Tras la reciente crisis en Ecuador, las autoridades deben priorizar investigaciones prontas, exhaustivas e imparciales para garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas. El Gobierno debe además proteger los derechos económicos y sociales, especialmente de Pueblos Indígenas y grupos en situación de vulnerabilidad, al diseñar e implementar cualquier política, ley o medida económica o fiscal.
