PORTUGAL 2020
© Amnesty International
Volver a Portugal

PORTUGAL 2020

La respuesta del gobierno a la COVID-19 puso en evidencia lagunas en materia de derecho a la salud y a la vivienda. Persistió la discriminación de la comunidad romaní. Un hombre murió tras recibir una paliza bajo custodia de la policía de fronteras. La cifra de enjuiciamientos y sentencias condenatorias por violencia de género continuó siendo baja.

Información general

El gobierno declaró el estado de emergencia desde el 18 de marzo hasta el 2 de mayo para controlar la COVID-19 e impuso restricciones a la libertad de circulación y de reunión, incluso por motivos religiosos o de protesta. El gobierno declaró un segundo estado de emergencia del 9 de noviembre hasta el final del año por el que limitaba la libertad de circulación y las reuniones.

Derecho a la salud

El Colegio de Médicos portugués informó de que más de la mitad del personal médico no contó con equipos de protección individual (EPI) adecuados durante el primer estado de emergencia, y que un tercio continuó en esa situación hasta finales de junio. En noviembre, 8.755 profesionales sanitarios habían contraído la COVID-19.

Las personas de edad avanzada que vivían en residencias constituyeron un tercio de las personas fallecidas por COVID-19, cifra que alcanzó las 6.972 al terminar el año. Estaba en marcha una investigación penal sobre la muerte de 18 personas en una residencia de Reguengos de Monsaraz tras un informe relativo al incumplimiento de las directrices de salud pública emitidas por el gobierno.

Persistían la precariedad y el hacinamiento en algunas prisiones, y el gobierno liberó a más de 2.000 presos para limitar el contagio. No obstante, al quedar en libertad, algunos de los presos excarcelados se enfrentaron a la circunstancia de no tener hogar.

Derecho a la vivienda

El gobierno suspendió las ejecuciones hipotecarias y los desalojos durante el estado de emergencia y hasta el final del año. Con todo, muchas familias siguieron sin tener acceso a una vivienda adecuada. En marzo, justo antes de que se dictara dicha suspensión, el ayuntamiento de la capital, Lisboa, desalojó a unas 70 personas que habían ocupado viviendas sociales por falta de alternativas. Al menos nueve familias desalojadas denunciaron que no se les había ofrecido alojamiento alternativo y que habían tenido que dormir en furgonetas, tiendas de campaña o portales de edificios vecinos.

Según varios informes, los albergues para las personas sin hogar eran insuficientes y precarios. La asistencia a estas personas se dejaba en gran medida en manos de las autoridades locales y el voluntariado.

Derechos de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes

En marzo, el gobierno concedió temporalmente acceso a atención de la salud y protección social a solicitantes de asilo y personas extranjeras con solicitudes de residencia pendientes de resolución.

El gobierno sólo reubicó a 72 menores no acompañados provenientes de Grecia de los 500 que se había comprometido a acoger.

En marzo, la muerte bajo custodia de un ciudadano ucraniano tras recibir una paliza a manos de la policía de fronteras en el aeropuerto de Lisboa puso de manifiesto las deficiencias en cuanto a la protección de las personas durante los procedimientos fronterizos. En septiembre, tres policías de fronteras fueron acusados de homicidio con agravantes.

En abril, el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó preocupación por las denuncias de detención de menores no acompañados en aeropuertos. En junio, el Servicio de Control de Fronteras anunció que la Comisión Nacional de Protección de la Infancia y Juventud en Riesgo garantizaría apoyo para los niños y niñas en las instalaciones de las patrullas fronterizas del aeropuerto de Lisboa.

Discriminación

En abril, el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó preocupación por la constante discriminación racial contra la comunidad romaní y afrodescendiente en la educación, el empleo y la vivienda, y por las denuncias de discursos y crímenes de odio.

Violencia contra mujeres y niñas

El Comité de Derechos Humanos de la ONU también expresó en abril preocupación por los bajas cifras de denuncias, enjuiciamientos y sentencias condenatorias en relación con la violencia por motivos de género.

En julio, la Fiscalía presento cargos contra una madre por someter a su hija a mutilación genital femenina; era el primer caso de este tipo que se llevaba a juicio en Portugal.

Descarga el Informe 2020/21 de Amnistía Internacional