El 1º de septiembre de 2020 el juez Jaime Oña Mayorga del cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana, dictó sentencia oral denegando la acción de protección y medidas cautelares solicitadas el 29 de abril de 2020 por representantes de Pueblos Indígenas. Ello, a consecuencia de la ruptura de tuberías del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) a la altura de la Cascada de San Rafael, en la provincia de Sucumbíos, que habría afectado aproximadamente a 105 comunidades, principalmente de las nacionalidades Kichwa y Shuar.