Guinea Ecuatorial 2019
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Guinea Ecuatorial 2019

Se seguía sometiendo a hostigamiento, intimidación y detención arbitraria a defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas.  El poder judicial continuó mostrando una absoluta falta de independencia con respecto al gobierno, mientras la corrupción y su impacto en los derechos humanos seguían suscitando honda preocupación. Pese a varios compromisos formulados públicamente por las autoridades, la pena de muerte no se abolió.

Información general

En el año en que Guinea Ecuatorial fue miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y se sometió al Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos en su 33 periodo de sesiones, el presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo conmemoró en agosto sus 40 años en el poder.

La crisis económica del país, debida principalmente a la corrupción, llevó a las autoridades a buscar inversión extranjera. Celebraron eventos internacionales sobre recursos naturales como el petróleo (abril), y el gas (noviembre), y solicitaron un préstamo al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Se seguía sometiendo a hostigamiento, intimidación y detención arbitraria a defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas y miembros de la oposición. Se reprimía constantemente el derecho a la libertad de expresión y de asociación.

El defensor de los derechos humanos y activista político Joaquín Elo Ayeto fue detenido el 25 de febrero en su domicilio de Malabo. Lo acusaron de tener información sobre una conspiración para matar al presidente y, tras su detención, fue torturado en la Comisaría Central, lo que le causó lesiones físicas, y amenazado de muerte por la policía. Durante su reclusión en la Prisión de Black Beach, su salud se deterioró gravemente. Tras un procedimiento judicial plagado de irregularidades, Ayeto fue juzgado el 21 de noviembre por difamación y amenazas contra el presidente.  

Alfredo Okenve, vicepresidente del Centro de Estudios e Iniciativas para el Desarrollo de Guinea Ecuatorial (CEID), fue detenido el 15 de marzo tras habérsele prohibido acudir a la entrega del Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos, que se le había otorgado por su labor. Por temor a ser detenido, había ido al aeropuerto de Malabo para intentar salir del país. Allí, ocho agentes de seguridad lo detuvieron y lo llevaron esposado a un avión militar con destino a su ciudad natal, Bata. A su llegada se le ordenó que permaneciera en su domicilio y que no saliera de la ciudad.

Libertad de asociación

Las autoridades continuaron vulnerando y cometiendo abusos contra el derecho a la libertad de asociación. El 5 de julio, el ministro del Interior y Empresas Locales revocó mediante decreto la autorización concedida al CEID, al que las autoridades acusaban de realizar actividades políticas. El CEID, una de las pocas ONG que denunciaban violaciones y abusos contra los derechos humanos en el país, recurrió la decisión del gobierno. Al terminar el año, el caso seguía pendiente. 

Sistema de justicia

El 22 de marzo comenzó un “macrojuicio” en la Audiencia Provincial de Bata. Se acusaba a alrededor de 130 personas de traición, delitos contra el jefe del Estado, rebelión, posesión y almacenamiento de armas y munición, terrorismo y financiación del terrorismo. El 31 de mayo, 112 de ellas fueron declaradas culpables y condenadas a entre 3 y 97 años de prisión, y a 25 les impusieron penas de más de 70 años.

Según los observadores internacionales que asistieron al juicio e hicieron su seguimiento, el proceso presentó graves irregularidades de procedimiento. La acusación aportó escasas pruebas o ninguna en absoluto contra la mayoría de las personas imputadas. En algunos casos presentó confesiones obtenidas mediante tortura, incluidas palizas y aplicación de descargas eléctricas. También hubo diferencias importantes en el trato que el tribunal dispensó a la acusación y a la defensa, en contravención del principio de igualdad procesal. La mayoría de las personas imputadas habían permanecido recluidas en régimen de incomunicación durante casi un año, no habían recibido información sobre los cargos que pesaban contra ellas y se les había negado el acceso a sus abogados. 

Falta de rendición de cuentas

El Ministerio de Seguridad Nacional publicó el 23 de enero una declaración de prensa en la que acusaba a 16 personas de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo, así como de la proliferación del tráfico de armas en África Central. Entre ellas figuraba el abogado William Bourdon, fundador del grupo francés Sherpa de defensa jurídica contra la corrupción, contra quien parecían haberse formulado tales acusaciones en represalia por su participación en demandas interpuestas en Francia, como la presentada contra el primogénito del presidente de Guinea Ecuatorial, acusado de blanqueo de dinero.

El 21 de octubre, el FMI anunció que había alcanzado un acuerdo con Guinea Ecuatorial con arreglo al Servicio Ampliado del Fondo para aprobar un programa por valor de aproximadamente 283 millones de dólares estadounidenses, enfocado sobre todo a mejorar la gobernanza y abordar la corrupción. En países como Estados Unidos, España, Francia, Suiza y Sudáfrica se habían iniciado varias investigaciones sobre corrupción para determinar cómo al parecer se habían robado y escondido en el extranjero cientos de millones de dólares estadounidenses provenientes de fondos públicos. Mientras tanto, el gasto del gobierno en atención de la salud, educación e infraestructura hídrica durante los últimos años había sido insuficiente para garantizar los derechos humanos de la población.

Pena de muerte

El 15 de abril, el presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo anunció en Praia (Cabo Verde) su intención de presentar en breve al Parlamento de su país un proyecto de ley para abolir la pena de muerte, tal como había pedido la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. En el resultado del Examen Periódico Universal de la ONU, aprobado el 20 de septiembre, Guinea Ecuatorial continuó expresando su compromiso de abolir la pena capital. Pese a estos compromisos públicos, la pena de muerte todavía no se había abolido en Guinea Ecuatorial al terminar el año.

Escrutinio internacional

El 20 de septiembre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó el resultado del Examen Periódico Universal de Guinea Ecuatorial. El país aceptó 202 recomendaciones formuladas por otros Estados, pero rechazó 19 que eran fundamentales desde el punto de vista de los derechos humanos. En particular, descartó recomendaciones relativas a la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos, en las que se instaba a garantizar su seguridad, proteger su entorno de trabajo y aprobar y aplicar la legislación necesaria para su reconocimiento y protección. El gobierno rechazó asimismo las recomendaciones de investigar las amenazas y represalias contra defensores y defensoras de los derechos humanos.

También se rechazaron dos recomendaciones que pedían la suspensión del Decreto núm. 1 del Ministerio de Educación, de 18 de julio de 2016, que prohibía a las niñas embarazadas asistir a la escuela. Instando al desarrollo de buenos hábitos y a combatir actitudes negativas, como el vandalismo o la promiscuidad sexual, el artículo IV del Decreto prohibía categóricamente el acceso de niñas embarazadas a cualquier aula del país.