Brasil: Las autoridades deben investigar el homicidio de la defensora de los derechos humanos Marielle Franco

El asesinato selectivo de Marielle Franco, defensora de los derechos humanos y concejala de 38 años, conocida por denunciar los abusos y las ejecuciones extrajudiciales de la policía, es un hecho repugnante que debe ser investigado exhaustivamente, ha manifestado Amnistía Internacional hoy.

Marielle murió por disparos en el barrio de Estadio de Río de Janeiro el miércoles por la noche. También murió en el ataque el conductor del vehículo donde viajaba, y una encargada de prensa resultó herida.

“Este hecho espeluznante es un ejemplo más de los peligros a que se enfrentan las defensoras y los defensores de los derechos humanos en Brasil. Como miembro de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Río de Janeiro, Marielle se esforzaba sin descanso por defender los derechos de las mujeres negras y de la juventud de la favelas y otras comunidades marginadas”, ha explicado Jurema Werneck, directora de Amnistía Internacional para Brasil.

Este hecho espeluznante es un ejemplo más de los peligros a que se enfrentan las defensoras y los defensores de los derechos humanos en Brasil. Como miembro de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Río de Janeiro, Marielle se esforzaba sin descanso por defender los derechos de las mujeres negras y de la juventud de la favelas y otras comunidades marginadas.

Jurema Werneck, directora de Amnistía Internacional para Brasil

“Las autoridades brasileñas deben garantizar con prontitud una investigación exhaustiva e imparcial sobre este trágico homicidio. El Estado debe proteger a los testigos y supervivientes, determinar el motivo del asesinato de Marielle y poner a los culpables a disposición judicial. El gobierno no puede cruzarse de brazos y dejar que se mate a las defensoras y defensores de los derechos humanos con impunidad.”

En 2016, Marielle fue elegida concejala de la ciudad de Río de Janeiro. Hace dos semanas la nombraron relatora de una comisión especial creada por el ayuntamiento para hacer seguimiento de la constante intervención federal en Río de Janeiro y de la militarización de la seguridad pública.