibilidad de reclamar una indemnización. Se aprobó una fórmula jurídica de unión de parejas del mismo sexo, aunque sin concederles plenos derechos matrimoniales y parentales. Continuaba la segregación escolar de niños y niñas romaníes. El gobierno no aprobó una ley que estableciera un marco normativo en materia climática. Las ONG se enfrentaron a reiteradas amenazas y ataques políticos. Continuaron las transferencias irresponsables de armas.
Información general
Tras las elecciones de octubre, el nuevo gobierno anunció un cambio de política que incluía protecciones ambientales más permisivas y una regulación más estricta del sector de las organizaciones sin ánimo de lucro.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
Continuaron los incidentes de carácter xenófobo contra personas refugiadas ucranianas. Según un informe del Ministerio del Interior, ciertas figuras de la política y otros ámbitos promovieron deliberadamente la desinformación y la hostilidad hacia las personas de nacionalidad ucraniana. En febrero tuvo lugar un incidente ampliamente difundido en el que un conductor de tranvía de Praga insultó a una pareja ucraniana y a su nieto de dos años. Se iniciaron actuaciones judiciales contra el conductor ante el Tribunal de Distrito de Praga.
Según datos del ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, en octubre había 397.240 personas refugiadas de Ucrania registradas en el país. A pesar de los altos índices de empleo, la mitad de las familias ucranianas seguían viviendo por debajo del umbral de pobreza.
Violencia sexual y de género
Con arreglo a una ley en vigor desde enero, la violación se definía como toda relación sexual mantenida contra la voluntad de otra persona, sin necesidad de que ésta opusiera resistencia física. En abril, cientos de personas se manifestaron en Praga para protestar por condenas que consideraban muy leves en casos de violencia sexual y para pedir reformas legislativas sistémicas, entre ellas la adopción del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul).
En julio entró en vigor una ley para reforzar la protección de las víctimas de violencia de género en el ámbito familiar, que introducía una definición jurídica unificada de este tipo de violencia que abarcaba la violencia física, psicológica, sexual y económica, así como la conducta controladora.
Derechos sexuales y reproductivos
El plazo establecido para que las mujeres sometidas a esterilización forzada entre 1966 y 2012 reclamaran una indemnización se amplió hasta el final de 2026. Muchas de las afectadas eran romaníes. Hasta abril se habían presentado más de 2.300 solicitudes y 591 estaban pendientes de aprobación.
Amnistía Internacional y la ONG Konsent defendieron la consagración del derecho al aborto en la Constitución y calificaron de insuficientes las leyes en vigor.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales
En enero se reformó el Código Civil para introducir una nueva institución jurídica de unión para las parejas del mismo sexo más alineada con el matrimonio. Según muchas opiniones, la reforma era insuficiente en términos de derechos jurídicos y parentales.
Desde julio dejó de ser obligatorio someterse a cirugía o tratamiento hormonal para obtener el reconocimiento legal de la identidad de género. La reforma se hizo a través de una directriz del Ministerio de Salud, pero al terminar el año aún no se había adoptado un marco jurídico.
Discriminación
En octubre, unos periodistas revelaron que Filip Turek, recién elegido parlamentario, había publicado comentarios racistas, xenófobos y pronazis en redes sociales. La policía abrió una investigación.
Persistía la segregación de niños y niñas romaníes en las escuelas checas. Según un estudio, había más de 130 centros de educación primaria segregados. En noviembre, las autoridades presentaron un nuevo conjunto de medidas dirigidas a apoyar la eliminación de la segregación de los niños y niñas romaníes y a impedir su escolarización en centros especiales sólo por su situación de desventaja social.
Derechos de la infancia
El 1 de julio se estableció oficialmente la Oficina del Defensor de la Infancia con el cometido de velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Asimismo, se aprobó una reforma del Código Civil que prohibía los castigos corporales a menores de edad por ser una forma de disciplina inaceptable.
Derecho a un medioambiente saludable
República Checa dejó sin efecto sus objetivos de reducción de las emisiones al no adoptar una ley que estableciera un marco normativo en materia climática. El gobierno mantuvo una política cautelosa y en noviembre votó en contra del objetivo climático para 2040 propuesto por la Unión Europea.
Según advirtieron ecologistas, el borrador del programa del nuevo gobierno de coalición suponía una amenaza para el medio natural y la calidad de vida al omitir protecciones ambientales fundamentales y apoyar los combustibles fósiles. Además, cargos electos de la coalición pidieron la disolución de la recién declarada Zona Paisajística Protegida de Soutok, un extenso humedal con gran biodiversidad situado en el sur del país.
Libertad de asociación
Hubo iniciativas para controlar y restringir el sector de las organizaciones sin ánimo de lucro. Varios partidos del Parlamento recién elegido calificaron repetidamente de “políticas” a las ONG y propusieron recortes en la financiación, requisitos más estrictos de presentación de informes y un registro público de subvenciones.
Transferencias irresponsables de armas
República Checa continuó transfiriendo grandes cantidades de material militar a Israel a pesar del grave riesgo de que se utilizara para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en Gaza. Además, esas transferencias contravenían las obligaciones del país en virtud del derecho internacional, incluido el Tratado sobre el Comercio de Armas.