Los ministros y ministras de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE) deben utilizar su reunión del 23 de febrero con Nikolai Mladenov, director general de la Junta de Paz y alto representante para Gaza, para exigir que la Junta se centre en los derechos de la población palestina. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.
La reunión en Bruselas también debe abordar los defectos del mecanismo de la Junta de Paz y garantizar que se alinea con las obligaciones en materia de derechos humanos contraídas en virtud del derecho internacional.
“La Junta de Paz constituye una peligrosa agresión al derecho internacional y un intento de crear una estructura paralela de toma de decisiones que eluda y socave a las Naciones Unidas y las instituciones de justicia internacional.”
La UE y sus Estados miembros deben ser absolutamente claros: este órgano no es un sustituto de la ONU, del marco internacional de los derechos humanos o del sistema de justicia global construido con tanto esfuerzo durante decenios para defender los valores universales, la cooperación y la igualdad entre Estados.
Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional.
“En un momento en el que las salvaguardias jurídicas y la arquitectura humanitaria y de derechos humanos son más necesarias que nunca, la UE debe oponerse firmemente a cualquier intento de socavarlas”, ha manifestado Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional.
“Al dejar de lado la rendición de cuentas y marginar a la población palestina, este mecanismo elimina la centralidad de las víctimas y sus derechos, al tiempo que normaliza las propias dinámicas de poder que han permitido que la ocupación ilegal llevada a cabo por Israel, el apartheid que ha establecido y el genocidio que está perpetrando contra la población palestina en Gaza continúen impunemente.”
“Toda participación de la UE que no sitúe en su núcleo los derechos de la población palestina amenaza con convertirse en complicidad en las violaciones de derechos, lo que probablemente sucederá si este mecanismo fundamentalmente defectuoso no se convierte urgentemente en un instrumento que respete los derechos y se alinee con el derecho internacional.”
Hace casi un año, el 24 de febrero de 2025, la UE acogió a Gideon Sa’ar, ministro de Asuntos Exteriores de Israel, en el Consejo de Asociación de la Unión Europea e Israel. La alta representante Kaja Kallas declaró que le “alegra[ba] dar la bienvenida” a Bruselas al ministro de Asuntos Exteriores y se comprometió a que la UE seguiría “siendo un socio honesto, abierto, viable y fiable para la región”.
Días después, Israel reanudó su asedio a Gaza, donde mató a 15 miembros del personal paramédico y de rescate, cortó la electricidad de una planta de desalinización y rompió unilateralmente una frágil tregua al lanzar una serie de mortales ataques aéreos en los que murieron al menos 412 personas palestinas, entre ellas 174 niños y niñas, en uno de los días más sangrientos del genocidio.
Desde el anuncio del denominado “alto el fuego” el 9 de octubre de 2025, las autoridades israelíes han seguido cometiendo genocidio contra la población palestina en la Franja de Gaza ocupada. Una línea de demarcación arbitraria y que cambia constantemente, conocida como la Línea Amarilla, crea de hecho una zona vetada para los palestinos y palestinas a través de casi el 60% de la Franja de Gaza, lo que provoca un desplazamiento forzado adicional de la población palestina y agrava unas condiciones de vida ya de por sí inhumanas, al impedir a esta población acceder a la mayoría de sus zonas agrícolas fértiles.
La suspensión, por parte de Israel, del registro de 37 ONG humanitarias internacionales, que se prevé que entre en vigor en unos días, cerrará centros de salud y hospitales de campaña, detendrá la distribución de alimentos y cortará una atención vital para la población palestina en todo el Territorio Palestino Ocupado. Su efecto probablemente será catastrófico. Las evacuaciones médicas desde Gaza ya están obstaculizadas, y continúan la restricción de entrada de suministros y material indispensables, incluidos suministros médicos, y el cruel bloqueo israelí, a pesar de las órdenes dictadas por la Corte Internacional de Justicia para que se anulen de inmediato.
En 2025 se alcanzaron cifras récord en cuanto a la aprobación de nuevos asentamientos (54), el establecimiento de puestos de avanzada (86) y la demolición de hogares palestinos en el Área C (1.269) en la Cisjordania ocupada. La violencia de los colonos respaldada por el Estado y las asfixiantes políticas israelíes provocaron el desplazamiento total o parcial de 22 comunidades palestinas, mientras la población palestina era blanco sistemático de detención arbitraria sin cargos ni juicio y de tortura y otros malos tratos bajo custodia.
Mientras tanto, el Parlamento (Knéset) está considerando modificar la ley para permitir a los tribunales israelíes ampliar su uso de la pena de muerte, con disposiciones concebidas para ser utilizadas selectivamente contra palestinos y palestinas, lo que afianza aún más el cruel sistema israelí de apartheid.
“Israel no sólo está burlando abiertamente el derecho internacional y cruzando todas las líneas rojas de la UE, sino que además lo está haciendo con un desprecio descarado, tal como ponen de manifiesto numerosas declaraciones realizadas por destacadas figuras del poder legislativo israelí. Pese a ello, la respuesta de la UE sigue siendo de apaciguamiento, lo cual es contrario al derecho internacional, los derechos humanos de la población palestina y las propias normas de la UE”, ha manifestado Erika Guevara Rosas.
“La palabrería no hará que Israel deje de violar el derecho internacional a voluntad. Existe un creciente consenso que insta a la UE a emprender acciones basadas en principios. Esto significa suspender el Acuerdo de Asociación de la Unión Europea e Israel, que está condicionado al respeto de los derechos humanos, imponer un embargo de armas integral, imponer sanciones específicas contra autoridades israelíes y poner fin al comercio y la inversión con asentamientos ilegales israelíes en la Cisjordania ocupada.”
“Este es el momento exacto de defender, respetar y hacer cumplir el derecho internacional. Abandonarlo representaría una amenaza existencial para la UE y su legitimidad.”
Información complementaria
El 19 de febrero se celebró en Washington la primera reunión de la Junta de Paz. Está previsto que se unan a ella 50 países, y 35 líderes han mostrado interés hasta el momento. De los Estados miembros de la UE, Bulgaria y Hungría se han unido a la Junta de Paz como miembros. La UE, Chequia, Chipre, Grecia, Italia y Rumania se han unido como observadores.