Cinco meses después de que las fuerzas armadas de Myanmar pusieran en marcha una campaña brutal de limpieza étnica contra la población rohingya en el norte del estado de Rajine, las fuerzas de seguridad siguen cometiendo graves violaciones de derechos humanos contra quienes permanecieron en la zona tras la fase de violencia más aguda. En lugar de aterrorizar a la población con homicidios, violaciones y la quema generalizada de pueblos rohingyas, las fuerzas de seguridad generalmente utilizan hoy medidas más silenciosas y sutiles para forzar a los miembros de esa comunidad a abandonar la zona, haciendo tan intolerable la vida para ellos que les quedan pocas opciones más allá de marcharse.
