República Centroafricana 2024
Continuaban los homicidios y los ataques ilícitos llevados a cabo por grupos armados y fuerzas gubernamentales. Aumentaron considerablemente los casos de violencia sexual y de género relacionada con el conflicto. Se observaron avances en la lucha contra la impunidad, ilustrados por la publicación de una orden de arresto contra un expresidente y la detención de dos hombres acusados de crímenes de derecho internacional. Un informe de la ONU reveló deficiencias en las condiciones de reclusión. Más de 2,5 millones de personas se veían afectadas por la inseguridad alimentaria.
Información general
Los enfrentamientos entre fuerzas gubernamentales, ayudadas por sus aliados, y grupos armados vinculados a la Coalición de Patriotas por el Cambio prosiguieron y causaron numerosas víctimas civiles. El 30 de julio, el Consejo de Seguridad de la ONU levantó el embargo de armas que estaba en vigor desde 2013. A 31 de agosto había 455.533 personas en situación de desplazamiento interno; además, el país acogía a 43.393 personas refugiadas, 29.070 de ellas de Sudán.
Homicidios y ataques ilícitos
Según un informe de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (MINUSCA) correspondiente al segundo trimestre de 2024, grupos armados y fuerzas gubernamentales, apoyadas por sus aliados, seguían perpetrando homicidios y ataques ilícitos.
La MINUSCA informó de que el 19 de febrero, en la prefectura de Haut-Mbomou, el grupo armado Azande Ani Kpi Gbe había tendido una emboscada a un camión civil en Kere, matado a cuatro de las 20 personas que viajaban en él y secuestrado a una mujer. El 22 y 23 de febrero se produjeron unos enfrentamientos en Kitessa, Maboussou y Manza entre ese grupo armado y otro, Unidad por la Paz en África Central (UPC), que causaron la muerte de 10 personas y el desplazamiento de parte de la población a Zémio. El 27 de febrero, las fuerzas de defensa nacional y otros miembros del personal de seguridad llevaron a cabo una operación contra dirigentes del grupo armado antibalaka en el yacimiento minero de Willy, situado a 35 kilómetros al suroeste de Bossangoa, en la prefectura de Ouham (en la parte occidental del país); según fuentes locales, cuatro personas civiles murieron y varias otras resultaron heridas. El 29 de marzo, presuntos miembros del Frente Popular para el Renacimiento de la República Centroafricana y combatientes de UPC atacaron el mercado de Ouogo, a 63 kilómetros al noroeste de Batangafo, y seis civiles resultaron heridos.
Violencia sexual y de género
Según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), se registró un notable aumento de los casos de violencia sexual y de género, situación agravada por el conflicto y por unas normas socioculturales que desfavorecían a las mujeres y las niñas, a pesar de la existencia de políticas y legislación en la materia que podrían ofrecer cierta protección en caso de aplicarse. En el primer semestre del año se tuvo noticia de más de 11.000 casos de violencia de género; y, de los más de 6.000 casos de los que se informó en el segundo trimestre, el 96% tenían como víctimas a mujeres o niñas y el 32% eran violaciones, el delito denunciado con más frecuencia. El Sistema de Gestión de la Información sobre Violencia por Motivos de Género informó de que, entre enero y septiembre, todas las personas sobrevivientes de violencia de género identificadas habían contado con apoyo psicosocial y el 82% de ellas habían recibido asistencia médica, aunque sólo el 28% en el periodo crítico de las primeras 72 horas; el 11% habían recibido asistencia legal o judicial, y sólo el 6% habían recibido apoyo en forma de medidas de reintegración económica.
Derecho a verdad, justicia y reparación
El 1 de mayo, el Tribunal Penal Especial, corte híbrida respaldada por la ONU, dictó una orden de arresto internacional contra el expresidente François Bozizé por presuntos crímenes de lesa humanidad relacionados con actos cometidos por su guardia presidencial entre 2009 y 2013. El Tribunal instó a Guinea-Bissau, país en el que François Bozizé estaba exiliado, a que cooperara en su arresto. El 8 de mayo, el presidente de Guinea-Bissau anunció su intención de no atender la petición.
El 21 de junio, el Tribunal Penal Especial anunció la detención de Edmond Beina, presunto implicado en el caso denominado “Guen”, relativo a unos crímenes cometidos en 2014 en la prefectura de Mambéré; Beina estaba acusado de varios crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, entre ellos asesinato y exterminio. Abakar Zakaria Hamid, también conocido como “SG”, fue detenido el 4 de septiembre y compareció ante los jueces instructores del Tribunal Penal Especial; estaba acusado de múltiples cargos, entre ellos crímenes de lesa humanidad tales como asesinato, exterminio, persecución y desaparición forzada.
El 13 de diciembre, el Tribunal Penal Especial dictó su sentencia en el caso conocido como “Ndélé 1”, en el que los cuatro acusados fueron declarados culpables de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante unos incidentes ocurridos en 2020 en la localidad de Ndélé. Ese mismo día, el abogado defensor anunció su decisión de apelar.
El 3 de mayo, la Gendarmería Nacional cerró temporalmente la Comisión de Verdad, Justicia, Reparación y Reconciliación, sin presentar documentación formal. La Comisión se había establecido en 2020 “para investigar, establecer la verdad y asignar responsabilidades por los graves hechos nacionales que ha[bía]n ocurrido desde el 29 de marzo de 1959; es decir, 60 años de la tumultuosa historia de la República Centroafricana”. El personal recibió órdenes de abandonar las instalaciones, y el 7 de mayo un decreto del gobierno destituyó a los miembros de la Comisión, aduciendo conflictos internos y mala gestión. Se estableció un comité para designar nuevos miembros.
Condiciones de reclusión inhumanas
En julio, un informe de la MINUSCA reveló que las condiciones de reclusión eran alarmantes y destacó las carencias en cuanto a atención de la salud e higiene y la desnutrición severa entre la población reclusa, situación agravada por la insuficiencia de presupuesto para alimentación y la reclusión prolongada. El informe también ponía de relieve los malos tratos sufridos por varias personas detenidas y señalaba la falta de respuesta del gobierno ante esos asuntos. Además, enumeraba otras muchas deficiencias, como el incumplimiento de los plazos máximos de custodia establecidos por ley y el uso excesivo de la detención en espera de juicio.
Derecho a la alimentación
Según el Clúster de Seguridad Alimentaria, organización dirigida por la ONU, más de 2,5 millones de personas padecían inseguridad alimentaria severa; de ellas, 307.000 se hallaban en condiciones de emergencia en noviembre. En prefecturas como Mbomou y Haute-Kotto, más del 50% de la población vivía en situación de inseguridad alimentaria de emergencia o crisis. Los grupos más afectados eran las personas internamente desplazadas, las que vivían en zonas remotas, y las familias urbanas pobres, cuyo acceso a la alimentación se veía dificultado por el alza de los precios, los conflictos y las deficientes infraestructuras.