República Centroafricana 2025
Las fuerzas gubernamentales, sus aliados y los grupos armados llevaron a cabo ataques y homicidios ilícitos. Aunque la violencia de género relacionada con el conflicto seguía siendo generalizada, se redujeron los servicios de apoyo. Los avances en la lucha contra la impunidad se vieron socavados por la falta de ejecución de las órdenes de detención. Se restringía el derecho a la libertad de expresión. Un comité de la ONU pidió que se establecieran mayores salvaguardias contra la desaparición forzada. El hacinamiento seguía constituyendo un grave problema en las prisiones.
Información general
Las iniciativas de paz continuaron a través del diálogo intermitente con los grupos armados. A 31 de mayo, había alrededor de 446.722 personas internamente desplazadas.
El presidente Faustin-Archange Touadéra se presentó a un tercer mandato en las elecciones de diciembre.
Homicidios y ataques ilícitos
Fuerzas gubernamentales y aliadas
Según informó la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de la ONU en la República Centroafricana (MINUSCA), el 21 de enero miembros de la milicia Wagner Ti Azandé (WTA) rodearon un campamento cercano a la localidad de Mboki, en la prefectura de Haut-Mbomou, que albergaba a miembros de la comunidad fulani. La milicia separó a los hombres de las mujeres, los niños y las niñas y, al día siguiente, disparó primero contra los hombres y luego contra las mujeres y los niños y niñas, matando al menos a 12 personas, entre ellas seis menores. Se detuvo por los homicidios a varios miembros de la WTA, incluidos algunos de sus líderes.
En abril, según informes, las fuerzas gubernamentales y sus unidades aliadas detuvieron y torturaron a civiles y quemaron unas 20 casas durante operaciones contra el grupo armado antibalaka en Yadé y sus alrededores, en la prefectura de Ouham-Pendé.
Grupos armados
Según el informe de junio del secretario general de la ONU, hubo grupos armados que cometieron abusos generalizados en todo el país. Entre el 14 de febrero y el 9 de marzo, cerca de Bozoum, en la prefectura de Ouham-Pendé, los enfrentamientos entre pastores trashumantes, presuntos miembros del grupo armado Retorno, Reclamación y Rehabilitación (3R) y grupos locales de autodefensa causaron la muerte de al menos 20 civiles y el desplazamiento de unas 10.000 personas.
Entre el 25 y el 28 de febrero, el 3R lanzó una serie de ataques en la prefectura de Lim-Pendé, a lo largo del eje Nzoro-Bocaranga-Bohong, en los que mató a 13 civiles y quemó cientos de viviendas. Mientras tanto, los miembros de los grupos antibalaka y 3R ubicados en torno a las explotaciones mineras y los corredores de trashumancia sometieron a la población civil a homicidios, secuestros y extorsiones.
Entre el 27 de marzo y el 6 de mayo, en las localidades de Mboki, Obo y Zémio, en la prefectura de Haut-Mbomou, varios presuntos miembros de Azande Ani Kpi Gbé atacaron a civiles de la comunidad fulani; mataron a dos mujeres y dos menores y secuestraron a una persona. El 28 de marzo tendieron una emboscada a una patrulla de la MINUSCA cerca del pueblo de Tabane y mataron a un soldado de mantenimiento de la paz keniano.
Derechos de las mujeres y de las niñas
En mayo, el Fondo de Población de la ONU (UNFPA) declaró que los recortes de la ayuda exterior del gobierno estadounidense ponían en peligro los servicios de salud sexual y reproductiva de casi 70.000 mujeres y niñas, en un contexto en el que los informes de violaciones, matrimonio infantil y mutilación genital femenina eran frecuentes.
Violencia por motivos de género
La ONU informó de que la violencia de género relacionada con el conflicto seguía siendo generalizada y que en muchos casos no se denunciaba. Entre el 2 de febrero y el 1 de octubre, la MINUSCA registró 295 casos de violencia sexual relacionada con el conflicto, cuyos principales autores, al parecer, eran miembros del 3R, seguidos de miembros de las fuerzas gubernamentales.
Aumentaron las denuncias de violencia sexual, trata de personas y matrimonio forzado en el campo de refugiados de Korsi, en Birao. Menos de un tercio de las personas sobrevivientes de este tipo de violencia recibían atención médica o psicosocial en las primeras 72 horas. Los recortes obligaron a cerrar dos clínicas para sobrevivientes respaldadas por el UNFPA.
Derecho a verdad, justicia y reparación
En febrero, Armel Sayo, antiguo líder del grupo armado Revolución y Justicia, fue acusado de rebelión, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad relacionados con las actividades de la Coalición Militar para la Salvación del Pueblo y la Recuperación, grupo armado que él mismo había fundado en 2024. Estaba en espera de juicio y, según declaró la MINUSCA en julio, permanecía recluido en un lugar secreto.
En junio, el Tribunal Penal Especial declaró culpables a seis antiguos miembros del grupo armado Frente Popular para el Renacimiento de la República Centroafricana acusados de cometer crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Cuatro de ellos fueron juzgados in absentia, lo que puso de manifiesto la persistente falta de ejecución de las órdenes de detención.
En julio, los jueces de la Corte Penal Internacional condenaron a Alfred Yékatom y Patrice-Edouard Ngaïssona, antiguos líderes antibalaka, a 15 y 12 años de prisión, respectivamente, tras declararlos culpables de múltiples crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en 2013 y 2014.
Libertad de expresión
Según Reporteros sin Fronteras, el director de periódico Ulrich Landry Nguéma Ngokpélé fue detenido el 8 de mayo y trasladado a la prisión de Ngaragba el 14 de mayo por la publicación de un artículo sobre el presunto regreso al país del expresidente en el exilio, François Bozizé. Fue acusado de incitar al odio contra el gobierno y de difundir información con la intención de alterar el orden público. Se enfrentaba a una pena de hasta 15 años de prisión. En agosto fue puesto en libertad provisional. En mayo, la Asamblea Nacional aprobó una ley revisada de prensa y comunicación. El ministro de Comunicación afirmó que la norma modernizaría, regularía y protegería el sector. El personal de los medios de comunicación denunció que la ley era un intento de amordazar a la prensa, reintroducir sanciones penales indebidas y ampliar la responsabilidad a lo largo de la cadena editorial hasta los equipos de redacción y dirección.
Desapariciones forzadas
El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada examinó en marzo el primer informe periódico de República Centroafricana. Recomendó a las autoridades que tipificara la desaparición forzada como delito autónomo, de conformidad con la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas; que introdujera un mecanismo de supervisión independiente para todos los centros de detención, y que garantizara investigaciones rápidas e imparciales, la protección de denunciantes y testigos, y el pleno derecho a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas.
Condiciones de reclusión inhumanas
Según el informe de junio del secretario general de la ONU, el acceso a la atención médica, los alimentos y el agua seguía siendo limitado en las prisiones debido a la escasez de personal y recursos. El hacinamiento aumentó y, según los órganos de vigilancia de la ONU, la Prisión Central de Ngaragba tenía una ocupación del 329% por encima de su capacidad; más del 65% de sus reclusos estaban en espera de juicio. Ante estas cifras, en noviembre se dictó un decreto presidencial para reducir las penas de algunos presos.