Cuatro familias, conformadas en total por 61 personas, entre ellas 33 menores de edad, siguen sin hogar después de haber sido objeto de desalojo forzoso y de que sus viviendas fueran demolidas en la región agrícola de Embetseni, en Malkerns, el 9 de abril. No se avisó del desalojo a las familias con la debida antelación y ellas mismas tuvieron que buscar un alojamiento temporal, lo que ha dado lugar a que la mayoría de estas personas tengan que separarse. El gobierno de Suazilandia no se ha reunido con las familias afectadas ni les ha proporcionado una vivienda alternativa y éstas siguen expuestas a sufrir más violaciones de derechos humanos.
