Australia 2024
La población aborigen y natural de las islas del estrecho de Torres seguía sufriendo una arraigada discriminación. Se encarceló a menores de tan sólo 10 años. Se aprobó legislación sobre migración que aumentó el peligro de detención indefinida o devolución (refoulement) y de otros abusos contra los derechos humanos de las personas detenidas. Se recurrió a leyes antiprotesta para restringir el derecho de reunión pacífica. Se aprobaron proyectos de combustibles fósiles que perpetuaban el liderato de Australia en su producción.
Derechos de los pueblos indígenas
La población aborigen y natural de las islas del estrecho de Torres siguió sin recibir un trato igualitario. De los 19 objetivos establecidos en el plan nacional Cerrar la Brecha sólo cinco avanzaban de manera satisfactoria. Otros cuatro empeoraron, entre ellos el índice de encarcelamiento de indígenas, el porcentaje de niños y niñas cuidados fuera del hogar familiar y la tasa de suicidio entre personas indígenas.
A lo largo del año, 18 indígenas murieron bajo custodia.
Las mujeres indígenas sufrieron un grado desproporcionado de violencia de género en el ámbito familiar. No se solía hacer rendir cuentas a las personas responsables de la desaparición y el asesinato de mujeres, niños y niñas indígenas.
Derechos de la infancia
El Territorio del Norte redujo la edad de responsabilidad penal de los 12 a los 10 años, y reintrodujo dispositivos de coerción física, como las capuchas antiescupitajos. Queensland aprobó condenas más duras para menores en aplicación de la política “delito de adulto, pena de adulto”. En junio, el estado de Victoria aumentó la edad de responsabilidad penal hasta los 12 años pero suspendió los planes de elevarla a los 14 años.
En el estado de Australia Occidental, tres niños aborígenes murieron en centros de detención de menores.1 Los niños y niñas indígenas de 10 a 17 años tenían 23 veces más probabilidades de estar bajo supervisión del sistema de justicia de menores y 28 veces más de ser recluidos que los no indígenas, pese a representar sólo el 5,7% de la población de esa franja de edad.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
Se siguieron aplicando políticas ilícitas a la población refugiada, como su reclusión indefinida dentro de Australia y el envío de solicitantes de asilo a Nauru. Al acabar el año había más de 100 personas refugiadas y solicitantes de asilo en Nauru.
En mayo, el Tribunal Superior desestimó un recurso presentado por un solicitante de asilo iraní conocido como ASF17 que llevaba recluido desde 2013. El caso fue examinado por el deficiente sistema de “vía rápida”, y ASF17 no pudo hacer valer su denuncia de que había sufrido persecución a causa de su sexualidad. Se enfrentaba a una posible reclusión indefinida en Australia, ya que no podía ser devuelto a Irán. La sentencia tenía consecuencias para hasta 200 personas migrantes que se encontraban detenidas en circunstancias similares.
A finales de noviembre se aprobaron tres nuevas leyes sobre migración que concedían a las autoridades poderes más amplios para detener y expulsar a personas refugiadas y migrantes, incluso a terceros países, y las facultaban para confiscar el teléfono a las personas detenidas.2
Derechos de las personas con discapacidad
En julio, la Comisión Real sobre Discapacidad publicó un informe en el que formulaba más de 200 recomendaciones. De ellas sólo 13 fueron plenamente aceptadas, mientras que otras 117 fueron aceptadas “en principio”. El gobierno no accedió a la eliminación gradual de las escuelas especiales, los hogares colectivos y los centros de trabajo segregados, tal como se recomendaba, ni a la aprobación de nuevas leyes que protegieran mejor a las personas con discapacidad. Se temía que esto afectara negativamente al derecho a la vivienda, la educación y el trabajo de esa población.
Derecho a un medioambiente saludable
El gobierno siguió ampliando los proyectos de combustibles fósiles, y Australia se situó entre los 20 principales países en cuanto a la explotación de reservas de gas. Además, era uno de los nueve países responsables del 90% de la producción mundial de carbón. Se preveía incrementar la producción de carbón y gas en más de un 5% antes de 2030, lo cual era incompatible con los compromisos climáticos asumidos a escala internacional. No existía ningún plan claro para la eliminación gradual de los combustibles fósiles ni para frenar su extracción. La contribución de Australia a la financiación climática fue calificada de rotundamente insuficiente.
Libertad de reunión
Se utilizaron leyes antiprotesta contra activistas contra el cambio climático y personas que protestaban por la guerra de Gaza.3 El 25 de junio, en Newcastle (estado de Nueva Gales del Sur), la policía impidió la acción de un manifestante contra el cambio climático que intentaba alterar la circulación ferroviaria y detuvo al menos a 26 personas. En noviembre fueron detenidas más de 170 personas por bloquear temporalmente barcos de carbón. Estudiantes y activistas que defendían los derechos humanos de la población palestina fueron objeto de detenciones, violencia policial y hostigamiento. La Universidad de Sídney implantó una política por la que se exigía al alumnado solicitar permisos para protestar. En la universidad de Melbourne se utilizaron imágenes captadas por cámaras de videovigilancia y datos de localización de redes wifi como pruebas en audiencias de faltas contra manifestantes.
En septiembre se detuvo a manifestantes contra la guerra tras producirse enfrentamientos con la policía en el exterior de una gran exposición de armas de defensa en Melbourne. La policía disparó balas de goma contra las personas que se manifestaban.
- Australia: Death of 17 year old Aboriginal boy in WA youth detention a shameful, preventable tragedy, 30 de agosto ↩︎
- Australia: Labor’s new migration laws deliver a dangerous setback for rights of refugees and people seeking asylum, 2 de diciembre ↩︎
- Australia: Police attempts to block protests go against government’s human rights obligations, say civil liberties and community groups, 2 de octubre ↩︎