Polonia 2016/2017

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Polonia 2016/2017

El gobierno emprendió reformas jurídicas significativas, en particular con respecto al Tribunal Constitucional. Desde la llegada al poder del partido Ley y Justicia en octubre de 2015 se aprobaron 214 modificaciones legislativas y leyes. La celeridad de las reformas jurídicas y la ausencia de una consulta adecuada con la sociedad civil fueron objeto de numerosas críticas.

Novedades jurídicas, constitucionales e institucionales

La crisis constitucional, iniciada en 2015, se vio agravada por una serie de reformas de la Ley sobre el Tribunal Constitucional. En agosto y marzo, el Tribunal dictó sendas resoluciones en las que se consideraba que las reformas eran total o parcialmente inconstitucionales.

En enero, la Comisión Europea estableció por primera vez un diálogo estructurado con Polonia en virtud del Marco para reforzar el Estado de derecho y le dio de plazo hasta el 27 de octubre de 2016 para detallar las medidas adoptadas para solucionar la crisis. Polonia respondió que no aplicaría las recomendaciones y que éstas se basaban en “supuestos incorrectos”.

Los jueces elegidos por el Parlamento anterior no fueron nombrados para el cargo, y la primera ministra se negó a publicar algunas de las sentencias del Tribunal. Una reforma aprobada en julio de la Ley sobre el Tribunal Constitucional estableció el requisito de examinar las causas por orden de registro, lo que privó al Tribunal de su potestad para establecer las prioridades.

En noviembre, el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió sus observaciones finales sobre Polonia. Entre otras cuestiones, el Comité recomendó a Polonia que garantizase el respeto y la protección de la integridad e independencia del Tribunal y de sus jueces, así como la aplicación y publicación de todas sus sentencias.1

Tras la adopción de tres nuevas leyes sobre el Tribunal Constitucional y el nombramiento de su nuevo presidente, en diciembre la Comisión Europea expuso nuevos motivos de preocupación y emitió una recomendación complementaria en la que daba a Polonia dos meses para eliminar la amenaza sistémica al Estado de derecho en el país.

Sistema de justicia

En virtud de la nueva Ley sobre el Ministerio Fiscal, promulgada en enero, se unificaron las funciones del fiscal general y el ministro de Justicia y se ampliaron las facultades del primero. Las reformas tuvieron consecuencias significativas en el derecho a un juicio justo y la independencia del poder judicial.2

En junio, el presidente Duda se negó a nombrar a nueve jueces y juezas propuestos por el Consejo Nacional de la Judicatura para ascender a tribunales de instancia superior y a otro juez propuesto para un cargo. No se ofreció ninguna explicación de la decisión presidencial.

Seguridad y medidas antiterroristas

En junio se promulgó una nueva Ley de Medidas Antiterroristas por vía legislativa rápida. La ley depositaba amplios poderes en manos de la Agencia de Seguridad Interna y no contemplaba ningún mecanismo independiente de vigilancia que impidiese los abusos y garantizase la rendición de cuentas.

La definición de delitos e “incidentes” relacionados con el terrorismo era imprecisa tanto en la ley como en el reglamento asociado. Asimismo, la nueva ley contemplaba medidas específicas para ciudadanos y ciudadanas extranjeros, a quienes se podía vigilar en secreto y sin supervisión judicial durante tres meses, incluso mediante interceptación telefónica y control de las comunicaciones electrónicas y redes y dispositivos de telecomunicaciones; transcurrido ese periodo, se podía ampliar la vigilancia por mandato judicial. Más que por la existencia de una sospecha razonable, esas medidas podían aplicarse si se “temía” que la persona en cuestión estuviera implicada en actividades relacionadas con el terrorismo. La Ley de Medidas Antiterroristas incorporaba otra serie de disposiciones, tales como la admisibilidad de pruebas obtenidas ilegalmente, la ampliación a 14 días del periodo de detención sin cargos y la eliminación de algunas salvaguardias relativas a la permisibilidad del uso de la fuerza letal en el contexto de las operaciones antiterroristas.

