Ruanda 2022
Ruanda firmó un acuerdo con Reino Unido para la reubicación de solicitantes de asilo. Se siguió negando un juicio justo a Paul Rusesabagina. Se rechazó un proyecto de legislación para permitir el acceso a anticonceptivos de las personas mayores de 15 años. La indumentaria y el derecho a la intimidad de las mujeres fueron objeto de control policial. Los salarios del personal docente aumentaron, pero no lo hicieron las prestaciones de subsistencia del alumnado. Las autoridades continuaron hostigando, intimidando, persiguiendo y deteniendo ilegalmente a blogueros y blogueras y a periodistas. No se facilitó información sobre la suerte y el paradero de Innocent Bahati. Dos personas murieron en un ataque armado contra un autobús. Continuaron los juicios contra presuntos responsables del genocidio de 1994.
Información general
El Grupo de Expertos de la ONU sobre la República Democrática del Congo informó de que Ruanda había prestado apoyo al grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo cuando éste lanzó ataques contra fuerzas de la ONU y de República Democrática del Congo en junio. El informe también señalaba que Ruanda había llevado a cabo operaciones militares en República Democrática del Congo desde noviembre de 2021. Ruanda negó estas acusaciones.
Las relaciones con Burundi siguieron mejorando, y los contactos diplomáticos al máximo nivel aumentaron. Ruanda reabrió su frontera terrestres con Uganda en enero, después de tres años de cierre.
Ruanda fue coautora con Perú de un marco global sobre la reducción de los residuos de plástico. En septiembre, durante la Asamblea de la ONU para el Medio Ambiente, se aprobó una resolución para poner fin a la contaminación por plástico.
En junio, la empresa BioNTech comenzó la construcción de una planta para la fabricación de vacunas de ARNm contra la COVID-19 en Ruanda en el marco de un proyecto de la Unión Europea para abordar la desigualdad vacunal.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
El 14 de abril, Ruanda y Reino Unido firmaron un memorándum de entendimiento para implementar un programa de reubicación en Ruanda de personas que solicitaran asilo en Reino Unido (véase el apartado sobre Reino Unido). En junio, el primer vuelo programado para transportar a solicitantes de asilo fue detenido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, concluyó que el acuerdo era ilícito. Con anterioridad, la Agencia había expresado preocupación por el proceso de asilo de Ruanda, aduciendo la negación arbitraria de acceso al procedimiento de asilo, el riesgo de detención y expulsión, la discriminación de las personas solicitantes de asilo LGBTIQ+ y la inadecuada representación jurídica. El 19 de diciembre, el Tribunal Superior de Reino Unido consideró el acuerdo legítimo en principio.
Derecho a un juicio justo
En abril, el Tribunal de Apelación rechazó el recurso del fiscal contra la condena de Paul Rusesabagina a 25 años de prisión por cargos relacionados con terrorismo. El tribunal no abordó numerosas violaciones de su derecho a un juicio justo, como las circunstancias ilícitas de su detención y traslado de Dubái a la capital ruandesa (Kigali) y su desaparición forzada durante varios días, a la que siguió la reclusión en régimen de incomunicación, entre otras irregularidades antes del juicio y durante la celebración de éste. Previamente, en marzo, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria había concluido que el proceso de su traslado de Dubái a Ruanda había constituido secuestro y que su detención había sido arbitraria, por lo que su juicio no debería haber tenido lugar.
Derechos sexuales y reproductivos
En octubre, el Parlamento rechazó un proyecto de ley para rebajar de 18 a 15 años la edad a la que las personas podían tener acceso a anticonceptivos. Mientras tanto, líderes y lideresas religiosos siguieron oponiéndose al acceso a métodos anticonceptivos.
Derechos de las mujeres
En agosto, Lilliane Mugabekazi fue detenida y acusada de indecencia pública por vestir una “indumentaria vergonzosa” en un concierto en Kigali. Quedó en libertad tras pasar 12 días detenida. Su detención desencadenó debates públicos sobre el control policial de la indumentaria de las mujeres y el derecho a la intimidad.
Derechos económicos, sociales y culturales
En enero, los conductores de mototaxis (boda boda) organizaron una protesta pacífica en Kigali para denunciar los elevados costos de los contadores y de las primas de seguros.
Una encuesta del Instituto de Análisis e Investigación de Políticas-Ruanda puso de relieve el aumento del costo de la vida en las ciudades del país, y las familias encabezadas por mujeres eran las más afectadas. En abril, los estudiantes universitarios pidieron un aumento de las prestaciones de subsistencia para poder costearse bienes y servicios básicos como el alquiler, alimentos y transporte. El gobierno reconoció la necesidad de abordar las quejas de los estudiantes, pero al terminar el año no había tomado medida alguna. En agosto, el primer ministro anunció un aumento del 88% de los salarios del personal docente.
Libertad de expresión
El periodista Theoneste Nsengimana continuaba sometido a detención ilegítima tras su haber sido arrestado en octubre de 2021 por “difundir rumores para causar disturbios entre la población”.
