Honduras 2017/2018

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Honduras 2017/2018

Los niveles de inseguridad y violencia seguían siendo altos. La impunidad generalizada continuaba debilitando la confianza pública en las autoridades y en el sistema de justicia. Las protestas que siguieron a las elecciones presidenciales fueron brutalmente reprimidas por las fuerzas de seguridad. Honduras seguía siendo uno de los países más peligrosos de las Américas para los defensores y defensoras de los derechos humanos, especialmente para quienes trabajaban en la protección de la tierra, el territorio y el medio ambiente. El gobierno anunció la creación de un ministerio de derechos humanos y justicia, que debía estar operativo en 2018.

Uso excesivo de la fuerza

Las protestas masivas que comenzaron el 29 de noviembre en todo el país para denunciar la falta de transparencia de las elecciones presidenciales fueron brutalmente reprimidas por las fuerzas de seguridad. Cientos de personas fueron arrestadas o detenidas, y en diciembre se impuso un toque de queda de diez días. Las fuerzas de seguridad emplearon contra quienes protestaban una fuerza excesiva, que incluyó el uso de armas letales. Al menos 31 personas resultaron muertas, y también se denunciaron múltiples casos de personas heridas por arma de fuego o brutalmente golpeadas por las fuerzas de seguridad, así como casos que podrían constituir tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Los defensores y defensoras de los derechos humanos, especialmente quienes defendían el medio ambiente y la tierra, seguían corriendo peligro de sufrir abusos contra sus derechos humanos. Eran blanco de campañas difamatorias orquestadas tanto por el Estado como por agentes no estatales para desacreditar su labor, y eran habitualmente objetivo de intimidaciones, amenazas y ataques. En junio, tres integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) fueron objeto de un ataque armado cuando regresaban de una reunión en un vehículo. Las ONG locales afirmaban que el sistema de justicia seguía empleándose indebidamente para hostigar y hacer desistir a los defensores y defensoras de los derechos humanos. También se denunciaba un uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad durante protestas pacíficas.

La gran mayoría de los ataques registrados contra defensores y defensoras de los derechos humanos seguían impunes, como consecuencia de los múltiples obstáculos que afrontaban las investigaciones y los juicios. Apenas se avanzó en la investigación del asesinato de la defensora ambientalista indígena y cofundadora de COPINH Berta Cáceres, cometido en marzo de 2016. Las audiencias judiciales públicas de los ocho sospechosos detenidos en relación con el caso se aplazaron en numerosas ocasiones. Los expertos independientes revelaron una falta de diligencia debida en las investigaciones, que incluía la ausencia de procesamiento de otras personas posiblemente involucradas en el crimen. No había información sobre los progresos realizados por el Ministerio Público para identificar a los responsables de planificar su asesinato.

Aunque el Sistema Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia trajo consigo algunos avances en la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos, seguían siendo insuficientes los esfuerzos por garantizar la protección integral de estas personas.

Las nuevas disposiciones del Código Penal sobre terrorismo y delitos conexos, aprobadas por el Congreso Nacional en febrero y septiembre, se definieron de una forma excesivamente amplia e imprecisa, contraria al principio de legalidad. Esas disposiciones podrían derivar en la aplicación arbitraria e inadecuada del Código contra manifestantes pacíficos y defensores y defensoras de los derechos humanos, lo cual podría criminalizar aún más su labor y obstaculizar el trabajo de los movimientos sociales.

Derechos de los pueblos indígenas

Varios pueblos indígenas seguían asegurando que se había vulnerado su derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado en el contexto de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales en sus territorios. Se denunciaron homicidios, agresiones y casos de utilización indebida del sistema de justicia contra quienes defendían a los pueblos indígenas.

Hubo críticas contra el anteproyecto de ley marco de consulta previa, libre e informada para pueblos indígenas, entre otras cosas por la insuficiente participación de las comunidades indígenas y garífunas (afrodescendientes) en el proceso.

Aún no se habían implementado las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2015 en dos casos en los que Honduras había violado los derechos colectivos sobre la tierra de comunidades garífunas.

Conflictos de tierras

Persistían los conflictos a causa de la falta de seguridad de tenencia respecto a la tierra. Se reportaron altos niveles de violencia en el Valle del Aguán, donde seguían sin resolverse largos conflictos de tierras. Según el Movimiento Unificado Campesino del Aguán, no se habían implementado adecuadamente las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger la vida y la integridad de líderes y lideresas en el Valle del Aguán.

Violencia de género

Las mujeres, las niñas y las personas LGBTI seguían afrontando altos niveles de violencia de género. Entre enero y octubre, el Centro de Derechos de las Mujeres registró 236 muertes violentas de mujeres. Según la Red Lésbica Cattrachas, también aumentaron los homicidios de personas LGBTI, con un total de 35 muertes. La impunidad en estos casos seguía siendo alta, ya que las autoridades no tenían capacidad ni recursos para investigar, juzgar y castigar a quienes los perpetraban.

Derechos sexuales y reproductivos

Persistía la falta de protección de los derechos de las mujeres y las niñas, a quienes no se garantizaba el acceso a un aborto seguro y legal en ninguna circunstancia. Pese a las recomendaciones formuladas por órganos y mecanismos internacionales de derechos humanos, el Congreso Nacional decidió en abril mantener en el nuevo Código Penal la prohibición del aborto en todas las circunstancias.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

La violencia generalizada en todo Honduras seguía siendo un factor clave de emigración forzada. Según el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, 14.735 personas hondureñas habían solicitado asilo entre enero y octubre en países de todo el mundo, la mayoría en México y Estados Unidos. Sin embargo, también seguía devolviéndose a Honduras desde esos países a numerosas personas, que se veían así obligadas a regresar a las mismas situaciones de peligro mortal que originalmente las habían llevado a escapar. Hasta la fecha, no existía ningún mecanismo ni protocolo integral para detectar y abordar de una forma sistemática las necesidades de protección de las personas devueltas.

Descarga el Informe 2017/18 de Amnistía Internacional