Después de casi diez años de espera, más de 2.000 mujeres indígenas y campesinas que habrían sido esterilizadas forzosamente en la década de los 90s ven ahora su derecho a la justicia negado, tras la decisión de la Fiscalía penal Supraprovincial de Lima el pasado 22 de enero de presentar denuncia formal en tan sólo uno de estos casos.