En junio, la Secretaría de la Commonwealth denegó la acreditación a los periodistas Benedict Moran y Anjan Sundaram, que habían publicado críticas al presidente Kagame y su gobierno. La Secretaría negó que su decisión estuviera influida por el gobierno anfitrión e indicó que la acreditación se negaba porque ninguno de los dos trabajaba para “medios informativos reconocidos”.
El mismo mes, las autoridades ruandesas negaron la acreditación al periodista brasileño Vinícius Assis después de que éste pasara un mes en Kigali, pese a que había pagado una tasa de 100 dólares estadounidenses.
El periodista deportivo Prudence Nsengumukiza reveló en junio que había huido de Ruanda en 2021 por temor a sufrir represalias por su trabajo y que buscaba asilo en Bélgica. Antes de salir del país, había querido documentar abusos vinculados al despido de jugadores del Ejercito Patriótico Ruandés Fútbol Club, propiedad de las fuerzas armadas.
Las autoridades siguieron enjuiciando a blogueros y blogueras de YouTube como Yvonne Idamange, que seguía cumpliendo una condena de 15 años de prisión impuesta en 2021 tras haber acusado al presidente de dictadura y de explotar el genocidio contra la población tutsi.
En marzo, el Tribunal de Apelación confirmó la condena a siete años de prisión dictada contra Dieudonné Niyonsenga, propietario del canal Ishema TV en YouTube. El periodista había sido detenido en 2020 mientras informaba sobre los efectos de las medidas de confinamiento relacionadas con la COVID-19. Estuvo 11 meses detenido en espera de juicio antes de ser absuelto en marzo de 2021 por el Tribunal Intermedio de Gasabo. Sin embargo, la fiscalía recurrió este fallo, y en noviembre de 2021 el Tribunal Superior lo declaró culpable de “falsificación, suplantación y obstrucción criminal de agentes de seguridad y humillación de funcionarios del Estado”. El exprofesor Aimable Karasira afirmó durante su comparecencia ante el tribunal en mayo que lo habían golpeado mientras estuvo detenido y que las autoridades interceptaron comunicaciones que había mantenido con sus abogados. Estaba siendo juzgado en relación con vídeos que había publicado en YouTube. En noviembre, el Tribunal Intermedio de Nyarugenge remitió su causa a la Sala de Delitos Internacionales y Transfronterizos del Tribunal Superior.
En octubre, el Tribunal Superior de Kigali absolvió a los periodistas Damascene Mutuyimana, Shaddrack Niyonsenga y Jean Baptiste Nshimiyimana, del canal Iwacu TV en YouTube, y ordenó su puesta en libertad. Los tres habían sido detenidos en 2018 y acusados de “difundir información falsa con la intención de crear una opinión hostil de Ruanda”, entre otras cosas.
Desapariciones forzadas
Seguía sin conocerse el paradero y la suerte del poeta y escritor Innocent Bahati y no se dio a conocer información actualizada de la investigación sobre su desaparición, ocurrida en febrero de 2021. En febrero de 2022, más de 100 escritores y escritoras pidieron la intervención del presidente para encontrar al poeta y expresaron preocupación por la posibilidad de que su desaparición estuviera relacionada con sus críticas al gobierno.
Homicidios y ataques ilegítimos
Las autoridades acusaron al Frente de Liberación Nacional de organizar en junio un ataque a un autobús en el sur de Ruanda en el que murieron dos personas.
Derecho a verdad, justicia y reparación
En febrero, el Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales ordenó a Níger que enviara de vuelta a Tanzania a ocho ruandeses juzgados en relación con el genocidio de 1994. Cuatro de ellos habían sido absueltos y cuatro habían cumplido sus condenas. Tanzania rechazó la petición y los ocho continuaron bajo arresto domiciliario en espera de su expulsión de Níger, lo que contravenía el acuerdo firmado entre Níger y el tribunal.
En mayo, las autoridades de Países Bajos detuvieron a un exoficial del ejército atendiendo a una solicitud de extradición de Ruanda. El oficial, identificado por un periódico progubernamental en Ruanda como el comandante Pierre-Claver Karangwa, había sido presuntamente responsable de participar en las matanzas de personas tutsis perpetradas en Mugina durante el genocidio de 1994.
También en mayo se confirmó la muerte en 2006 y 2002, respectivamente, de los fugitivos del genocidio Protais Mpiranya y Pheneas Munyarugarama, buscados por el Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales. Protais Mpiranya, exjefe de la guardia presidencial, estaba acusado de ordenar la muerte de la entonces primera ministra, Agathe Uwilingiyimana, y de 10 soldados de mantenimiento de la paz belgas. Pheneas Munyarugarama estaba acusado de homicidios masivos, ataques y violencia sexual contra civiles tutsis.
En julio, el Tribunal Penal de París condenó a Laurent Bucyibaruta a 20 años de prisión por “complicidad en genocidio y crímenes de lesa humanidad”.
En septiembre comenzó en La Haya, ante el Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales, el juicio contra Félicien Kabuga, presunto financiador principal del genocidio de 1994 contra la población tutsi.