En virtud de la reforma de la Ley de Policía se ampliaron las atribuciones de vigilancia y se permitió a los tribunales autorizar operaciones de vigilancia secreta durante tres meses —prorrogables a un máximo de 18— fundamentándose en una extensa lista de delitos y sin la obligación de tener en cuenta el principio de proporcionalidad. Además, las reformas permitían a la policía acceder directamente a los metadatos, sin mandato judicial. También se puso en peligro, por ejemplo, la confidencialidad de la información protegida por el secreto profesional del que gozaban los abogados defensores en causas penales, ya que no se prohibía la vigilancia de las comunicaciones de los profesionales del derecho.3

El Comité de Derechos Humanos de la ONU recomendó a Polonia, entre otras cuestiones, que garantizase que el Código Penal definía los delitos relacionados con el terrorismo atendiendo a la finalidad y especificando estrictamente su naturaleza, y contenía una definición precisa de “incidentes de terrorismo”.

Seguía pendiente la investigación criminal sobre la cooperación de Polonia con la CIA y el establecimiento de un centro de detención secreta en territorio polaco. No se aplicaron plenamente las resoluciones de 2015 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en las causas de Al Nashiri y Abu Zubaydan.

Libertad de expresión: periodistas

En julio comenzó su actividad el Consejo Nacional de Medios de Comunicación, con facultades para nombrar y destituir a los consejos de administración y supervisión de los organismos públicos de comunicación. Gracias a la composición del Consejo Nacional y al reglamento de votación, el partido en el poder podía controlar las decisiones de ese órgano.

El control efectivo ejercido por el gobierno sobre los medios de comunicación públicos y la consiguiente restricción de la libertad de prensa provocaron la caída de Polonia del puesto 18 al 47 en el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2016, entre un total de 180 países. Según la Sociedad de Periodistas, al concluir el año se había destituido, obligado a dimitir o trasladado a puestos menos influyentes a 216 periodistas y miembros del personal administrativo de organismos públicos de comunicación. En diciembre, una propuesta del presidente del Sejm (la Cámara Baja del Parlamento) destinada a restringir estrictamente el acceso de periodistas al hemiciclo provocó protestas masivas y una crisis parlamentaria que llevó a parlamentarios de la oposición a “ocupar” la Cámara.

Libertad de reunión

En diciembre, a pesar de las opiniones contrarias del comisionado de Derechos Humanos y del Tribunal Supremo, así como de las fuertes críticas de casi 200 ONG, el Parlamento aprobó una reforma de la Ley de Reunión de carácter restrictivo. El presidente no firmó la reforma, sino que la remitió al Tribunal Constitucional.

Discriminación

Seguían existiendo importantes lagunas jurídicas en relación con la discriminación y los crímenes de odio asociados a la edad, la discapacidad, el género, la identidad y expresión de género, la orientación sexual y el estatus social o económico. En abril se disolvió el Consejo para la Prevención de la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Polonia no aceptó a ninguna persona refugiada con arreglo a la cuota obligatoria de reubicaciones desde otros Estados miembros de la UE. Las autoridades continuaron usando la detención de manera desproporcionada contra las personas migrantes y solicitantes de asilo.

Las organizaciones de la sociedad civil informaron de la existencia de trabas para acceder al procedimiento de asilo, citando, entre otras, numerosos casos de personas que no podían solicitar protección internacional en el paso fronterizo de Brest/Terespol entre Bielorrusia y Polonia. En junio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos comunicó al gobierno las causas A. B. v. Poland y T. K. and S. B. v. Poland, relativas a una familia rusa de tres miembros que en cuatro ocasiones habían intentado entrar en Polonia y presentar solicitudes de asilo en la frontera de Brest/Terespol, sin lograrlo.

Derechos sexuales y reproductivos

Las mujeres siguieron encontrando dificultades sistémicas para acceder a un aborto sin riesgos y legal; al concluir el año se estaba debatiendo en el Parlamento una moción que proponía limitar aún más ese acceso.

Tras protestas masivas y una huelga general de mujeres el 3 de octubre, el Parlamento rechazó un proyecto de ley que proponía la prohibición casi total del aborto y la penalización de las mujeres y niñas que se hicieran practicar un aborto, así como de cualquiera que les prestase asistencia o las animase a abortar.4

  1. Poland: Submission to the United Nations Human Rights Committee. 118th session, 17 October - 04 November 2016 (EUR 37/4849/2016)
  2. Poland: Dismantling rule of law? Amnesty International submission for the UN Universal Periodic Review – 27th session of the UPR working group, April/May 2017 (EUR 37/5069/2016)
  3. Poland: New surveillance law a major blow to human rights (EUR 37/3357/2016)
  4. Polonia: Las mujeres fuerzan un histórico giro radical en la iniciativa de prohibir el aborto (noticia, 6 de octubre); Peligroso paso atrás para las mujeres y las niñas en Polonia (noticia, 19 de septiembre)

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