Honduras 2020
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Honduras 2020

Durante la pandemia de COVID-19, la policía y el ejército hicieron uso excesivo de la fuerza para implementar el confinamiento y para controlar las protestas. El personal de la salud puso de manifiesto los riesgos sanitarios que entrañaba la falta de equipos de protección individual (EPI) en los hospitales. Honduras seguía siendo uno de los países más letales para los defensores y defensoras de los derechos humanos.

Información general

Los niveles de violencia e impunidad seguían siendo elevados, y también la pobreza y la desigualdad. En noviembre, los devastadores deslizamientos de tierra e inundaciones provocados por los huracanes Eta y Lota se saldaron con la muerte de al menos 94 personas y afectaron a casi cuatro millones, lo que suscitó honda preocupación sobre el derecho a la alimentación, el agua y el sustento de los grupos que ya estaban marginados.

Uso excesivo de la fuerza

La policía y el ejército hicieron uso excesivo de la fuerza para implementar los toques de queda y confinamientos locales y nacionales establecidos en respuesta a la pandemia, y para suprimir las protestas provocadas por la ausencia de ayuda alimentaria del gobierno y por el desempleo. Las organizaciones de la sociedad civil documentaron lesiones y detenciones arbitrarias (incluso de periodistas que cubrían las protestas), y al menos una posible ejecución extrajudicial.

Derecho a la salud

Personal sanitario

La pandemia empeoró las ya precarias condiciones laborales del personal de la salud, en medio de denuncias de corrupción y quejas sobre la inadecuada gestión de los fondos de emergencia para la compra de medicamentos y materiales. Los profesionales de la salud pusieron reiteradamente de manifiesto la falta de equipos de protección individual (EPI).

En varios hospitales, el personal sanitario tuvo que firmar acuerdos de confidencialidad que le prohibían hablar públicamente sobre sus preocupaciones.

Derechos de las personas migrantes y refugiadas

En enero y octubre, miles de hondureños y hondureñas participaron en las llamadas “caravanas” para abandonar el país y huir de la violencia y la pobreza. La gran mayoría fueron devueltos o deportados a Honduras desde México, Estados Unidos y Guatemala, a menudo sin que se garantizaran sus derechos.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Las personas que defendían los derechos humanos, y en particular el territorio, el medioambiente y el acceso a la tierra, seguían sufriendo elevados índices de violencia. La mayoría de los ataques quedaron impunes.

El juicio de un empresario detenido en 2018 y acusado de estar implicado en el asesinato de la lideresa indígena Berta Cáceres no había empezado al terminar el año. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) puso repetidamente de manifiesto los retrasos e irregularidades de las actuaciones judiciales. No se registraron avances en la investigación sobre otras personas presuntamente responsables de planificar y ordenar la muerte de Berta Cáceres.

Cinco hombres de la comunidad garífuna Triunfo de la Cruz, entre ellos cuatro activistas de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), fueron presuntamente sometidos a desaparición forzada el 18 de julio a manos de personas no identificadas que llevaban ropa de tipo policial. Al concluir el año seguían sin esclarecerse su suerte y su paradero.

Muchos defensores y defensoras de los derechos humanos fueron objeto de procedimientos judiciales infundados cuya finalidad era intimidarlos y hostigarlos, así como obstaculizar su labor de derechos humanos. Entre ellos figuraban algunos miembros del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP).

En junio entró en vigor un nuevo Código Penal que contenía disposiciones que podían ser ambiguas o contrarias al principio de legalidad y podrían interpretarse arbitrariamente para restringir el ejercicio de los derechos a la libertad de reunión y de asociación y para reforzar la criminalización de quienes defendían los derechos humanos.

Violencia por motivos de género

Las mujeres y las niñas sufrían altos niveles de violencia de género. El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras denunció 224 feminicidios entre enero y diciembre. Según la ONG Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”, el Sistema Nacional de Emergencias 911 recibió entre enero y octubre más de 65.000 llamadas telefónicas relacionadas con la violencia de género intrafamiliar.

La organización Cattrachas informó al menos de 19 muertes violentas de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), y del elevado nivel de impunidad de esos delitos.

Descarga el Informe 2020/21 de Amnistía Internacional