República Dominicana 2025
La discriminación era estructural y afectaba el acceso a la salud y la educación. Quienes defendían los derechos humanos sufrían hostigamiento y violencia física y digital. Miles de personas seguían privadas arbitrariamente de su nacionalidad. La población migrante y refugiada carecía de acceso a protección internacional y era objeto de políticas migratorias racistas y discriminatorias. El aborto seguía estando prohibido.
Discriminación
Las personas negras, haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana sufrían discriminación racial de forma estructural y generalizada.
Las políticas discriminatorias afectaban el acceso a la educación, la salud y la protección internacional.
Los discursos discriminatorios y estigmatizantes eran comunes entre el funcionariado público y las instituciones de gobierno.
Defensores y defensoras de los derechos humanos
El gobierno siguió sin comprometerse con la creación de un marco de protección para las personas defensoras de los derechos humanos y no garantizaba la investigación oportuna, independiente e imparcial de los ataques dirigidos contra ellas.
Las personas y colectivos que trabajaban en la defensa de los derechos humanos, especialmente en relación con la justicia racial, el género y la migración, enfrentaban hostigamiento, amenazas y una restricción de su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica y denunciaron actos de hostigamiento digital y de revelación de sus datos personales.
El Día Internacional de la Mujer, las autoridades interrumpieron una actividad de colectivos culturales porque quienes participaban en ella cantaban en criollo haitiano.
En abril, durante la celebración de la Gran Marcha Unitaria, miembros de colectivos de defensa de derechos de la población dominicana de ascendencia haitiana y activistas antirracistas fueron atacados y golpeados por grupos civiles que calificaban la actividad de “marcha haitiana”.
Las personas defensoras de los derechos de las mujeres y de los derechos sexuales y reproductivos fueron objeto de violencia física y digital ejercida por grupos nacionalistas y conservadores que actuaban con impunidad.
Privación arbitraria de la nacionalidad
Las personas dominicanas de ascendencia haitiana que 12 años antes habían sido privadas arbitrariamente de su nacionalidad por una sentencia del Tribunal Constitucional seguían enfrentando barreras institucionales y trabas burocráticas para acceder a documentos de identidad dominicanos, lo que suponía un incumplimiento de las obligaciones internacionales de República Dominicana en la materia.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
Según la Organización Internacional para las Migraciones, al menos 265.215 personas haitianas —entre ellas 65.702 mujeres, 13.204 niños y 11.305 niñas— fueron expulsadas de República Dominicana durante el año, en muchos casos de manera colectiva. El Grupo de Apoyo a Retornados y Refugiados (GARR), de Haití, documentó que el gobierno dominicano había deportado a ese país al menos a 1.057 mujeres embarazadas y 3.000 mujeres lactantes en 2025.
La política migratoria carecía de enfoque de derechos humanos y estaba centrada en medidas discriminatorias y de represión de la migración. Continuaron registrándose patrones alarmantes de uso de perfiles raciales, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y tratos crueles e inhumanos durante las operaciones de control migratorio y en los centros de detención migratoria, así como expulsiones colectivas contrarias al derecho internacional. Las personas haitianas no tenían acceso a procesos de asilo y refugio que les garantizaran protección internacional, pese a la crisis de derechos humanos que atravesaba su país de origen.
En abril se puso en marcha un protocolo para la atención médica de personas migrantes que establecía que quienes estuvieran en situación irregular serían objeto de deportación una vez hubieran sido atendidas. Este reglamento afectaba de forma desproporcionada el acceso a la salud de la población negra, haitiana y dominicana de ascendencia haitiana —y especialmente a las mujeres embarazadas—, que temía acudir a los servicios de salud públicos.1
Violencia sexual y de género
En agosto se aprobó un nuevo Código Penal que establecía la prohibición total del aborto y mantenía otras deficiencias tales como la prescripción de la acción penal relativa a la violencia sexual ejercida contra mujeres adultas, una tipificación regresiva del delito de violencia sexual por parte de la pareja que no cumplía las normas internacionales, la tolerancia respecto al castigo físico de niñas y niños y la falta de sanción de la discriminación por orientación sexual e identidad de género.