Resumen
El gobierno tomó varias medidas para controlar la propagación de la COVID-19, algunas de las cuales amenazaban el derecho a la privacidad. La reforma de la Ley de Prisiones no abordó los motivos de preocupación existentes con respecto a los derechos de las personas con discapacidades psicosociales o intelectuales condenadas a muerte. En agosto se estableció una Comisión Nacional de Derechos Humanos. En octubre, varias organizaciones internacionales enviaron información al Comité Internacional de Revisión encargado de examinar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por Taiwán.
Situación de la pena de muerte
Retencionista
Retiene la pena de muerte en la legislación.
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