República Dominicana 2020
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República Dominicana 2020

Las autoridades habían practicado unas 85.000 detenciones entre el 20 de marzo y el 30 de junio por presunto incumplimiento del toque de queda nocturno. El aborto seguía estando criminalizado en todas las circunstancias. Las autoridades no aprobaron la legislación integral contra la discriminación que la sociedad civil llevaba años exigiendo.

Detención arbitraria

En marzo, las autoridades declararon el estado de emergencia e impusieron un toque de queda para tratar de contener la propagación de la COVID-19. Según los datos publicados a diario en Twitter por la Policía Nacional, las fuerzas del orden habían practicado unas 85.000 detenciones entre el 20 de marzo y el 30 de junio por presunto incumplimiento del toque de queda nocturno. Las autoridades no respondieron a las solicitudes de información sobre las condiciones de reclusión, por ejemplo, si se guardaba la distancia física bajo custodia o si se podía acceder a asistencia letrada y otras garantías procesales.

Grabaciones de vídeo verificadas indicaban que la policía había utilizado la detención como primera opción —y no como último recurso— para hacer cumplir el confinamiento y había detenido de manera habitual a grupos de personas en la parte trasera de los furgones policiales sin tomar ninguna medida preventiva contra la COVID-19 como el distanciamiento físico o el uso de mascarillas.

Los vídeos también mostraban a las autoridades dando el alto o deteniendo a personas que se dirigían a conseguir alimentos u otros productos básicos pese a la evidencia obtenida en previas emergencias de salud pública de que la aplicación coercitiva de la ley, incluida la criminalización, podía ser contraproducente y afectar de forma desproporcionada a los grupos marginados.

Las autoridades utilizaron con frecuencia tácticas concebidas para humillar a las personas por presunto incumplimiento del toque de queda (como obligarlas a hacer ejercicio en grupo) e hicieron uso innecesario de la fuerza durante las detenciones, una tendencia documentada en años anteriores en informes sobre la detención arbitraria de trabajadoras sexuales y de jóvenes.1

Violencia contra mujeres y niñas

El número de denuncias de violencia de género descendió significativamente en las primeras semanas del toque de queda, según la información aparecida en los medios de comunicación. Esto hizo temer que las mujeres estuvieran sufriendo violencia en silencio en un país que presentaba una de las tasas más elevadas de homicidios de mujeres por motivos de género del mundo según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, de la ONU. Entre enero y diciembre se produjeron 130 homicidios de mujeres, 66 de los cuales fueron feminicidios, según los datos preliminares publicados por la Procuraduría General.

Derechos de las mujeres

Las mujeres sometidas a discriminación por múltiples motivos interrelacionados, como las mujeres transgénero y las mujeres cisgénero de bajos ingresos, seguían sufriendo discriminación para acceder a empleos formales, y muchas continuaban vendiendo sexo como principal fuente de ingresos.

Tras la aplicación del toque de queda nocturno en marzo, muchas trabajadoras sexuales transgénero perdieron la posibilidad de trabajar y se encontraron con dificultades para pagar el alquiler y sin acceso a protecciones sociales fundamentales, como una serie de servicios de salud, según la ONG Transsa. Aunque las autoridades pusieron en marcha programas de asistencia económica para personas trabajadoras, quienes se dedicaban al trabajo sexual enfrentaron obstáculos al intentar acceder a ellos, también según Transsa. Esta ONG, en colaboración con otras, finalmente pudo conseguir ayudas para algunas mujeres transgénero.

Las autoridades tampoco aplicaron un protocolo nacional para la investigación de la tortura, pese a los indicios que Amnistía Internacional había presentado en 2019 a las autoridades que indicaban que la policía violaba, golpeaba y humillaba de forma habitual a las mujeres que se dedicaban al trabajo sexual, en actos que podían constituir tortura y otros malos tratos.

Derechos sexuales y reproductivos

El país no despenalizó el aborto, ni siquiera en situaciones en las que el embarazo supusiera un peligro para la vida de la mujer o la niña embarazada, en casos de malformación del feto o cuando el embarazo fuera resultado de violación o incesto.

En febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió el caso de “Esperancita”, una joven de 16 años que había muerto en 2012 tras haberle sido negado por estar embarazada el tratamiento que podía haberle salvado la vida frente a una leucemia.

Privación arbitraria de la nacionalidad

Miles de personas nacidas de progenitores extranjeros que habían sido inscritas como dominicanas al nacer, pero a quienes posteriormente se les había retirado la ciudadanía —la última vez mediante una sentencia de 2013 que dejó a decenas de miles de personas sin nacionalidad— seguían sin poder conseguir documentos de identidad dominicanos, lo que las convertía en apátridas y las ponía en riesgo de ser expulsadas.

En su última semana en el cargo, el expresidente Danilo Medina ordenó la naturalización de 750 personas dominicanas de ascendencia haitiana a las que se había retirado la nacionalidad, un gesto simbólico pero insuficiente para resolver la prolongada crisis de apatridia del país.

En agosto, las organizaciones de la sociedad civil pidieron al presidente Abinader que aceptara dialogar con la población dominicana de ascendencia haitiana y las organizaciones que la acompañaban para poner fin a las condiciones que forzaban la apatridia y los obstáculos que ello planteaba para acceder a asistencia médica, educación y otros derechos. Al terminar el año, el presidente no había respondido públicamente.

Discriminación

A pesar de aceptar las recomendaciones formuladas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, las autoridades no aprobaron la legislación integral contra la discriminación que las organizaciones de la sociedad civil llevaban años exigiendo.


  1. Américas: Las autoridades deben proteger a la población de la COVID-19 en lugar de recurrir a medidas represivas (noticia, 15 de mayo de 2020)

Descarga el Informe 2020/21 de Amnistía Internacional