BOLIVIA 2017/2018
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BOLIVIA 2017/2018

Se creó una Comisión de la Verdad para investigar graves violaciones de derechos humanos cometidas bajo los gobiernos militares (1964-1982). Se hicieron progresos en la protección de los derechos de las personas transgénero. Seguían causando preocupación las amenazas y el acoso contra organizaciones de derechos humanos, así como la situación de los derechos de los pueblos indígenas.

Información general

En noviembre, el Tribunal Constitucional Plurinacional resolvió eliminar las limitaciones para los candidatos a la reelección presidencial, lo cual permitía al presidente Morales ser candidato a un cuarto periodo consecutivo en 2019.

La oficina en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos cerró el 31 de diciembre, después de que el gobierno decidiera no renovar su mandato.

Impunidad

En agosto se estableció una Comisión de la Verdad para investigar graves violaciones de derechos humanos cometidas bajo los gobiernos militares entre 1964 y 1982. Esa comisión debía presentar un informe en un plazo de dos años. Las fuerzas armadas crearon un grupo de trabajo compuesto por mandos militares para dar apoyo a la Comisión, concediéndole entre otras cosas acceso a sus archivos.

Personas con discapacidad

En agosto, la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó una ley para facilitar la inclusión de personas con discapacidad en el mercado laboral y la provisión de asistencia económica a personas con discapacidad grave. Durante años, los activistas que defendían los derechos de las personas con discapacidad habían pedido un subsidio mensual por discapacidad que aún no se había otorgado.

Derechos de los pueblos indígenas

En agosto, el presidente promulgó la Ley 969, que permitía la construcción de una carretera que cruzaría el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS), una de las principales reservas de agua del país y en el que vivían aproximadamente 14.000 personas, la mayoría de ellas de comunidades indígenas. Esa ley derogó legislación anterior según la cual el TIPNIS era un área protegida, lo que causó preocupación por el posible desarrollo de otros proyectos extractivos y de infraestructura en la zona.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

En junio, el Tribunal Supremo Electoral otorgó el derecho a contraer matrimonio civil a las personas que habían cambiado legalmente de género. Sin embargo, el matrimonio entre personas del mismo sexo seguía sin contar con reconocimiento oficial. Ese mismo mes, el defensor del Pueblo propuso una enmienda del Código Penal para que los crímenes de odio contra lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales constituyesen delito. Durante el decenio anterior, las autoridades habían eludido exigir responsabilidades a quienes mataban a lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales.

Derechos sexuales y reproductivos

El aborto inseguro seguía siendo una de las principales causas de mortalidad materna.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

El 6 de febrero, los líderes de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia tomaron durante varias horas la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en la capital, La Paz, y exigieron la destitución de su presidenta. La toma ocurrió mientras organizaciones de defensa de los derechos humanos y líderes indígenas celebraban una conferencia de prensa en instalaciones de la Asamblea, para anunciar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había pedido al gobierno información sobre la solicitud de medidas cautelares presentada por estas organizaciones. Tal solicitud se había hecho en nombre de pueblos indígenas en aislamiento voluntario alegando que su supervivencia estaría en peligro si se concretaba la propuesta de extracción petrolera en sus territorios.

En marzo, el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), organización no gubernamental con sede en la Universidad Mayor de San Simón —una universidad pública de Cochabamba denunció que el rector de esa universidad había hostigado al Centro y amenazado con desalojarlo de sus instalaciones. El director del CEDIB solicitó garantías de seguridad para su personal y sus archivos, pero no recibió respuesta de las autoridades. En noviembre, el CEDIB denunció que se habían congelado sus cuentas bancarias como consecuencia de un procedimiento administrativo judicial iniciado por el rector.

Descarga el Informe 2017/18 de Amnistía Internacional